Código Procesal Civil, Comercial y Tributario Mendoza
Artículo 219. REGLAS GENERICAS

I.- Podrá interponerse acción de amparo en contra de todo hecho, acción u omisión emanado de órganos o agentes de la Administración Pública Provincial o Municipal o de personas humanas o jurídicas particulares que, en forma actual o inminente y con ostensible arbitrariedad o ilegalidad, altere, amenace, lesione, restrinja o de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos expresa o implícitamente reconocidos por las Constituciones Nacional o Provincial, un tratado o una ley, con exclusión del derecho a la libertad física.

II.- AMPARO POR AUSENCIA DE REGLAMENTACIÓN: Será igualmente procedente la acción de amparo contra la omisión del Poder Ejecutivo Provincial en reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas determinen.

III.- AMPARO POR MORA: También se podrá articular la acción de amparo contra omisión de la Administración Pública Provincial o Municipal en resolver las peticiones formuladas por los administrados dentro de los términos legales, siempre que la demora sea excesiva y resulte perjudicial para los derechos de los accionantes.

IV.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: a) La acción de amparo sólo será procedente cuando previamente se hayan agotado las acciones administrativas o judiciales previstas como vías normales para la impugnación del acto, o cuando no existan otras vías administrativas o judiciales para impugnar el acto arbitrario o ilegal o cuando existiendo éstas la remisión del examen de la cuestión al procedimiento previsto para la sustanciación de las mismas o cuando la necesidad de agotar la vía administrativa, cause o pueda causar un daño grave e irreparable. b) La acción de amparo procederá aún cuando el hecho, acto u omisión tachado de arbitrario o ilegal, encuentre sustento en una norma de carácter general notoriamente contraria a las Constituciones Nacional o Provincial. En tales casos los Jueces deberán declarar la inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento u ordenanza que sirve de fundamento al hecho, acto u omisión cuestionado. c) PLAZOS PARA INTERPONERLA:

1) La acción de amparo, como principio, deberá articularse dentro de los quince (15) días corridos a partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del hecho, acto u omisión que repute violatorio de sus derechos constitucionales. Excepcionalmente cuando la conducta lesiva se prolongue en el tiempo será posible interponerla en todo momento mientras subsista la afectación.

2) En los casos previstos en el inciso II la acción podrá intentarse en cualquier tiempo posterior al vencimiento del plazo establecido por la misma ley para su reglamentación. Si la ley no fijara plazo para su reglamentación, la acción podrá iniciarse en cualquier tiempo, transcurridos seis (6) meses a contar de la fecha de promulgación de la misma.

3) El amparo de urgimiento, previsto por el inciso III, deberá articularse en el plazo de treinta (30) días corridos que se computarán a partir del vencimiento de los términos legales previstos para resolver la petición. Si la Administración Pública no estuviese legalmente obligada a resolver la petición dentro de un plazo preestablecido, el amparo sólo podrá articularse después de haber transcurrido treinta (30) días desde que se formuló la petición y dentro de los treinta (30) días subsiguientes.

VI.- La acción de amparo no será admisible cuando: a) El acto impugnado emanare de un órgano del Poder Judicial, en ejercicio de la función jurisdiccional; b) La intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público esencial.

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