Créase el Ente regulador de los Servicios Públicos de Jurisdicción Provincial.

Tal Ente es investido, en los términos de la presente, de las potestades necesarias y suficientes para atender a la regulación de todos los servicios públicos de jurisdicción provincial.

El Ente es una entidad autárquica del Gobierno de la Provincia de Salta y goza, por ende, de personalidad juridíca propia, con plena capacidad para actuar con arreglo a las normas de los Derechos públicos y privado.

Asimismo, tiene patrimonio propio conforme a los términos de esta ley y capacidad para comparecer en juicio como actor, demandado o en la calidad procesal que correspondiere.

El Ente queda vinculado al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Producción y del Empleo.

Compete al Ente disponer lo necesario para que los servicios actualmente existentes y los que se establezcan en el futuro, de jurisdicción provincial, se presten con los nivles de calidad exigibles, con protección del medio ambiente y de los recursos naturales, y con arreglo a tarifas debidamente aprobadas todo ello en el marco de la presente ley.

Le corresponde, además, disponer la extensión de los servicios en los lugares donde éstos no existan, con los niveles de calidad y de protección ambiental y de los recursos naturales, mediante el pago de las ya referidas tarifas, estando tal extensión a cargo de las licenciatarias o concesionarias.

Le compete proteger el interés de los usuarios y fijar tarifas justas y razonables orientadas al establecimiento y mantenimiento de equilibrios entre las necesidades económicas y financieras de las licenciatarias y concesionarias prestadoras, la expansión y conservación de los servicios con niveles de calidad permanentes y el acceso de los usuarios a las prestaciones propias de cada uno de tales servicios.

Deberá velar para que tal prestación se realice conforme a los caracteres de regularidad, unifomidad, generalidad y obligatoriedad y conforme a las estipulaciones contractuales.

Ejercerá el poder de policía referido al servicio, incluido el necesario para evitar la agresión al medio ambiente y a los recursos naturales por medio de los efluentes industriales vertidos al sistema cloacal, todo ello con arreglo al ordenamiento general y dictando los reglamentos que fueren menester, ejercitando el control del cumplimiento de los mismos y sancionando su incumplimiento.

A los fines de la consecución de su competencia, el Ente queda investido de las siguientes potestades:

a) Reglamentarias;

b) Tarifarias;

c) Jurisdiccionales;

d) Sancionatorias;

e) Ablatorias; expropiatorias y de restricciones y limitaciones a la propiedad;

f) Implícitas.

El Ente será dirigido y administrado por un directorio formado por un Presidente y cuatro Directores, designados por el Poder Ejecutivo.

Los miembros del Directorio durarán seis años en sus cargos, pudiendo ser nuevamente designados, sin limitación en el número de veces, y su remuneración será fijada por el Poder Ejecutivo. Las designaciones de los Directores serán renovadas por mitades cada tres años.

En su primera reunión, el Directorio procederá a designar un Vicepresidente por el término de un año.

Al designar el primer Directorio, el Poder Ejecutivo determinará qué Directores cumplirán el mandato de tres años.

Los miembros del Directorio tendrán dedicación exclusiva a sus funciones y recaerán sobre ellos las mismas inhabilitaciones e incompatibilidades que las establecidas para los jueces de la Provincia.

Los Directores sólo pueden ser removidos por grave incumplimiento de las funciones a su cargo o por delito cometido durante su desempeño.

El presidente del Ente ejercerá la representación legal de la entidad.

En los casos de ausencia o impedimentos transitorios será reemplazado por el Vicepresidente.

El Directorio formará quórum con cuatro de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el presidente o quien lo reemplace. Sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría. El presidente o quien lo reemplace tendrá doble voto en caso de empate.

Los recursos del Ente para cubrir sus gastos serán los siguientes:

a) Las licenciatarias y las concecionarias prestadoras, pagarán al Ente anualmente y por adelantado una suma de dinero proporcional a las facturaciones reales o presuntas correspondiente al año anterior al del pago. Dicha suma fijada por el Ente al confeccionar su proyecto de presupuesto.

b) Todo otro recurso fijado por las leyes.

Son funciones del Directorio:

a) aplicar y fiscalizar la ejecución de las normas legales y reglamentarias regulatorias de los servicios públicos de jurisdicción provincial, ejercitando el poder de policía del servicio.

b) dictar los reglamentos necesarios para asegurar el cumplimiento de los servicios y la calidad, eficiencia, salubridad, continuidad y seguridad de las prestaciones propias de los mismos, con especial referencia a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales; la medición y facturación de los consumos; el control y uso de medidores; las interrupciones y restablecimiento de servicios; el acceso a los inmuebles de los usuarios;

c) reglamentar los requerimientos de ubicación geográfica, edilicios y tecnológicos de las instalaciones de las prestadoras;

d) velar por el derecho de los usuarios a tratamientos equitativos dignos, no discriminatorios y ajustados al ordenamiento y por la participación de los mismos en la prestación del servicio;

e) dictar los reglamentos de servicios a que deberán ajustarse las licenciatarias y concesionarias prestadoras;

f) dictar los reglamentos referidos a la expansión de los servicios a cargo de las licenciatarias y concesionarias;

g) dictar el reglamento de usuarios que contendrá la enunciación de los derechos de éstos y las vías y procedimientos para su defensa. Tal otorgamiento se realizará con la intervención de las licenciatarias y concesionarias prestadoras que serán oídas antes de la aprobación de aquel;

h) Aprobar los cuadros tarifarios y sus modificaciones, que percibirán las licenciatarias, previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y controlar el cumplimiento de tales cuadros tarifarios;

i) El Ente está facultado para realizar auditorías y demás técnicas de control para determinar la observacia de las pautas tarifarias y, en especial, la razonabilidad de los costos operativos, y de las inversiones;

j) organizar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley;

k) decidir en los reclamos que se le formulen, especialmente por parte de los usuarios, al igual que en los conflictos y cuestiones que le fueren planteadas por las concesionarias y licenciatarias prestadoras las sub licenciatarias, los usuarios y los terceros que tuvieren relación directa con la prestación del servicio, aplicando las sanciones que correspondieren;

l) ejercer las potestades ablatorias que fueren menester para la buena marcha de los servicios;

m) disponer lo necesario para asegurar la continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad de los servicios;

n) dictar los reglamentos necesarios para su organización interna, debiendo preverse formas de actuación descentralizada territorialmente;

ñ) designar y remover sus funcionarios y empleados, fijándoles sus funciones, condiciones de empleo y remuneraciones;

o) administrar y disponer los bienes que integran su patrimonio y confeccionar el presupuesto anual de gastos y recursos que remitirá al Pôder Ejecutivo a los fines de su aprobación e inclusión en el proyecto de ley de presupuesto correspondiente a cada ejercicio;

p) confeccionara anualmente su memoria y balance e informar anualmente al Poder Ejecutivo y a la Legislatura de la Provincia sobre la marcha de los servicios públicos de jurisdicción provincial, sugiriendo las modificaciones que fueren menester introducir para una mejor prestación de los mismos, o la protección del interés público, debiendo publicar tales informes;

q) celebrar acuerdos judiciales o extrajudiciales y transacciones;

r) ejercer las competencias otorgadas expresa o implícitamente por esta ley al Ente;

s) celebrar todos los actos necesarios o convenientes para el ejercicio de las potestades de las que se encuentra investida el Ente, a los fines del más adecuado cumplimiento de sus funciones y la observancia de las leyes y reglamentos.