Código Procesal Penal Tucumán
Artículo 2.

Garantías constitucionales de las personas sometidas a Proceso Penal.

1. Juicio previo. Duración razonable del proceso penal. Igualdad. Principios del proceso acusatorio. Nadie podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, el cual deberá ser sustanciado dentro de un plazo razonable, en condiciones de igualdad entre las partes. El proceso penal se regirá por los principios de oralidad, publicidad, contradicción, continuidad y concentración, inmediación, simplificación, celeridad y economía procesal.

2. Estado de inocencia. Duda. Nadie podrá ser considerado ni tratado como culpable mientras una sentencia firme, dictada en base a pruebas legítimamente obtenidas, no desvirtúe el estado jurídico de inocencia de que goza toda persona. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho y prueba, los jueces decidirán siempre lo que sea más favorable para el imputado, en cualquier instancia del proceso 3. Prohibición de la persecución penal múltiple. Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se invoquen nuevas circunstancias.

Esta última prohibición no comprende los casos en que no se hubiese iniciado el proceso anterior o se hubiese suspendido el ejercicio de la acción.

4. Derecho a la no autoincriminación. Nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo. El ejercicio del derecho a guardar silencio no podrá ser valorado como admisión de los hechos o como indicio de culpabilidad.

5. Protección de la intimidad y privacidad. En los procesos se respetará el derecho a la intimidad y a la privacidad del imputado y de cualquier otra persona, en especial la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones de toda índole. Sólo podrán restringirse estos derechos con autorización del juez competente y bajo las reglas de este Código, en especial las condiciones previstas en el Artículo 5°.

6. Inviolabilidad del derecho de defensa. Carácter irrenunciable. Asistencia y defensa técnica. El derecho de defensa es inviolable e irrenunciable y podrá ejercerse plenamente desde el inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Toda persona tiene derecho a la asistencia y defensa técnica letrada efectiva, que será garantizada por el Estado. A la declaración del imputado deberá asistir siempre su defensor.

7. Incomunicación del imputado. Está prohibida la incomunicación del imputado, salvo por disposición de autoridad judicial competente. Podrá decretarse por una sola vez en el proceso, fundada exclusivamente en la necesidad de evitar que el imputado entorpezca la investigación y no excederá los tres (3) días (Artículo 34 de la Constitución de la Provincia). En tal caso, queda garantizada la comunicación con el defensor inmediatamente antes de la realización de cualquier acto que requiera la intervención personal del imputado.

8. Derecho al recurso. Toda persona condenada tendrá derecho a recurrir la sentencia y la pena que se le haya impuesto ante un tribunal superior y de acuerdo a las reglas establecidas en este Código. Igual derecho tendrá respecto de cualquier decisión que implique su privación de libertad o restricción de otros derechos.

9. Intérprete. Persona de confianza. El imputado tiene derecho a solicitar un intérprete y/o una persona de su confianza para que lo asista en su defensa cuando no comprenda correctamente, no sepa leer o escribir, no pueda expresarse o no pueda hacerlo en el idioma oficial. Si no hace uso de este derecho, el juez deberá proveer a su designación, de oficio.

10. Garantías del defensor. Para el desempeño de su ministerio y desde el inicio de su actuación en el proceso, el abogado defensor, público o privado, está equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. En dependencias judiciales, del Ministerio Público Fiscal, policiales, penitenciarias o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera respecto de los motivos de detención de cualquier persona y autoridad judicial a cuyo cargo se hallare la causa. Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento, si así se lo solicitare. No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se considerarán hábiles las veinticuatro (24) horas del día. La sola exhibición de la credencial oficial es requisito suficiente para acreditar la condición de abogado.

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