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Constitución Artículo 95 Provincia de San Luis


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 19/01/2021


Constitución San Luis
Artículo 95. Justicia Electoral

La Justicia Electoral está integrada por un Juez Electoral y un Tribunal Electoral, actuando ambos con una Secretaría Electoral permanente.

Desempeña las funciones de Juez Electoral, el Juez Letrado de Primera Instancia de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Capital de la Provincia, que se renueva cada dos a±os según el orden de nominaciones, o por sorteo practicado por ante el Tribunal Electoral, según lo determine la ley.

El Tribunal Electoral tiene su asiento en la Capital de la Provincia y está integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que ejerce la Presidencia del mismo y dos vocales;

Jueces de las Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, que se renuevan cada dos a±os.

La ley determina los subrogantes legales que correspondan según la organización del Poder Judicial.

El Juez Electoral entiende en la aplicación de la ley de Partidos Políticos y en las faltas, delitos y cuestiones electorales que la ley atribuye a su jurisdicción y competencia, debiendo pasar los antecedentes a la justicia ordinaria en los casos de los delitos comunes. Sin perjuicio de las demás atribuciones que le fije la ley, al Tribunal Electoral le corresponde:

1) Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos y adoptar todas las medidas conducentes a asegurar la organización y funcionamiento de los comicios y el fiel cumplimiento de la legislación electoral.

2) Oficializar la lista de candidatos y aprobar las boletas que se utilizan en los comicios.

3) Practicar los escrutinios públicos definitivos, dentro de los diez días posteriores al acto eleccionario y, proclamar a los electos como titulares y suplentes según su resultado.

4) Calificar las elecciones juzgando sobre su validez y legitimidad, siempre que las actas respectivas acrediten que hubo elección por lo menos en el ochenta por ciento del total de las mesas, sin perjuicio de la facultad de los cuerpos colegiados que vayan a integrar los electos, de pronunciarse sobre la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros.

5) Considerar y resolver, en grado de apelación, de las resoluciones del Juez Electoral.

De las cuestiones sometidas a su competencia, el Tribunal Electoral debe dar vista al Ministerio Público que cuenta con cuarenta y ocho horas para dictaminar. Devueltos que sean los autos, debe expedirse dentro de los tres días corridos. Es considerado incurso en mal desempeño, el miembro o miembros remisos en el cumplimiento de sus funciones.

El Ministerio Público es parte legítima en toda cuestión que se suscite ante el Juez Electoral.

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Una segunda oportunidad para los empresarios: se adoptan nuevas normas de insolvencia empresarial

La UE da una segunda oportunidad a los empresarios honestos que quiebran y facilita a las empresas viables con dificultades financieras el acceso a los marcos de reestructuración preventiva en una fase temprana para evitar la insolvencia.

El Consejo ha adoptado hoy formalmente la Directiva sobre marcos preventivos de reestructuración, segundas oportunidades y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y reducción de la deuda. Esta decisión marca el final del procedimiento legislativo.

El objetivo general de la Directiva es reducir los obstáculos más importantes a la libre circulación de capitales derivados de las diferencias entre los marcos de reestructuración e insolvencia de los Estados miembros, y mejorar la cultura del rescate en toda la UE sobre la base del principio de segunda oportunidad. Las nuevas normas también pretenden reducir la cantidad de préstamos deteriorados en los balances de los bancos y evitar su acumulación en el futuro. Con ello, la propuesta pretende lograr un equilibrio adecuado entre los intereses de deudores y acreedores.

Otros elementos distintivos de las nuevas normas son:

alerta temprana y acceso a la información: un sistema que permite al deudor identificar las situaciones que podrían conducir a la probabilidad de insolvencia y que señala la necesidad de actuar rápidamente

marcos de reestructuración anticipada: el deudor tendrá acceso a un marco de reestructuración anticipada que le permita reestructurar para evitar la insolvencia y garantizar la viabilidad económica para proteger los puestos de trabajo y las empresas. Estos marcos también están disponibles a petición de los acreedores y los representantes de los trabajadores

facilitación de las negociaciones sobre los planes de reestructuración previos: en algunos casos, se prevé el nombramiento de un profesional de la reestructuración para que ayude a redactar el plan

Planes de reestructuración: las nuevas normas prevén una serie de elementos obligatorios del plan, entre ellos una descripción de la situación económica del deudor, las partes implicadas y sus respectivas clases, las condiciones del plan, etc.

Suspensión de las acciones ejecutivas individuales: el deudor puede beneficiarse de la suspensión de las acciones ejecutivas individuales para facilitar las negociaciones sobre el plan de reestructuración en el contexto de un marco de reestructuración preventiva. La duración inicial de la suspensión de las medidas de ejecución individuales se limita a un máximo de cuatro meses.

Alivio de la deuda: los empresarios sobreendeudados tendrán acceso al menos a un procedimiento que conduzca al alivio total de la deuda tras un periodo máximo de 3 años.

Próximos pasos

La votación formal marca el final del proceso legislativo. La Directiva se firmará formalmente y se publicará en el Diario Oficial. Los Estados miembros tienen dos años (a partir de la publicación en el DO) para incorporar las nuevas disposiciones, aunque pueden, en casos debidamente justificados, solicitar a la Comisión una prórroga de un año.


La Quinta Enmienda ("Enmienda V") aborda el procedimiento penal y otros aspectos de la Constitución. Fue ratificado, junto con otros nueve artículos, en 1791 como parte de la Carta de Derechos. La Quinta Enmienda se aplica a todos los niveles de gobierno, incluidos el federal, el estatal y el local, con respecto a un ciudadano o residente. El Tribunal Supremo ha promovido la protección de esta enmienda a través de la cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda.

Una de las disposiciones de la Quinta Enmienda exige que los delitos sean juzgados únicamente por acusación de un gran jurado. Otra disposición, la Cláusula de Doble Riesgo, establece el derecho de los acusados a ser juzgados una sola vez en un tribunal federal por el mismo delito. La Cláusula de Autoinculpación ofrece varias protecciones contra la autoinculpación, incluido el derecho de un individuo a no servir como testigo en un proceso penal en el que es el acusado. "Alegar la Quinta" es un término coloquial que se utiliza a menudo para invocar la Cláusula de Autoinculpación cuando los testigos se niegan a responder a las preguntas cuando las respuestas podrían incriminarlos.

En 1966, en el caso Miranda contra Arizona, el Tribunal Supremo sostuvo que la cláusula de autoinculpación exige que la policía emita una advertencia de Miranda a los sospechosos de delitos interrogados mientras están bajo custodia policial. La Quinta Enmienda también contiene la Cláusula de Expropiación (Takings Clause), que permite al gobierno federal tomar una propiedad privada para uso público si el gobierno proporciona una "compensación justa". Al igual que la Decimocuarta Enmienda, la Quinta Enmienda incluye una Cláusula del Debido Proceso que establece que ninguna persona "será privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal". La cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda se aplica al gobierno federal, mientras que la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda se aplica a los gobiernos estatales.

El Tribunal Supremo ha interpretado que la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda proporciona dos protecciones principales: el debido proceso procesal, que requiere que los funcionarios del gobierno sigan procedimientos justos antes de privar a una persona de la vida, la libertad o la propiedad, y el debido proceso sustantivo, que protege ciertos derechos fundamentales de la interferencia del gobierno.


Cualquier interesado puede pedirle al juez que el heredero sea citado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de un mes ni mayor a tres meses. Si el heredero no responde en ese plazo, se considera que aceptó la herencia.


Que pasa si en un control vehicular me hicieron un acta de infracción art 27 y me retienen la cédula de identificación del automotor y no regularice la situación , y en otro control me Salta con art 27 que se debe hacer en esta situación.?


Como se inicia la acción para solicitar judicialmente que el heredero acepte o renuncia la herencia


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