Dispónese que todos los Bienes Registrables del Estado Provincial deben inscribirse en los Registros Públicos pertinentes, exclusivamente a nombre del Estado Provincial, cualquiera sea el organismo, área, oficina o dependencia oficial de la Administración Central o Descentralizada que adquiera, use, utilice o tenga la disponibilidad del bien de que se trata.

El titular de cualquier organismo estatal que inscriba un bien a nombre de dicho organismo en violación a lo dispuesto en el artículo precedente, deberá indemnizar al Estado Provincial por un valor equivalente al doble del valor del bien inscripto.

Inscriptos los bienes en la forma que establece la presente Ley, la Función Ejecutiva por acto administrativo expreso procederá a disponer la afectación o asignación del o los bienes de que se trate, al organismo, área o repartición que corresponda y con base en esta disposición administrativa.

Los bienes registrables que adquieran las Funciones Legislativa y Judicial de la Provincia, una vez inscriptos por las mismas en los respectivos Registros Públicos, bajo la titularidad de "Estado Provincial - Función Legislativa Provincial" y "Estado Provincial - Función Judicial Provincial" respectivamente deberán, en cada caso, ser informados para su registración administrativa unificada a la Función Ejecutiva, a través del área competente, acompañando copias certificadas de toda la documentación relacionada con la titularidad de dominio correspondiente.

La disponibilidad, uso o afectación de tales bienes registrables, quedan reservados a las facultades y prerrogativas que les asiste a cada Función del Estado.

La responsabilidad del Funcionario Legislativo o Judicial, que violare lo dispuesto en el presente artículo, quedará sometido a las sanciones y medidas que las respectivas Funciones Legislativa y Judicial por vía reglamentaria establecieren.

Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese