Código Procesal Penal Tucumán
Artículo 151.

Iniciación de oficio. Averiguación preliminar.

1. Policía. Los funcionarios y auxiliares de policía informarán al Ministerio Público Fiscal sobre las actuaciones que hayan realizado para investigar un hecho delictivo y remitirán los elementos de prueba recogidos dentro de los tres (3) días, sin perjuicio de continuar participando en la investigación. El Ministerio Público Fiscal reglamentará la forma de llevar adelante esta actuación inicial, sobre la base de instrucciones generales.

2. Fiscal. Cuando el fiscal tenga conocimiento directo de un delito de acción pública promoverá la averiguación preliminar.

En caso que el imputado estuviere privado de libertad, el fiscal decidirá inmediatamente la apertura de la investigación.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a que tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere caracteres de delito de acción penal pública por alguno de los medios previstos en la Ley, el fiscal deberá practicar las diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del mismo, de las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los partícipes del hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar su responsabilidad. Asimismo, deberá impedir que el hecho denunciado produzca consecuencias ulteriores y formular las peticiones necesarias para hacer cesar el estado antijurídico que hubiere provocado.

3. Información y protección de las víctimas. Es deber de los fiscales, durante todo el proceso, adoptar medidas o solicitarlas, en su caso, para proteger a las víctimas de los delitos; facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar en ocasión de las diligencias o actos en que debieren intervenir.

Los fiscales estarán obligados a realizar, entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima:

a) Entregarle información acerca del curso y resultado del proceso, de sus derechos y de las actividades que debiere realizar para ejercerlos.

b) Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima, su familia y sus domicilios, frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados.

c) Informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de impetrarlo, y remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles.

d) Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del proceso o su terminación por cualquier causa, salvo lo previsto respecto de los criterios de oportunidad, dejándose constancia de la opinión de ésta.

Si la víctima hubiere designado abogado, el Ministerio Público Fiscal estará obligado a realizar también a su respecto las actividades señaladas en los incisos a) y d) precedentes.

4. Protección de testigos. Los fiscales deberán, en casos graves y calificados, propiciar que el juez penal o el tribunal de juicio dispongan medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicitare. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el juez o el tribunal dispusieren y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.

De igual forma, el Ministerio Público Fiscal, de oficio o a petición del interesado, adoptará las medidas que fueren procedentes para conferir al testigo, antes o después de prestadas sus declaraciones, la debida protección.

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