Ley Impositiva año 2015 Córdoba
Artículo 103.

Para determinar el valor de los procesos judiciales se tendrán en cuenta los siguientes montos: 1.- A los fines tributarios, cuando el objeto de la demanda esté expresado en valores distintos de la moneda de curso legal, se debe realizar la conversión a Pesos ($). Idéntico tratamiento se debe practicar cuando la pretensión esté manifestada en bienes, en cuyo caso la conversión se efectuará con arreglo a la cotización de los mismos en su mercado respectivo o al valor otorgado por un organismo oficial al momento de verificarse el hecho imponible. 2.- En los procesos judiciales por cobro de sumas de dinero, el importe reclamado. En la acción de constitución en parte civil en juicio penal, el monto pretendido. 3.- En los juicios de desalojo, el valor de seis (6) meses de arrendamiento, que se calculará tomando el monto del alquiler correspondiente al último mes establecido en el contrato. 4.- En los juicios de reivindicación, interdictos posesorios, acciones de despojo, usucapión, división de condominio y juicios de escrituración: En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la exigibilidad del tributo o al momento en que se efectivice el pago o el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor. En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el otorgado por el perito, las partes o la base imponible en el Impuesto a la Propiedad Automotor vigente al momento de la exigibilidad del tributo o al momento en que se efectivice el pago. Para el resto de los bienes muebles registrables se deberá tomar el mayor valor que surja de comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el precio de mercado. Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el valor dado por las partes, los peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor. 5.- En los juicios sucesorios y testamentarios y declaratorias de herederos, el valor de la totalidad de los bienes inventariados o denunciados. En cada caso la base imponible se calculará de acuerdo a lo descripto en los puntos 4.- y 14.- de este artículo. En el caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso el monto será el del patrimonio trasmitido en cada una de ellas. 6.- En las ejecuciones fiscales las sumas que se demanden en concepto de tributos, recargos, actualizaciones, intereses y multas. 7.- En los juicios de mensura y deslinde, la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor. 8.- En los juicios de quiebra y liquidación sin quiebra, el activo calculado en la forma prevista para regular honorarios a los funcionarios de la quiebra. En los concursos preventivos, el activo expresado en el informe general del Síndico (artículo 39 de la Ley de Concursos y Quiebras). En los pedidos de quiebras solicitados por el acreedor éste oblará, al formular la petición, la tasa prevista en el punto 2.- de este artículo calculada sobre el valor del crédito invocado, la que se imputará a cuenta de la que en definitiva corresponda conforme al activo concursal, quedando el acreedor subrogado hasta esa suma en el derecho al cobro de la tasa. En los concursos especiales se tomará el importe del crédito pretendido. En los acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo expresado por Contador Público Nacional (artículo 72 de la Ley de Concursos y Quiebras). 9.- En las causas laborales el monto que se fije en la sentencia o el expresado en el acuerdo conciliatorio, sólo en lo que respecta a capital e intereses. En los casos en que se llegue a un acuerdo en la audiencia de conciliación prevista en el artículo 47 de la Ley Nº 7987, se considerará el Cincuenta por Ciento (50%) del monto acordado. En caso de desistimiento se abonará de acuerdo a la imposición de las costas sobre el monto de la demanda. Si en el desistimiento no se hubiera trabado la litis, la Tasa de Justicia será abonada íntegramente por el actor sobre el cincuenta por ciento (50%) del monto de la demanda. Los jueces del fuero laboral, al homologar acuerdos, deben exigir que se acredite el pago de la Tasa de Justicia y de los demás rubros que integran la cuenta especial creada por Ley 8002. 10.- En las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción y de ilegitimidad, el monto expresado en el acto administrativo que se pretende impugnar. 11.- En las acciones de nulidad, simulación y fraude y acciones revocatorias paulianas, el monto del acto jurídico o del bien objeto de la acción, el que fuere mayor. 12.- En las acciones de cancelación de plazo fijo, el monto del mismo. 13.- En las acciones de resolución o de cumplimiento de contratos, el monto total de los mismos. 14.- En los procesos de divorcio vincular o separación personal, la totalidad de los bienes que forman el acervo conyugal. En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la exigibilidad del tributo, el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor. En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el otorgado por el perito, las partes o la base imponible dispuesta por esta Ley en el Impuesto a la Propiedad Automotor vigente al momento de la exigibilidad del tributo. Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el mayor valor que surja de comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el precio de mercado. En caso de titularidad de establecimientos comerciales o industrias y en la participación en sociedades comerciales, la base de imposición se determinará en función del mayor valor que surja de comparar el precio dado por las partes, el valor del activo en función del último balance o, en su defecto, el valor del activo de un balance confeccionado de manera especial para este acto. Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el valor dado por las partes, los peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor. 15.- En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en autorizaciones para comprar, vender o disponer bienes de incapaces, el valor del bien objeto de la solicitud. 16.- En las acciones de secuestro prendario, el veinticinco por ciento (25%) del valor del vehículo objeto de la solicitud, conforme a la base imponible establecida por la Dirección General de Rentas. 17.- En las tercerías de dominio, el monto del embargo y en las de mejor derecho, sobre el monto del crédito por el cual se reclama el privilegio. 18.- En las causas penales en las que no se inicie acción civil, el monto del perjuicio económico estimado por el tribunal, si no se pudiera cuantificar, se debe abonar una tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor de veinte (20) Jus. El pago de la tasa de justicia será a cargo del imputado, en caso de condena, y a cargo del querellante, en caso de sobreseimiento o absolución. La misma tasa se abonará en el caso de las faltas que tramiten en el ámbito de la justicia provincial y exista condena. 19.- En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe abonar la tasa prevista en el punto 1.- del artículo 102 de la presente Ley, calculada sobre el monto total del ofrecimiento, si éste no tuviera contenido económico, se debe abonar una tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor de Veinte (20) Jus.

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