Defensa del consumidor. Procedimiento administrativo Santa Cruz
Artículo 3.

Son facultades y atribuciones de la Autoridad de Aplicación de la ley:

a) emitir disposiciones de alcance general para la provincia de Santa Cruz en la materia de su competencia;

b) dictar normas de recomendación para los Organismos, Entidades Públicas y Privadas;

c) delegar funciones en los Gobiernos Municipales, en las oficinas o en delegaciones que al efecto se creen, por medio de convenios;

d) supervisar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de la ley de Defensa del Consumidor y de toda norma complementaria; sancionar los incumplimientos;

e) informar, difundir y hacer respetar las citadas normas;

f) celebrar convenios y/o acuerdos de colaboración con Organismos Públicos o Privados, a fin de hacer eficaz y efectiva la implementación de los objetivos de la ley;

g) Promover, organizar y mantener actualizado el Registro Provincial de Asociaciones de Consumidores;

h) requerir todas las informaciones y opiniones necesarias a los proveedores de bienes y/o servicios individualizados en la Ley de Defensa del Consumidor, como también a Entidades Públicas y Privadas en relación con la materia de esta ley, pudiendo en su caso realizar todo tipo de investigaciones en los aspectos técnicos, científicos, económicos y legales;

i) disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos;

j) homologar los acuerdos conciliatorios a los que arribaren los particulares damnificados y los presuntos infractores;

k) promover políticas de solución de conflictos entre proveedores y usuarios;

l) organizar, difundir y mantener actualizado el Registro Provincial de Infractores;

m)disponer la realización de sumarios de oficio vinculadas con la aplicación de la ley;

n) determinar la existencia de daño directo de acuerdo al Artículo Cuarenta (40) bis de la Ley Nacional 24.240;

ñ) implementar programas de educación e información en beneficio de consumidores y usuarios;

o) disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de la ley;

p) adoptar todas las medidas conducentes para suplir o equilibrar situaciones en las que se verifique inferioridad, subordinación o indefensión en que puedan encontrarse los consumidores o usuarios.

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