El Ministerio Público de la Acusación será ejercido por el Fiscal General y los demás órganos contemplados en esta ley, con las funciones que en ella se establecen.

Tiene por misión el ejercicio de la persecución penal pública, procurando la resolución pacífica de los conflictos penales y la protección de la sociedad.

El Ministerio Publico de la Acusación promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley, asumiendo el diseño, la conducción y la ejecución de la estrategia procesal, la responsabilidad por la prueba de cargo y la dirección de las investigaciones.

El Ministerio Público de la Acusación no intervendrá en asuntos de índole extrapenal.

El Ministerio Público de la Acusación ejercerá sus funciones con arreglo a los siguientes principios:

1. Ejercicio de la pretensión punitiva. Llevará adelante el ejercicio de la pretensión punitiva en procura de evitar la impunidad del hecho delictivo, propendiendo en su actuación a la aplicación de la ley penal en reparación de los derechos afectados de las víctimas y de la materialización de justicia que exige la lesión colectiva que implica la comisión del delito.

Para ello, utilizará las herramientas normativas que las leyes de fondo y forma acuerdan al Estado para ejercer la persecución penal del delito.

2. Objetividad. Requerirá la justa aplicación de la ley, resguardando la vigencia equilibrada de todos los valores jurídicos consagrados en la Constitución y la ley.

3. Respeto por los derechos humanos. Desarrollará su actuación de acuerdo a los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución de la Provincia, Constitución Nacional y Pactos Internacionales que la integran, respetando los derechos humanos y garantizando su plena vigencia.

4. Gestión de los Conflictos. Procurará la solución del conflicto surgido a consecuencia del delito o la contravención, con la finalidad de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social.

5. Gestión de los Conflictos. Procurará la solución del conflicto surgido a consecuencia del delito, con la finalidad de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social.

6. Transparencia. Sujetará su actividad a pautas de transparencia, informando los criterios que orientan la persecución penal y los resultados de su gestión.

7. Eficiencia y Desformalización. Velará por la eficiente e idónea administración de los recursos y bienes públicos. Procurará que los procedimientos sean ágiles y simples, sin más formalidades que las que establezcan las leyes.

8. Accesibilidad. Procurará la tutela judicial de las víctimas.

9. Gratuidad. Los servicios que brinde serán absolutamente gratuitos.

10. Responsabilidad. Los integrantes del Ministerio Público de la Acusación estarán sujetos a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere corresponderles.

11. Unidad de actuación. El Ministerio Público de la Acusación es único para toda la Provincia; en la actuación de cada uno de sus funcionarios estará plenamente representado. Cada funcionario controlará el desempeño de quienes lo asistan y será responsable por la gestión de los funcionarios a su cargo.

Los integrantes del Ministerio Público de la Acusación podrán solicitar al fiscal regional o al fiscal general, seguir, corresponda, que los aparte de la causa cuando existan motivos graves que puedan afectar la objetividad o eficacia de su desempeño, El fiscal regional resolverá sin posibilidad de recurso alguno, poniendo en conocimiento al Fiscal General del hecho y los motivos del apartamiento. En las mismas circunstancias el fiscal regional podrá disponer el apartamiento de oficio En tal caso, el apartado podrá recurrir la medida ante el Fiscal General.

El mismo procedimiento se aplicará para los fiscales regionales, resolviendo en última instancia el Fiscal General.

El Fiscal General, por iguales motivos, podrá solicitar su apartamiento conforme lo determine la reglamentación.

El Ministerio Público de la Acusación está integrado por los siguientes órganos:

1) Órganos de Dirección a. El Fiscal General b. Los Fiscales Regionales

2) Órganos Fiscales a. Los Fiscales b. Los Fiscales adjuntos

3) Órganos de Apoyo a la Gestión a. La Secretaría General b. Los Consejos Asesores Regionales c. La Administración General d. La Auditoría General de Gestión e. La Escuela de Capacitación f. El Organismo de Investigación

4) El Gabinete del Fiscal General, integrado por los Fiscales Regionales y de los Órganos de Apoyo a la Gestión.

5) Órganos Disciplinarios a. El Tribunal de Disciplina.

El Fiscal General es la máxima autoridad en cuanto a la organización, el funcionamiento y la administración del Ministerio Público de la Acusación. El Órgano tiene su sede en la capital de la Provincia.

El Fiscal General deberá reunir las condiciones previstas en la Constitución para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia.

Durará seis (6) años en el cargo y gozará de inamovilidad durante ese período. No podrá ser designado para el período siguiente y cesará automáticamente en su cargo por el mero vencimiento del plazo de su designación.

En caso de ausencia o impedimento transitorio, será subrogado por el fiscal regional que él designe o el que corresponda según la reglamentación que dicte al efecto. En caso de ausencia o impedimento definitivo, será reemplazado por el fiscal regional que determine la reglamentación, debiendo ponerse en marcha en forma inmediata el mecanismo de designación de un nuevo Fiscal General.

Tendrá una remuneración equivalente a la del Procurador General de la Corte.

El Fiscal General será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

El designado deberá resultar previamente seleccionado por un sistema de terna vinculante obtenida mediante concurso público de oposición y antecedentes en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo. Los concursos deberán garantizar transparencia, publicidad, excelencia y celeridad.

Podrá ser removido o suspendido del cargo hasta por ciento ochenta (180) días sin goce de sueldo a solicitud del Poder Ejecutivo o de un legislador provincial por las causales de mal desempeño funcional o institucional, o comisión de delito doloso.

La remoción o suspensión del cargo se decidirá por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara reunidas en sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado.

Entenderá la Comisión de Acuerdos, la que deberá emitir despacho sobre el particular, designando en su caso a quien actuará como miembro informante o acusador.

El procedimiento no podrá extenderse por un plazo mayor a doce (12) meses contados desde su inicio hasta la decisión de la Legislatura sobre el fondo del asunto, en cuyo caso caducará de pleno derecho, no pudiendo iniciarse nuevamente un procedimiento por el mismo hecho. Al efecto de lo dispuesto en el presente párrafo, se entiende como inicio del procedimiento el del momento de formulación de la denuncia.

Sin perjuicio de todo lo expresado, el Poder Ejecutivo, el legislador provincial, el representante del Ministerio Público de la Acusación actuante en la causa penal, o el acusador designado podrán solicitar la suspensión preventiva temporal de sus funciones con disminución del cincuenta por ciento (50%) del sueldo, lo que se resolverá por el voto de la mayoría simple de los miembros de cada Cámara reunidas en sesión conjunta, previo dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Cuando la única causal sea la presunta comisión de un delito doloso, el trámite podrá suspenderse hasta la sentencia definitiva en la causa penal correspondiente.

Cuando entre otras causales se encuentre la presunta comisión de un delito doloso, el trámite solo podrá suspenderse hasta la sentencia definitiva en la causa penal correspondiente solo respecto de ella.

Son funciones y atribuciones de la Fiscalía General las siguientes:

1) Ejercer la administración general y la representación legal del Ministerio Público de la Acusación, determinar la política general de la institución y fijar los criterios generales para el ejercicio de la persecución penal.

2) Velar por el cumplimiento de las misiones y funciones institucionales e impartir las instrucciones de carácter general o particular que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio.

3) Proponer al Poder Ejecutivo el presupuesto del Ministerio Público de la Acusación y rendir cuentas de su inversión.

4) Disponer la ejecución de las partidas para inversiones y gastos de funcionamiento, asignadas por la ley de presupuesto, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado.

5) Aprobar y dar a publicidad al informe de gestión previsto en la ley.

6) Proponer al Poder Ejecutivo el nombramiento, remoción y ascensos de los miembros del Ministerio Público de la Acusación de acuerdo a la ley.

7) Realizar los traslados, conceder licencias y aplicar sanciones a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación, cuando no corresponda a otro órgano previsto en esta ley.

8) Emitir los reglamentos necesarios para el funcionamiento de las diversas dependencias del Ministerio Publico de la Acusación, fijando las condiciones de trabajo y de atención al público.

9) Organizar las estructuras administrativas de la Fiscalía General, de los diferentes órganos de apoyo y de las unidades fiscales bajo su dependencia, de acuerdo con las necesidades del servicio y las posibilidades presupuestarias y aprobar las estructuras administrativas y de las unidades fiscales que fueran propuestas por las Fiscalías Regionales.

10) Crear nuevas unidades y dependencias, introducir cambios en las divisiones o secciones territoriales y establecer la sede para su funcionamiento, para asegurar un mejor servicio, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias.

11) Delegar la competencia que tiene asignada, determinando el tiempo, modo y alcance de tal delegación, salvo que la misma estuviere expresamente prohibida.

12) Elaborar las estructuras necesarias para el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, fijando las condiciones de acceso, misiones y funciones, así como crear agencias o unidades fiscales especiales que actúen en más de una circunscripción Judicial.

13) Resolver los recursos previstos en el artículo 12 de la presente ley.

14) Reglamentar la organización y el funcionamiento general de Gabinete y disponer la designación y remoción de cualquiera de sus integrantes, en cuanto esta facultad no estuviera sujeta a otro procedimiento previsto en esta ley.

15) Requerir informes sobre el avance de las distintas causas en trámite, reasignar causas a otras unidades fiscales dentro o fuera de la Circunscripción asignada, avocarse con sus propias unidades fiscales o delegar las causas que estuvieran en trámite ante éstas.

16) Intervenir total o parcialmente una o más Fiscalías Regionales, por resolución fundada, cuando razones de gravedad así lo aconsejaren, debiendo comunicarlo a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas corridas.

Las atribuciones referidas al nombramiento, remoción, ascenso, carga horaria, traslados, licencias, sanciones y demás condiciones de trabajo del personal administrativo, de mantenimiento y producción y servicios generales del Ministerio Público de la Acusación, deberán ser ejercidas en el marco de lo regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, sus modificatorias y complementarias y por la ley N° 11.196, debiendo interpretarse que todas las facultades y atribuciones que las normas le adjudican a la Corte Suprema de Justicia le corresponden al Fiscal General.

En la Provincia funcionarán cinco fiscalías regionales, ubicadas una en cada una de las circunscripciones judiciales existentes.

Cada fiscal regional será el jefe del Ministerio Público de la Acusación en la división territorial para la que fue designado, y el responsable del buen funcionamiento de la institución en el área respectiva. Ejercerá las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público de la Acusación por sí mismo o por intermedio de los órganos que de él dependan.

Los fiscales regionales deberán reunir las mismas condiciones que para ser Fiscal General y serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, previo cumplimiento del mismo procedimiento de selección que el previsto en el artículo 15 de la presente ley.

Será removido o suspendido del cargo hasta por ciento ochenta (180) días sin goce de sueldo, mediante el mismo procedimiento y por las mismas causales previstas en esta ley para el Fiscal General.

Durará seis (6) años en el cargo y gozará de inamovilidad durante ese período.

Cumplido el período sin ser nuevamente designado fiscal regional y en caso de que anteriormente hubiera pertenecido a la carrera del Ministerio Público de la Acusación, volverá al cargo que desempeñaba al momento de su designación como fiscal regional.

En caso de ausencia o impedimento temporal, será reemplazado por el fiscal de su circunscripción que él designe o el que corresponda según la reglamentación que se dicte al efecto. En caso de ausencia o impedimento definitivo o cese del período para el que fue designado sin que se hubiese designado un nuevo fiscal regional, será reemplazado por el fiscal de la circunscripción que interinamente designe el Fiscal General, hasta tanto se efectúe la correspondiente designación debiéndose poner en marcha en forma inmediata el mecanismo de designación de un nuevo fiscal regional.

Tendrá una remuneración equivalente a la de vocal de Cámara de Apelaciones.

Corresponde a los Fiscales Regionales, en el ámbito territorial asignado, los siguientes deberes y atribuciones:

1) Dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los órganos fiscales, de los órganos de apoyo y auxiliares bajo su dependencia, a efectos del mejor desenvolvimiento de la función, evitando el uso de prácticas burocráticas y procurando la mayor eficiencia en los procesos de trabajo.

2) Impartir instrucciones generales y particulares a los fiscales y fiscales adjuntos a su cargo, para una persecución penal más eficaz.

3) Propender al uso de nuevas tecnologías y promover la coordinación interinstitucional con otras agencias públicas o privadas.

4) Proponer al Fiscal General la organización de sus estructuras administrativas y unidades fiscales, como así también los esquemas y criterios para la asignación y distribución de los casos, promoviendo prácticas flexibles y la conformación de equipos de trabajo.

5) Disponer traslados y otorgar las licencias al personal bajo su dependencia, dentro de los límites legales establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

6) Intervenir en el juzgamiento de las faltas leves de los fiscales de su jurisdicción.

7) Las demás que establece la presente ley y todas aquellas que el Fiscal General le asigne.

Los fiscales tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal pública de acuerdo a la distribución de trabajo dispuesta por los fiscales regionales, quienes determinarán la cantidad, el asiento y el área territorial de incumbencia de las Fiscalías.

Ejercerán la dirección de la investigación, formularán acusación o requerimiento de sobreseimiento, aplicarán criterios de oportunidad dentro de los márgenes legales, actuarán en juicio y podrán formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, cualquiera sea su instancia.

El fiscal deberá ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener, por lo menos, veinticinco (25) años de edad, cuatro (4) años de ejercicio de la profesión o de la función judicial como magistrado, funcionario o empleado y dos (2) años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiera nacido en ésta.

Serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, previo cumplimiento del mismo procedimiento de selección que el previsto en el artículo 15 de la presente ley.

Tienen estabilidad en el cargo y podrán ser removidos o suspendidos del mismo hasta por ciento ochenta (180) días sin goce de sueldo, mediante el procedimiento y por las causales previstas en esta ley para el Fiscal General.

Los fiscales adjuntos actuarán por delegación y bajo la supervisión de los fiscales. En el ejercicio de su cargo podrán intervenir en todos los actos en los que puede actuar el fiscal de quien dependan. El fiscal adjunto deberá ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener, por lo menos, veinticinco (25) años de edad, cuatro (4) años de ejercicio de la profesión o de la función judicial como magistrado, funcionario o empleado y dos (2) años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiera nacido en ésta.

Serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, previo cumplimiento del mismo procedimiento de selección que el previsto en el artículo 15 de la presente ley.

Tienen estabilidad en el cargo y podrán ser removidos o suspendidos del mismo hasta por ciento ochenta (180) días sin goce de sueldo, mediante el procedimiento y por las causales previstas en esta ley para el Fiscal General.

El Fiscal General podrá crear agencias o unidades fiscales especializadas en formas determinadas de criminalidad o en tipologías determinadas de casos, reglamentando su estructura, integrantes y funcionamiento, A tal fin, podrá designar sus integrantes por concurso o bien disponer el traspaso de fiscales de cualquiera de las Circunscripciones, generando en forma automática la vacante para la Circunscripción que tenía asignado el cargo.

De igual manera, los fiscales regionales podrán proponer al Fiscal General la creación de agencias o unidades especiales dentro de su Circunscripción.

Se propenderá a la creación de unidades fiscales especiales en materia juvenil y en violencia institucional.

El Fiscal General será asistido en el cumplimiento de las funciones asignadas por un Secretario General encargado de la coordinación administrativa y operacional. Le corresponde la dirección de las áreas del despacho, asesoría jurídica, relaciones interinstitucionales, comunicación y cualquier otra que le asigne el Fiscal General en el marco de su competencia material.

Para desempeñar el cargo se requiere ciudadanía argentina, título, universitario de abogado, acreditar cinco (5) años de experiencia en la profesión o de la función judicial y dos (2) años de residencia inmediata en la Provincia.

Su designación es facultad del Fiscal General, previa presentación por el propuesto de un plan de trabajo.

Podrá ser removido por el Fiscal General y cesa en su cargo al concluir el mandato de éste.

El Fiscal General será asistido en el cumplimiento de sus funciones por un órgano encargado de la Administración General. Le corresponde la elaboración, administración y ejecución presupuestaria y gerenciamiento de recursos materiales y humanos y cualquier otra que le asigne el Fiscal General y/o la normativa vigente acorde con su competencia material. Asimismo, le compete el debido contralor del uso y destino de los bienes asignados al Ministerio Público de la Acusación.

Para desempeñar el cargo se requiere ciudadanía argentina, título de contador público nacional, licenciatura o equivalente en ciencias de la administración, acreditar cinco (5) años de experiencia en el ejercicio de la profesión y dos (2) años de residencia inmediata en la Provincia.

Su designación es facultad del Fiscal General, previa presentación por el propuesto de un plan de trabajo.

Podrá ser removido por el Fiscal General y cesa en su cargo al concluir el mandato de éste.

El Gabinete del Fiscal General estará integrado por los fiscales regionales y los Órganos de Apoyo a la Gestión, Funcionará como órgano consultivo y de asesoramiento y tendrá a su cargo las funciones que la ley o el Fiscal General específicamente le encomiende.

El Fiscal General y los fiscales regionales podrán impartir las instrucciones generales concernientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal. También podrán impartir directivas fundadas en orden a un asunto determinado.

Los integrantes del Ministerio Público de la Acusación controlarán el desempeño de quienes se encuentren a su cargo.

En caso de conflicto de instrucciones, prevalecerán las que hubiera dictado el Fiscal General sobre las emanadas de los fiscales regionales.

Las designaciones de los funcionarios comprendidos se realizarán conforme a lo previsto por los artículos 20 y 21 de la presente ley.

Los fiscales, fiscales adjuntos, el Administrador General, el Secretario General y los directores de la Escuela de Capacitación y del Organismo de Investigaciones y los funcionarios designados en las estructuras orgánicas del Ministerio Público de la Acusación, estarán sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Título.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la remoción o suspensión del cargo por hasta ciento ochenta (180) días sin goce de sueldo de los fiscales y fiscales adjuntos, en todos los casos se sustanciará conforme lo previsto en el artículo 15 de la presente ley.

Los sujetos comprendidos en el artículo 51 podrán ser pasibles de las siguientes sanciones disciplinarias:

1. Amonestación, por faltas leves.

2. Multa de hasta el cinco por ciento (5%) de su sueldo, por la reiteración de hasta cuatro (4) faltas leves.

3. Multa de hasta el quince por ciento (15%) de su sueldo, por la comisión de falta grave.

4. Suspensión del cargo o empleo hasta por sesenta (60) días sin goce de sueldo, o de hasta ciento ochenta (180) días en los supuestos de los artículos 15, 17, 20, 21 y 51 de esta ley.

5. Destitución, con excepción de los fiscales y fiscales adjuntos, quienes sólo pueden ser removidos según el procedimiento del artículo 15 de la presente ley.

Las sanciones de suspensión o destitución sólo procederán por la comisión de faltas graves. La sanción deberá adecuarse a la naturaleza y gravedad de la falta y a la jerarquía y antecedentes del sancionado.

Para el caso de destitución, el órgano que aplique la sanción podrá adicionarle una inhabilitación para acceder al Ministerio Público de la Acusación por un plazo que no podrá exceder de diez (10) años.

Las sanciones de amonestación y multa de hasta el cinco por ciento (5%) del sueldo, podrán ser impuestas por la máxima autoridad de la oficina en la que preste servicio el sancionado. Si se tratare de un fiscal, será aplicada por el fiscal regional respectivo.

Las sanciones de multa de hasta el quince por ciento (15%) del sueldo, de suspensión del cargo o empleo hasta por sesenta (60) días sin goce de sueldo y de destitución sólo pueden ser aplicadas por el Tribunal de Disciplina. Para los fiscales y fiscales adjuntos se estará al procedimiento del artículo 15 de esta ley.

Recibida la queja, el fiscal regional correspondiente designará a un funcionario para que practique una información preliminar, que no podrá extenderse más de cinco (5) días, tendiente a acreditar o desvirtuar la queja o denuncia.

Al concluir el funcionario actuante podrá disponer el archivo por falta de mérito o expresar los cargos para posibilitar el ejercicio del derecho de defensa. 1 Se pondrán las actuaciones a disposición del interesado por tres (3) días para que haga su descargo.

Cumplido el descargo o transcurrido el plazo sin que ejerza la facultad, el superior jerárquico dictará resolución.

La decisión será recurrible dentro de los tres (3) días de la notificación para que resuelva el Fiscal General. La decisión final se dictará dentro de los diez (10) días de interpuesto el recurso. Contra esta última decisión no cabe impugnación en sede administrativa.

La admisibilidad y la investigación estarán a cargo del Auditor General del Ministerio Público de la Acusación, o de los auditores ad hoc que designe para el caso.

El Auditor a cargo dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, inciso 5) de esta ley.

La Auditoría General de Gestión deberá llevar a cabo un procedimiento de admisibilidad en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles judiciales, el que concluirá con la desestimación de la denuncia o el inicio de la investigación disciplinaria.

La investigación no podrá extenderse por más de noventa (90) días hábiles judiciales a partir de la resolución de admisibilidad y deberá concluir con el archivo de las actuaciones o con la formulación de los cargos y la solicitud del juicio disciplinario ante el órgano que corresponda.

Si se produjere el avocamiento del Poder Legislativo, o ante una eventual sanción de destitución o suspensión de hasta ciento ochenta (180) días, se estará a lo dispuesto en el artículo 62 bis de la presente.

Todos los plazos son improrrogables y fatales, obligando al archivo si no se produjo la formulación de cargos.

El interesado podrá defenderse por sí o designando un abogado al efecto. Ambos tienen la facultad de controlar el desarrollo de la investigación, hacer manifestaciones por escrito y ofrecer medidas de prueba aún en la etapa preliminar.

Durante el curso de la investigación, a pedido del Auditor o auditor ad hoc en su caso, el superior jerárquico del investigado podrá suspenderlo preventivamente, con una reducción del cincuenta por ciento (50%) del sueldo, mientras dure el procedimiento disciplinario.

El Auditor o el auditor ad hoc designado podrá utilizar a los fines de la investigación las potestades previstas en el artículo 4 de la presente ley.

Facúltase al Fiscal General a dictar toda la reglamentación que resulte necesaria para la aplicación de la presente ley.

1) Suplencia de Fiscales: la vacancia transitoria mayor de treinta (30) días en la titularidad de cualquier fiscalía, puede ser cubierta provisoriamente por fiscales adjuntos de la misma fiscalía regional del MPA, que reúnan los requisitos exigidos para el cargo a subrogar.

El nombramiento del Poder Ejecutivo se hará previo concurso público de antecedentes y en su caso de oposición, que dispondrá el Fiscal General, en el que se considerará el sistema de carrera del Ministerio Público de la Acusación.

Quien actúa en sustitución lo hará con retención del cargo del cual es titular y percibirá los haberes correspondientes a su categoría presupuestaria con más la diferencia que exista con la retribución del cargo cuyas funciones subrogue. En caso de que el funcionario reemplazado cese en el cargo, la subrogancia se mantendrá hasta el momento en que la vacante sea cubierta. Para que comiencen a ejercerse las subrogancias previstas precedentemente, bastará la propuesta de nombramiento de la Corte Suprema de Justicia que así lo disponga, ad referendum del decreto de nombramiento de parte del Poder Ejecutivo, dentro de los noventa (90) días de comunicada la resolución. La propuesta de nombramiento deberá ser enviada al Poder Ejecutivo por intermedio de la Corte Suprema de Justicia dentro de los diez (10) días hábiles de dictada la resolución provisoria de designación de subrogante, solicitándose que la misma se efectúe a partir del día en que efectivamente se inicie el reemplazo. La falta de comunicación en tiempo y forma por parte de la Corte Suprema de Justicia de la designación provisoria del subrogante, hará renacer automáticamente la situación preexistente; asimismo, vencido el plazo de noventa (90) días sin pronunciamiento del Poder Ejecutivo, la propuesta de designación provisoria quedará tácitamente aceptada.

Suplencia de Fiscales Adjuntos: la vacancia transitoria mayor de treinta (30) días en la titularidad de cualquier fiscalía adjunta puede ser cubierta provisoriamente, a solicitud del Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, por subrogante designado por el Poder Ejecutivo, en el orden establecido en la lista que hubiera confeccionado y que tuviera acuerdo de la Asamblea Legislativa de entre quienes reúnan las calidades constitucionales y legales para ser Fiscal. Los integrantes de la lista referida que formen parte de la planta de personal del Poder Judicial, en su caso, retendrán el cargo respectivo, y percibirán los haberes correspondientes a su categoría presupuestaria con más la diferencia que exista con la retribución del cargo cuyas funciones subrogue. A tal fin, el Poder Ejecutivo solicitará acuerdo legislativo para listas de Fiscales Adjuntos subrogantes, de acuerdo al siguiente detalle:

a) En la circunscripción judicial 1: 12 Fiscales Adjuntos.

b) En la circunscripción judicial 2: 22 Fiscales Adjuntos.

c) En cada una de las circunscripciones judiciales 3, 4 y 5: 6 Fiscales Adjuntos.

Las listas serán comunicadas al señor Fiscal General, y tendrán una duración de cuatro (4) años, contados desde el otorgamiento del acuerdo legislativo, al cabo de los cuales entrarán en vigencia nuevas listas confeccionadas de igual manera. Si se agotare la lista de algunas de las circunscripciones, el Poder Ejecutivo elaborará una nueva lista que podrá estar integrada por un número igual o inferior de postulantes de las que prevén los apartados a), b) y c) de este artículo, la cual deberá obtener el acuerdo de la Asamblea Legislativa y tendrá una duración de cuatro (4) contados a partir de ese momento, cualquiera sea el plazo durante el cual tuvo vigencia la lista originaria.

Para su designación, el subrogante necesita cumplir los requisitos constitucionales y legales.

El subrogante cesa automáticamente en su función a los cuatro (4) años o antes, en caso de reintegrarse el subrogado o de asumir un nuevo titular designado para el cargo.

Producido el cese del Fiscal Adjunto subrogante por alguna de las causales mencionadas en el párrafo anterior, y estando vigente el acuerdo legislativo por el cual se aprobó su integración a la lista de Fiscales Adjuntos subrogantes, éste volverá a formar parte de la misma, en el último lugar del orden de turno aunque el número de integrantes de la lista supere los establecidos por los apartados a), b) y c) del presente artículo.

Los integrantes de la lista a que se alude precedentemente no tendrán la calidad de Fiscales Adjuntos, según el caso, hasta tanto no se produzca la designación del Poder Ejecutivo como suplentes para un cargo determinado.

No podrán integrar las listas de Fiscales Adjuntos subrogantes aquellos funcionarios o empleados que se estuviesen desempeñando como Fiscales subrogantes hasta tanto finalice su función.

A los fines de los artículos 41 y 42 resultan aplicables las leyes Nº 10.160 y Nº 11.196, según corresponda, debiendo entenderse que las facultades y atribuciones que esa normativa le adjudica a la Corte Suprema de Justicia corresponden al Fiscal General.