Código Procesal Penal

Artículo 1.

Ningún habitante de la Provincia puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ni sacados de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

Artículo 2.

Toda ley de procedimiento en materia penal, favorable al procesado tiene efecto retroactivo y deberá ser aplicada por los jueces y tribunales, desde su promulgación, cualquiera fuere el estado de la causa.

Carecerá de tal efecto si dañare al procesado o condenado.

Artículo 3.

Es prohibido a los jueces aplicar por analogía las disposiciones de las leyes penales o interpretarlas extensivamente comprendiendo casos no previstos de una manera expresa en su texto.

Artículo 4.

En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al acusado.

Artículo 5.

Toda orden de pesquisa o arresto de una o más personas, deberá especificar las pesonas u objeto de la pesquisa, describiendo particularmente el sitio que debe ser registrado.

No podrá expedirse mandato de esta clase sino por juez competente apoyado en la declaración jurada de un testigo al menos, u otra prueba simiplena, de la cual se ha de hacer mérito en dicha orden, salvo el caso de infraganti delito, en que todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez.

Artículo 6.

Las acciones que nacen de los delitos son:

1º.- Acción pública.

2º.- Acción que depende de instancia privada;

3º.- Acción privada;

4º.- Acción civil.

Artículo 7.

La acción penal pública se ejerce exclusivamente por el Ministerio Fiscal y su ejercicio no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo los casos expresamente previstos por la ley.

Artículo 8.

Las acciones dependientes de instancia privada son las que nacen de los delitos de violación, estupro, rapto y ultrajes al pudor, cuando no resulte la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91 del Código Penal.

En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por denuncia del agraviado o de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.

Puesta en movimiento la acción por la denuncia privada, no puede desistirse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo los casos previstos por la ley, debiendo el Ministerio Fiscal continuar la acción como en los delitos de acción pública.

Artículo 9.

Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:

1º.- Adulterio;

2º.- Calumnias e injurias;

3º.- Violación de secretos, salvo los casos del artículo 154 del Código Penal;

4º.- Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159 del Código Penal.

Estas acciones se establecen por medio de querella, en la forma que este Código establece.

Artículo 10.

La acción civil para la indemnización del daño causado o para la restitución de la cosa obtenida por el delito, puede ser ejercida contra los partícipes del delito, y en su caso, contra el civilmente responsable, por el titular de aquella o por los representantes o mandatarios del mismo, indistintamente ante la jurisdicción civil o criminal.

Artículo 11.

La acción Civil debe ser ejercida, en el proceso penal, por el Ministerio Fiscal en los siguientes casos.

1) Cuando no habiendo constitución de parte civil, el titular de la acción, expresamente interrogado manifieste conformidad en delegarle su ejercicio.

2) Cuando el titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien lo represente sin perjuicio de la intervención del Ministerio Pupilar.

Cuando el el patrimonio provincial sea perjudicado por el delito, la acción civil será ejercida por el Fiscal de Estado o Procurador del Tesoro, cuando corresponda, o por el Abogado Asesor que el Fiscal de Estado designe.

Artículo 12.

La acción civil sólo puede ser ejercida en el proceso conjuntamente con la acción penal, pero válidamente iniciada, puede ser perseguida aunque ésta no pueda serlo, una vez que se haya decretado la citación a juicio.

Artículo 13.

Si el ejercicio de la acción penal dependiere de juicio político, desafuero o ejuiciamiento previos, se observarán las condiciones y límites establecidos en la ley.

Artículo 14.

Los jueces o tribunales deberán resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales.

Artículo 15.

Cuando la existencia del delito dependa de una cuestión prejudicial establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá aun de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.

Artículo 16.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el tribunal podrá apreciar si la cuestión prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilitar el proceso, ordenará que éste continúe.

Si el auto que ordena o niega la suspensión fuere dictada por el juez de instrucción, procederá recurso de apelación.

Cuando el juicio civil sea necesario, podrá ser promovido por el Ministerio Fiscal citadas todas las partes interesadas.

Artículo 17.

La suspensión del proceso se hará efectiva sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.

Resuelta la suspensión del proceso, se ordenará la libertad del imputado.

Artículo 18.

La jurisdicción penal se ejerce por los jueces y tribunales que la ley instituye; es improrrogable y se extiende al conocimiento de los delitos o faltas cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar.

Artículo 19.

Tampoco se considerarán sometidas a la acción de la justicia ordinaria las multas que establezcan las leyes por falta de pago de impuestos o contribuciones, las que se harán efectivas en la forma determinada por las mismas leyes.

Artículo 20.

Si una persona comete un delito en jurisdicción de la Provincia y otro en jurisdicción de la Capital Federal o de otra provincia, primero será juzgado en esta provincia si el delito imputado es de mayor gravedad. Lo mismo se procederá en caso de delitos conexos.

Artículo 21.

En el caso de que uno de los delitos perteneciere al fuero nacional y otro al provincial, deberá ser juzgado primero por la jurisdicción federal.

Artículo 22.

Cuando una misma persona hubiera cometido dos o más delitos sometidos a distintos jueces de los que ejercen jurisdicción en este Provincia, será competente para su juzgamiento aquel a quien corresponda el conocimiento del delito más grave.

Artículo 23.

Dentro del territorio de la Provincia, es competente el juez de la circunscripción judicial en que la infracción se ha cometido.

Si el delito ha sido comenzado en un lugar y consumado en otro, el conocimiento pertenecerá al juez del lugar en que el delito se hubiese consumado.

Si el delito ha sido cometido sobre los confines de dos jurisdicciones, será competente el juez que previene en la causa.

Artículo 24.

Si el lugar en que se ha cometido el delito fuere desconocido, el juez del lugar en que se hubiere procedido al arresto será preferido al de la residencia del culpalble, a menos que este último hubiese prevenido en la causa.

Artículo 25.

Considéranse delitos conexos:

1.- Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas;

2.- Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos; si hubiese mediado concierto o acuerdo para ello;

3.- Los cometidos como medio para perpetrar otros delitos o facilitar su ejecución;

4.- Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.

Artículo 26.

Cuando se trate de delitos conexos, los procesos se acumularán y será competente;

1.- El juez competente para juzgar el delito más grave;

2.- Si los delitos son reprimidos con la misma pena, el juez del primer delito cometido;

3.- Si los hechos fueren simultáneos o no constare debidamente cuál se cometió primero, el juez que haya procedido a la detención del imputado;

4.- En último caso, si no hubiere detención, el juez designado por el tribunal que debe resolver los conflictos de competencia, para lo cual atenderá a la mejor y más pronta administración de justicia.

Artículo 27.

La acumulación de causas no procederá cuando ella determine un grave retardo de las primeras, aunque en todos los procesos deberá intervenir un solo juez, de acuerdo a las normas del artículo anterior.

Artículo 28.

Si una persona es condenada en diversas jurisdicciones y corresponde unificar las penas, el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según se haya dictado la pena mayor o la menor.

El condenado cumplirá proporcionalmente la pena que corresponda en la Provincia.

Artículo 29.

El Ministerio Fiscal y las partes podrán promover las cuestiones de competencia en la forma y con los alcances fijados en el Código de Procedimientos Civil y Comercial, con las modificaciones que surja de las disposiciones de este capítulo.

Artículo 30.

La cuestión puede ser promovida en cualquier estado de la causa hasta la fijación de la audiencia para el debate, salvo las cuestiones de competencia por materia, que pueden ser declaradas, aún de oficio, en cualquier momento.

Artículo 31.

Las cuestiones de competencia no suspenden el curso del sumario que será continuado:

1.- Por el juez que primero conoció la causa;

2.- Si los dos jueces hubieren comenzado en la misma fecha, por el requerido de inhibición.

Artículo 32.

Las cuestiones de competencia promovidas antes de la audiencia para el debate, suspenderán el procedimiento hasta la decisión de las mismas.

Durante la suspensión, el juez a quien corresponda la continuación de la causa, según lo dispuesto en el artículo anterior, practicará únicamente aquellas actuaciones que sean absolutamente necesarias y de cuya dilación pudieran resultar perjuicios irreparables, ya sea de oficio, ya a instancia de parte.

Artículo 33.

Para la decisión de toda contienda de competencia en lo criminal, el juez que deba continuar conociendo de la causa remitirá al tribunal superior respectivo, cualquiera que sea el estado en que la contienda se empeñare, testimonio de las actuaciones relativas a la cuestión y los demás que sean conducentes en apoyo de su opinión, reteniendo la causa para su continuación se se hallare en sumario.

*El juez que no deba continuar actuando, remitirá original la causa y si no la hubiere comenzado, las actuaciones relativas a la cuestión.

Artículo 34.

Los actos de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia son válidos, pero el juez a quién correspondiere el proceso podrá ordenar su ratificación o ampliación.

Artículo 35.

Los jueces que ejerzan la jurisdicción criminal, cualquiera que sea su grado o jerarquía, podrán ser recusados y excusarse de entender en los procesos con arreglo a las disposiciones respectivas contenidas en el Código de Procedimientos Civil y Comercial, con las modificaciones que establece este capítulo.

Artículo 36.

Las partes, sus defensores o mandatarios podrán recusar al juez sólo invocando un motivo legítimo de inhibición.

Artículo 37.

La recusación sólo puede ser propuesta bajo pena de inadminisibilidad en el primer escrito que se presente y hasta la fi- jación de la audiencia para el debate. En el caso de que se produjeren ulteriores integraciones del Tribunal, la recusación deberá ser inter- puesta dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación.

Artículo 38.

Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación de la causa, la persona contra la cual se ha decretado el procesamiento o la que ha sido en tal carácter citada, detenida o indicada en la denuncia, en la querella o en la requisitoria.

Artículo 39.

La persona presente en el proceso será identificada en la oportunidad fijada en el artículo 204; pero las dudas sobre la exactitud de los datos suministrados u obtenidos, no alteran el curso de la causa cuando sea cierta la identidad física de la persona, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado del proceso y aún durante la ejecución.

Artículo 40.

La identificación se practicará por las generales del imputado, sus impresiones digitales y señas particulares, por medio de la oficina técnica respectiva, y, cuando no sea posible porque el imputado se niegue a dar sus generales o las dé falsamente, se procederá a la identificación por testigos en la forma prescripta para los reconocimientos y por los otros medios que se juzguen oportunos.

Artículo 41.

Cuando el imputado sea sometido a la medida provisional del artículo 263, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador, y, si no lo hubiere, por el Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces, sin perjuicio de la intervención que tengan los defensores ya nombrados.

Si el imputado en menor de diez y ocho años, sus derechos de parte corresponderán también a su padre o tutor.

Artículo 42.

Si después del hecho y durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el juez ordenará la suspensión de la causa y la internación de aquel en un establecimiento adecuado, cuyo director dará cuenta semestralmente al juez del estado del enfermo.

La suspensión impedirá el interrogatorio del imputado y el juicio contra él, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga la causa contra los co-procesados.

Si el imputado curase, la causa continuará.

Artículo 43.

El imputado será sometido a examen mental toda vez que por el delito por el que se procesa esté reprimido con pena no menor de diez años de prisión, o cuando sea sordomudo o mayor de setenta años.

Artículo 44.

Para ejercer la acción civil en el proceso penal, su titular deberá constituirse en parte civil; pero si no tiene capacidad para estar en juicio, no podrá hacerse parte sino con la autorización, asistencia o representación prescripta para el ejercicio de las acciones civiles.

Artículo 45.

La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o por mandatario, por medio de declaración o por escrito, debiendo contener, bajo pena de inadmisibilidad: el nombre y domicilio legal del accionante; la indicación del proceso a que se refiere; una exposición sumaria de los motivos en que la acción se funda; la petición de ser admitido por parte y la firma.

Artículo 46.

La constitución de parte civil podrá tener lugar en cualquier estado del proceso con anterioridad al decreto de citación a juicio.

Artículo 47.

La parte civil tendrá en el proceso la intervención necesaria para acreditar el hecho y los daños y perjuicios que le haya causado, reclamar las restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes.

Artículo 48.

La instancia de la parte civil deberá ser notificada al Ministerio Fiscal, al imputado y al civilmente responsable, si lo hubiere o se pidiere su citación, y suritrá efecto sólo a contar desde la última notificación.

Artículo 49.

Durante la instrucción judicial, las partes mencionadas en el artículo anterior podrán oponerse a la intervención del actor civil, dentro del término perentorio de tres días, a contar de la respectiva notificación; pero cuando el civilmente responsable sea citado o intervenga con posterioridad, también podrá oponerse dentro de dicho término, a contar de su citación o intervención.

Artículo 50.

La incidencia de oposición tendrá el trámite de las excepciones y la resolución será inapelable; pero si por el momento en que la oposición se dedujo su resolución retardara la clausura de la instrucción, el juez podrá diferirla a fin de que sea considerada en el juicio.

Artículo 51.

Tanto la aceptación como el rechazo de la parte civil podrán ser reproducidas en el juicio, cuando fueren resueltas por el juez de instrucción.

Artículo 52.

Si no se deduce oposición en las oportunidades fijadas por el artículo 49, la constitución de parte civil será definitiva, salvo lo dispuesto por el artículo siguiente.

Artículo 53.

El tribunal podrá excluir de oficio, y en cualquier estado del proceso, a la parte civil cuya intervención sea manifiestamente ilegal; pero esta facultad no podrá ejercerse cuando la participación haya sido concedida resolviéndose un incidente de oposición.

Artículo 54.

La resolución que rechace la constitución de parte civil no impedirá el ejercicio ulterior de la acción en juicio civil.

Artículo 55.

La parte civil podrá desistir de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligada por los gastos y costas que haya ocasionado.

Se considerará desistida la acción civil cuando la parte civil, regularmente citada, no comparezca al debate o no presente conclusiones, o se aleje de la audiencia sin haberlas formulado oportunamente.

Artículo 56.

El desistimiento importa renuncia de la acción civil.

Artículo 57.

La intervención de una persona como parte civil no la exime del deber de declarar como testigo

Artículo 58.

Cuando el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 11º, ejerza la acción civil en representación de su titular, se observará lo dispuesto en el artículo 48º.

Artículo 59.

Las personas que de acuerdo a las leyes civiles responden por el imputado del daño causado por el delito, pueden ser citadas para que intervengan en el proceso. Tal citación podrá ser hecha en cualquier estado de la causa con anterioridad al decreto de citación a juicio, con notificación a las partes.

Artículo 60.

La citación contendrá:

1.- Nombre o designación del citado, según se trate de una persona física o jurídica;

2.- Indicación de la parte a cuya solicitud se la cita y del juicio en que debe comparecer.

Cuando la citación sea hecha directamente para el juicio, se observará además lo dispuesto en el artículo 305.

Artículo 61.

La citación del civilmente responsable es nula si contiene omisiones o errores esenciales que hayan podido perjudicar su defensa, restringiéndole la audiencia o la prueba.

Esta nulidad no aplaza el juicio ni perjudica el ulterior ejercicio de la acción civil ante la jurisdicción civil.

Artículo 62.

Cuando en el proceso se ejerza la acción civil, el civilmente responsable puede comparecer voluntariamente con anterioridad al decreto de citación a juicio.

Esta participación se pedirá en la misma forma establecida para la constitución de parte civil.

Artículo 63.

La exclusión o el desistimiento de la parte civil damnificada hace caducar la intevención del civilmente responsable.

Artículo 64.

A la intervención de la parte civil responsable podrá oponerse el citado, el Ministerio Fiscal y las partes, si no han pedido la citación. Este incidente se propondrá y tramitará en la forma, oportunidades y plazos establecidos para oponerse a la constitución de parte civil.

Artículo 65.

Vale también para la parte civil responsable el artículo 52º; pero si la exclusión tuviere lugar a pedido de la parte civi damnificada, ésta no podrá intentar nueva acción contra aquel.

Artículo 66.

La parte civilmente responsable gozará desde su intervención en el proceso y en cuanto concierna a sus intereses civiles, de los derechos y garantías concedidos al imputado para su defensa.

Artículo 67.

El imputado tendrá derecho a hacerse asistir y defender por abogados de la matrícula; podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal substanciación del proceso.

Artículo 68.

El imputado no podrá ser asistido simultáneamente por más de dos abogados.

Cuando intervengan varios defensores, las notificaciones hechas a uno de ellos valen respecto de todos, y la sustitución del uno por el otro no altera los términos ni el trámite.

Artículo 69.

El cargo de defensor del imputado, una vez aceptado, es obligatorio salvo excusación atendible. La aceptación será obligatoria para los abogados de la matrícula, cuando fueren designados en sustitución del Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces.

Artículo 70.

En la primera oportunidad, y en todo caso antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a designar defensor entre los abogados de la matrícula. Si el imputado no lo hiciere, el juez nombrará al Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces. La inobservancia de este precepto hace nulos los actos practicados, cuando el defensor tenía derecho a asistir a ellos.

En el mismo acto, el juez invitará al imputado que estuviese en libertad, a elegir domilio legal a los fines de las notificaciones.

Artículo 71.

La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado de nombrar ulteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije el domicilio.

Artículo 72.

Cuando no exista incompatibilidad, la defensa de varios imputados puede ser confiada a un defensor común.

Artículo 73.

La parte civil damnificada y la civilmente responsable pueden estar en el proceso personalmente o por mandatario especial y con la asistencia de un abogado. Cuando el mandatario sea procurador el patrocinio letrado es obligatorio.

Artículo 74.

Los defensores de las partes pueden designar sus sustitutos para los casos de impedimento legítimo momentáneo, mediante un simple escrito que se presentará al tribunal con la aceptación del sustituto. En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituyente asume las obligaciones del defensor y no tiene derecho a prórroga de términos o audiencias.

Artículo 75.

En ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa dejando a su cliente sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá a la inmediata sustitución por el Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces, y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa. Cuando ello ocurra poco antes o durante el debate, aquél podrá solicitar una prórroga máxima de tres días para la audiencia. El debate no puede volver a suspenderse por la misma causa, aun cuando el tribunal conceda intervención a otro defensor particular, la que dejará subsistente la del defensor oficial.

El abandono de los defensores o mandatarios de las demás partes no suspende el proceso.

Artículo 76.

El incumplimiento de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios puede ser corregido con multa hasta quinientos pesos.

El abandono constituye falta grave y hace cargar al que en él incurra con las costas de la sustitución, sin perjuicio de las otras sanciones.

Todas estas sanciones serán resueltas inmediatamente y, siendo impuestas por la Cámara, son inapelables.

Artículo 77.

Son aplicables al trámite de las causas, en cuanto no estén modificadas en el presente título, las disposiciones del Código de *procedimiento Civil y Comercial relativas a las actuaciones judiciales.

Artículo 78.

En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional bajo pena de nulidad.

Artículo 79.

El que deba declarar en el proceso lo hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el juez lo autorice para ello, si así lo requiere la naturaleza de los hechos. Las preguntas que se formulen en ningún caso serán capciosas o sugestivas.

Artículo 80.

Para examinar y hacer jurar a un sordo se le presentará por escrito la fórmula del juramento, las preguntas y las observaciones, para que jure y responda oralmente; si se trata de un mudo, se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito; si de un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no saben darse a entender por escrito, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos y, en su defecto, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.

Artículo 81.

Para fechar un acto deberá indicarse el día, el mes, el año y el lugar en que se cumple. La hora será consignada sólo si especialmente se la requiere.

Si la fecha es requerida bajo pena de nulidad, ésta sólo existirá cuando aquélla no pueda establecerse con certeza a base de los elementos del acto o de otros que le sean conexos.

Artículo 82.

Con excepción de las actuaciones del sumario, los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles. En el juicio, el tribunal podrá habilitar todos los días y horas que considere necesarios.

Artículo 83.

Cuando se requiera la prestación del juramento, éste será recibido por el juez o presidente del tribunal, de acuerdo a las acreencias del que jura y haciéndosele saber las penas del falso testimonio. La persona que jure deberá hacerlo estando de pie y prometiendo decir la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula: "si juro".

Artículo 84.

No podrán ser testigos de actuación las personas que no hayan cumplido 18 años de edad y las que en el momento del acto se encuentren en estado de alienación mental o de inconciencia.

Artículo 85.

El tribunal, en el ejercicio de sus funciones, podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesario para el seguro y ordenado cumplimiento de los actos a los cuales procede.

Artículo 86.

El tribunal, será asistido por el secretario en todos los actos en que intervenga, si no se dispone otra cosa.

Artículo 87.

Los tribunales dictarán los decretos el día en que los expedientes fueren puestos a despacho, y los autos dentro de cinco días, salvo que se disponga otra cosa.

Artículo 88.

Las resoluciones de las que no se hubiese recurrido dentro del término legal respectivo, quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna.

Artículo 89.

Cuando sea necesario hacer fe de actos realizados por ellos o cumplidos en su presencia, los funcionarios que intervengan en el proceso labrarán un acta en la forma prescripta en este capítulo.

Artículo 90.

Las actas deberán contener la fecha, su objeto, los nombres de las personas que intervengan, el motivo que hayan impedido la intervención de las personas obligadas a asistir, la indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados, las declaraciones recibidas y si ellas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, y si fueron dictadas por los declarantes. Concluída o suspendida la diligencia, el acta, previa lectura, será firmada por todos los intervinientes que deban hacerlo, y cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, se hará mención de ello.

La firma del funcionario que cumpla el acto y la del secretario o testigos de actuación, se prescriben bajo pena de nulidad.

Artículo 91.

Cuando un ciego deba suscribir un acta, podrá pedir que antes la lea una persona de su confianza, lo que e hará saber, bajo pena de nulidad.

Artículo 92.

Las resoluciones judiciales se harán conocer, cuando y a quienes corresponda, dentro de las veinticuatro horas de dictadas salvo que el tribunal disponga un plazo menor, y no obligarán sino a las personas debidamente notificadas.

Artículo 93.

Los fiscales y el Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces serán notificados en sus respectivas oficinas; las partes, en el domicilio constituído o personalmente.

Si el imputado se encuentra detenido, será notificado en la oficina haciéndosele comparecer, o en el lugar de su detención, si se considera más conveniente.

Las personas que no tengan domicilio constituído en el proceso, serán notificadas en su domicilio, residencia o en el lugar donde se encuentren.

Artículo 94.

Al comparecer en el proceso, las partes deberán constituir domicilio dentro del radio de diez cuadras del asiento del tribunal. Si así no lo hicieren se considerará que han constituído domicilio en la secretaría.

Artículo 95.

Si la parte tiene en el proceso defensor o mandatario, a éstos se harán las notificaciones, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan también la notificación a la parte.

Artículo 96.

La notificación se hará entregando a la persona que deba ser notificada una copia autorizada de la resolución.

Tratándose de sentencias o de autos, la copia se limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva.

Artículo 97.

Cuando la notificación se hiciere en el domicilio, el funcionario o empleado o encargado de practicarla llavará dos copias de la resolución, haciendo entrega de una al interesado, y al pie de la otra, que se agregará al proceso, pondrá constancia de ello, con indicación del día, hora y lugar en que practica la diligencia, firmando juntamente con el notificado.

Cuando la persona que deba notificarse no fuere encontrada, la copia será entregada a alguna de las personas mayores de dieciocho años, que residan en la casa, prefiriendo a los parientes del interesado y, a falta de ellos, a los empleados, dependientes o sirvientes. Si no se encontrase alguna de esas personas, la copia será entregada a un vecino mayor de dieciocho años que sepa leer y escribir, prefiriendo a los más inmediatos. En estos casos, el funcionario o empleado que practique la notificación expresará en la constancia que extienda, a qué persona hizo entrega de la copia y por qué motivo, firmando la diligencia junto con ella.

Cuando el notificado o el tercero se negaren a recibir la copia o a dar su nombre y firmar, ella será fijada en la puerta de la casa o habitación donde deba practicarse la notificación, en presencia de un testigo que firmará la diligencia; en la que se hará constar el hecho.

Si la persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo hará un testigo a su ruego.

Artículo 98.

Cuando se ignore el lugar donde se encuentre la persona que deba ser notificada, la notificación se hará publicando una copia del autos, durante diez días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación.

Un ejemplar de cada diario correspondiente a la primera o la última publicación, serán agregados al proceso.

Artículo 99.

Cuando la notificación se hiciere personalmente en la oficina o en despacho del Fiscal o Defensor de menores, Pobres, Ausentes e Incapaces, se hará mediante constancia en el expediente con indicación de la fecha, firmando el notificado y el encargado de la diligencia.

Artículo 100.

En caso de disconformidad entre la copia y el original, hará fé respcto a cada interesado la copia por él recibida.

Artículo 101.

La notificación será nula:

1º.- Si ha habido error sobre la identidad de la persona notificada;

2º.- Si la resolución ha sido notificada en forma incompleta;

3º.- Si en la diligencia no consta la fecha o, cuando corresponda, la entrega de la copia;

4º.- Si falta alguna de las firmas prescriptas.

Artículo 102.

Cuando para algún acto procesal sea necesaria la presencia de una persona, el tribunal la citará, observándose para ello las formas prescriptas para la ntoficación.

Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios, podrán ser citados también por medio de la Policía o del Correo Nacional, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado.

Artículo 103.

Las personas a que se refiere la segunda parte del artículo anterior, serán citadas bajo apercibimiento de ser traídas por la fuerza pública, la que se hará efectiva sin más trámite, a no mediar causa justificada.

El incomparendo injustificado hace incurrir en las costas causadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.

Artículo 104.

Los actos procesales se practicarán dentro de los términos fijados en cada caso. Cuando no se fije término, se practicarán dentro de tres días.

Los términos empezarán a correr para cada interesado desde su notificación, o desde la última que se practicare si aquéllos fueren comunes, y se contará en la forma establecida por el Código Civil.

Artículo 105.

Los términos son contínuos y en ellos no se computan los días feriados.

Artículo 106.

Los términos son perentorios e improrrogables salvo los casos que especialmente se exceptúan.

Artículo 107.

Si el término fijado vence después de las horas de oficina, el acto que debe cumplirse en ella podrá hacerlo durante la primera hora del día hábil siguiente.

Artículo 108.

El Ministerio Fiscal y las partes a cuyo favor se ha establecido un término, pueden perdir o consentir su abreviación mediante manifestación expresa.

Artículo 109.

Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no comparezca a la citación judicial o se fugue del establecimiento o lugar en que se hallare detenido, o ausente, sin licencia del tribunal, del lugar asignado como residencia.

Artículo 110.

Transcurrido el término de la citación o comprobada la fuga o ausencia, el tribunal declarará la rebeldía por auto y expedirá orden de detención, si antes no se hubiere dictado.

Artículo 111.

La declaración de rebeldía no suspenderá el curso del sumario. Si fuere declarado durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde, continuando para los demás imputados presentes, si los hubiere.

Declarada la rebeldía, se reservarán los autos y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que sea indispensable conservar.

Artículo 112.

La declaración de rebeldía importa la revocatoria de la excarcelación y obliga al imputado al pago de las costas causadas por la rebeldía.

Artículo 113.

Si el imputado se presenta con posterioridad a la declaración de su rebeldía y justifica que no concurrió hasta ese momento a la citación judicial debido a un grave y legítimo impedimento, la declaración de rebeldía será revocada y no porducirá los efectos previstos en el artículo anterior.

Artículo 114.

Cuando el rebelde comparezca, por propia voluntad o por fuerza, la causa continuará según su estado.

Artículo 115.

Sólo pueden ser declarados nulos los actos procesales en los cuales no se hayan observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad.

Artículo 116.

Se entiende siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes:

1º.- Al nombramiento, capacidad y constitución del juez o tribunal;

2º.- A la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso, y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria.

3º.- A la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece.

Artículo 117.

El tribunal que comprueba una causa de nulidad tratará, si es posible, de eliminarla inmediatamente, y si no lo es, podrá declararla a petición de partes, salvo nulidades previstas en el inciso 3º del artículo anterior, que podrán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso.

Sólo podrán oponer la nulidad el Ministerio Fiscal y las partes que no la hayan causado y que tengan interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas.

Artículo 118.

Las nulidades deben oponerse:

1º.- Las producidas en la instrucción, durante ésta o en el término establecido por el artículo 308º, por medio de escrito fundado.

2º.- Las producidas en los actos preliminares del juicio, hasta inmediatamente después de abierto el debate;

3º.- Las producidas en el debate, antes o inmediatamente después de cumplirse el acto;

El incidente se tramitará en la forma establecida para el recurso de reposición.

Artículo 119.

Toda nulidad puede ser subsanada por el modo establecido en este Código, salvo las previstas en el inciso 3º, del artículo 116º.

Las nulidades quedan subsanadas:

1º.- Si las partes no las oponen en las oportunidades establecidas en el artículo anterior;

2º.- Cuando las partes que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto;

3º.- Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de todos los interesados.

Artículo 120.

La nulidad de un acto, cuando es declarada, vuelve nulos todos los actos consecutivos que de él dependen.

Al declarar la nulidad, el tribunal establecerá, además, a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanzan la nulidad por conexión del acto anulado.

El tribunal que declara la nulidad ordenará, cuando sea necesario y posible, la revocación o ratificación de los actos anulados.

Artículo 121.

Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa e imponerle las medidas disciplinarias que le acuerde la ley, o solicitarlas del Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 122.

Toda persona con capacidad penal que se pretenda lesionada por un delito cuya represión sea perseguible de oficio, o que sin pretenderse lesionada tenga noticia de él, podrá denunciarlo al Juez, el Fiscal o a la Policía.

Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar el ofendido por el delito, o en orden excluyente, su representante legal, su tutor o guardador, entendiéndose por tal la persona que por cualquier motivo tiene el menor a su cuidado.

Artículo 123.

La denuncia debe contener de un modo claro y preciso, en cuanto sea posible:

1º.- La relación circunstanciada del hecho reputado criminoso, con expresión de lugar, tiempo y modo cómo fue perpetrado, y con qué instrumento;

2º.- Los nombres de los autores, cómplices y auxiliadores en el delito, así como de las personas, que lo presenciaron o que pudieren tener conocimiento de su perpetración;

3º.- Todas las indicaciones y demás circunstancias que pueden conducir a la comprobación del delito, a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la averiguación de las personas criminal y civilmente responsables.

La denuncia podrá hacerse personalmente o por medio de mandatario con poder especial.

Podrá también hacerse por escrito o de palabra.

La denuncia que se hiciere por escrito, deberá ser firmada por el denunciante, y, si no supiese o no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego.

La autoridad o funcionario que la recibiere, rubricará y sellará todas las fojas en presencia del que la presentare, que podrá rubricarlas también por sí o por otra persona a su ruego.

Cuando la denuncia fuere verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante, relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias firmándola ambos a continuación. Si el denunciante no supiere o no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego.

Artículo 124.

La autoridad o funcionario que recibiere una denuncia verbal o escrita, hará constar la identidad de la persona del denunciante, si no fuere conocida, por medio de dos testigos.

En el caso de denuncia hecha por un mandatario especial, el poder deberá enunciar el hecho y las circunstancias mencionadas en el artículo 123º.

No se admitirán denuncias de descendientes contra ascendientes o de éstos contra aquellos, del marido contra la mujer o viceversa y de hermanos contra hermanos.

Artículo 125.

Cuando la denuncia sea formulada por el titular de la acción civil, podrá contener también la manifestación prevista en el artículo 11, inciso 2º.

Artículo 126.

Tienen la obligación de denunciar:

1º.- Los funcionarios o empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones adquieran conocimiento de un delito perseguible de oficio;

2º.- Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que profesen cualquier ramo del arte de curar y conozcan tales hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo el caso de que adquieran el conocimiento en virtud de manifestaciones puestas al amparo del secreto profesional.

Artículo 127.

El denunciante no contrae obligación que lo ligue al procedimiento judicial, ni incurrre en responsabilidad alguna, salvo el caso de calumnia.

Artículo 128.

El sumario puede iniciarse:

1º.- Por denunia, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente en la parte respectiva;

2º.- Por prevención de los funcionarios de policía de conformidad a lo establecido en las siguientes disposiciones;

3º.- De oficio, cuando los delitos puedan ser persguidos por la acción penal pública.

Artículo 129.

Cuando hubiere de procederse por denuncia, servirá de base al procedimiento la misma.

En los casos de prevención de los funcionarios de policía, el sumario comenzará con las actuaciones y diligencias practicadas por dichos funcionarios.

Artículo 130.

Cuando hubiere de procederse de oficio formará la cabeza del proceso el auto que manda proceder la averiguación del delito.

Este auto deberá contener:

1º.- La determinación del hecho punible;

2º.- El tiempo en que ha llegado la noticia al juez;

3º.- La designación del lugar en que ha sido ejecutado;

4º.- La orden de proceder a su averiguación y al descubrimiento de los autores y cómplices;

5º.- La determinación de las primeras diligencias que se consideren necesarias y convenientes, que se manden a practicar;

6º.- La citación del representante del Ministerio Público, a efecto de que tome en el sumario la intervención que legalmente le corresponde.

Artículo 131.

Cada delito será objeto de un sumario, excepto los delitos conexos, que se comprenderán en un solo proceso.

Artículo 132.

La intervención conferida a los funcionarios de policía en la prevención del sumario continuará luego que se haga cargo el juez correspondiente como auxiliar de esta último y bajo sus órdenes directas, si así lo dispusiese, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que están sometidos.

Las diligencias practicadas, los instrumentos y efectos del delito, y las personas de los delincuentes, en el caso de haber sido detenidas, deberán ponerse en el acto, a disposición del juez.

Artículo 133.

Los funcionarios de policía tendrán las siguientes obligaciones:

1º.- Averiguar los delitos que se cometan dentro del territorio de la Provincia que den lugar al ejercicio de la acción pública;

2º.- Recibir las denuncias que se les hiciere sobre los mismos delitos y también de los delitos cuya acción dependa de instancia privada, siempre que estas últimas fueren hechas por las personas damnificadas u ofendidas;

3º.- Verificar, sin demora, las diligencias necesarias para dejar constatadas las huellas o rastros aparentes del delito, cuando haya peligro de que esas pruebas desaparezcan o se borren, si se retardara dicha diligencia.

Si el retardo no ofreciere peligro, se limitarán a tomar las medidas necesarias a fin de que las huellas del hecho no desaparezcan y el estado de los lugares no sea modificado;

4º.- En los casos que den lugar a la acción pública, detener a las personas que sorprendan infraganti delito, y aquellas contra quienes hubieren indicios vehementes o semiplena prueba de culpabilidad, para ponerlas a disposición del juez competente en el término de veinticuatro horas.

Fuera de este caso, sólo podrán proceder a la prisión del presunto o presuntos culpables, en virtud de orden de juez competente. Sin embargo podrán tomar en tales casos las medidas precaucionales que consideren convenientes para evitar la fuga de los presuntos culpables;

5º.- Recoger las pruebas y demás antecedentes que puedan adquirirse en los momentos de la ejecución del hecho; practicar todas las diligencias de caracter urgente que considere necesarias paa constatar su existencia y determinar los culpables;

6º.- Poner en conocimiento del juez competente, sin la menor dilación, las denuncias recibidas y las informaciones de diligencias practicadas, a los objetos de la investigación criminal.

7º.- Velar por el cumplimiento de los reglamentos y ordenanzas municipales y de policía en todo lo que se refieran a contravenciones y faltas y someter a los infractores al juez competente.

Artículo 134.

Al efecto de las obligaciones determinadas en el artículo anterior, corresponde a las autoridades y funcionarios de policía;

1º.- Disponer que antes de practicarse las averiguaciones y examen a que deba procederse, no se haga alteración alguna en todo lo relativo al objeto del crimen y estado del lugar en que fué cometido;

2º.- Proceder a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgaren necesarias, recibiendo las declaraciones de los ofendidos y los informes, esclarecimientos y noticias que puedan servir al descubrimiento de la verdad, de las demás personas que puedan prestarlos;

3º.- Secuestrar los instrumentos del delito o cualesquiera otros que puedan servir para el objeto de las indagaciones.

4º.- Conservar incomunicado al delincuente, si la investigación criminal lo exigiere;

5º.- Impedir, si lo juzgan indispensable o conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del delito o sus adyacencias, antes de concluir las diligencias de investigación, a fin de que les sean aplicadas las penas en que hubieren incurrido;

6º.- Hacer uso de la fuerza pública cada vez que fuese indispensable para el debido desempeño de sus atribuciones.

Artículo 135.

Si el delito fuere de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán las mismas obligaciones y facultades consignadas en los artículos anteriores, si fueren requeridos al efecto por aquélla.

Artículo 136.

Inmediatamente que los funcionarios de policía tuviesen conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir en las diligencias de algún delito dependiente de instancia privada, lo comunicarán al juez competente, sin cesar de practicar las diligencias urgentes de prevención.

Artículo 137.

Las autoridades o funcionarios a quienes por ley corresponde la instrucción de las primeras diligencias, podrán ordenar que les acompañe, en caso de delito flagrante de lesiones corporales, el primer médico que fuese habido para prestar, en su caso, los oportunos auxilios al ofendido.

Artículo 138.

Los médicos que, siendo requeridos, aun verbalmente no se prestasen a lo expresado en el artículo anterior, sin causa legítima, incurrirán en una multa de cincuenta a doscientos pesos, a no ser que hubieran incurrido, por su desobediencia, en responsabilidad criminal.

Artículo 139.

En el caso en que los funcionarios de policía, encargados de la prevención del sumario, no estuvieren facultados para entrar en ejercicio de sus funciones, a un establecimiento público, deberán solicitar previamente permiso de la autoridad o empleado a cuyo cargo estuviese el establecimiento, cuyo permiso no podrá ser negado sin causa legítima.

Artículo 140.

El proceso de prevención contendrá:

1º.- El lugar, día, mes y año en que fue iniciado;

2º.- El nombre, profesión y domicilio de cada una de las personas que en él intervinieron;

3º.- El juramento de los testigos y peritos;

4º.- La declaración, informe o dictamen textuales de los peritos y del ofendido, disposiciones, información y resultado de cualquier diligencia tendiente a obtener, no solo el completo conocimiento del hecho criminal y todas las circunstancias que contribuyan para la calificación exacta del delito, sino la referencia de cualquier presunción, indicio o sospecha, por las que pueda llegar a descubrirse cuáles fueron los autores, cómplices o auxiliadores;

5º.- En el caso de muerte, heridas u otras lesiones corporales, la declaración o dictamen textual de los peritos, respecto al número y clases de lesiones, y si son mortales o solamente peligrosas, del instrumento con que se notare haber sido hechas, y si la muerte resultó necesariamente de las heridas, o de circunstancias independientes o accesorias;

6º.- La firma de todos los que intervinieron en el proceso, o la mención de los que no supieren o no pudieren hacerlo.

Artículo 141.

Concluidas las diligencias urgentes del sumario de prevención, será remitido íntegro, dentro de veinticuatro horas, al juez competente. Los comisarios de policía, harán esa remisión por intermedio del jefe.

Artículo 142.

Cuando los funcionarios de policía no dieren cuenta al juez competente, inmediatamente después de tener conocimiento de la perpetración de una delito público o no remitieren las diligencias de prevención practicadas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su terminación, el juez pedirá del superior las correcciones disciplinarias a que hubiere lugar.

Artículo 143.

El de instrucción examinará, sin demora, las requisitorias o prevenciones sumarias; ejecutará con habilitación de días y horas todos los actos y diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad sobre el hecho, descubrimiento de sus autores y partícipes e investigará el daño causado por el delito, aunque el damnificado no se haya constituído en parte civil.

La instrucción judicial deberá quedar concluida en el plazo de tres meses a contar de la fecha de la declaración indagatoria. Si dicho término resultara insuficiente el juez solicitará prórroga a la Cámara respectiva, la cual podrá acordarle hasta otros dos meses más según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sólo en los casos de suma gravedad y de muy dificil investigación, la prórroga podrá llegar excepcionalmente hasta cuatro meses.

Artículo 144.

En la instrucción se procurará comprobar los hechos que según el Código Penal deban tenerse en cuenta para apreciar la naturaleza del delito, las circunstancias que lo califican, agravan o atenúan, como también las que influyen en su punibilidad o lo justifican.

Igualmente se verificarán las circunstancias que influyan en la mayor o menor peligrosidad del imputado, conforme a las normas de los artículos 40º y 41º del Código Penal.

En los casos de delitos graves, cuya comprobación fuera dificil por las circunstancias especiales, el juez se trasladará inmediatamente de tener conocimiento del delito al lugar de la ejecución y dirigirá personalmente la instrucción.

Artículo 145.

Cuando el delito que se investiga hubiere dejado vestigios o pruebas metariales de su perpetración, el juez los hará constar en el sumario, recogiéndolos inmediatamente y conservándolos como elementos probatorios, si fuere posible.

En cualquier caso y oportunidad, si el juez lo considera necesario, podrá ordenar la reconstrucción del hecho. El imputado no podrá ser obligado a intervenir en la misma.

Artículo 146.

Siendo habida la persona, cosa u objeto del delito, el juez describirá, detalladamente, su estado y circunstancias y especialmente todas las que tuvieren relación con el hecho punible.

En los casos de muerte por heridas, deberá consignarse, en la descripción ordenada, la situación y número de aquellas, haciéndose además, constar la posición en que se hubiere encontrado el cadáver, la ropa que lo cubre, nombre de la persona a la que corresponda, profesión y vecindad si fuere conocida y la dirección de los rastros de sangre o señales que se encuentren.

Artículo 147.

Cuando las circunstancias que se observaren en la persona o cosa, pudieran ser mejor apreciadas por peritos, inmediatamente después de la descripción ordenada en el artículo anterior, los nombrará el juez, haciéndose constar por diligencias el reconocimiento y el informe que emitieren.

Artículo 148.

Si para la apreciación del delito o de sus circunstancias, tuviere importancia el reconocimiento de un lugar cualquiera, el juez deberá practicar la inspección ocular y hará consignar en los autos la descripción del mismo, sin omitir ningún detalle que pueda tener valor tanto para la acusación como para la defensa.

Artículo 149.

El juez procurará recoger, en los primeros momentos, las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase, que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones o en poder del reo, o en otra parte conocida, extendiendo diligencia con expresión del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraron, describiéndolos minuciosamente, para que se pueda formar idea cabal de los mismos y del lugar y circunstancias en que se encontraron.

La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueron hallados, notificándose a la misma en el auto en que se mande a recogerlos.

Artículo 150.

Cuando en el acto de describir la persona, cosa objeto y lugar del delito, armas, instrumentos o efectos relacionados con el mismo, estuvieren presentes o fueren conocidos personas que puedan declarar acerca del modo y forma que aquel se cometió y de la causa de las alteraciones que se observaron en dichos lugares, armas, instrumentos o efectos, o acerca de su estado anterior, serán examinados inmediatamente después de la descripción, y sus declaraciones se considerarán como complemento de ella.

Artículo 151.

Cuando no hayan quedado huellas o vestigios del delito que motive el sumario, el juez averiguará y hará constar, siendo posible, si la desaparición de las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual o intencionalmente; las causas de la misma o los medios que para ello se hubiesen empleado, procediendo a recoger y consignar en el sumario las pruebas de cualquier otra clase que se adquieran acerca de la perpetración del delito.

Artículo 152.

Cuando el delito fuere de los que no dejan huella de su perpetración, el juez procurará hacer constar por declaraciones de testigos y por los demás medios de comprobación, la ejecución del delitos y sus circunstancias y la preexistencia de la cosa cuando el delito hubiese tenido por objeto la substracción de la misma.

Artículo 153.

Si la instrucción tuviese lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y la persona fuere desconocida, antes de procederse al entierro del cadáver se identificará su persona por medio de testigos, que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento. Se tomarán asimismo las impresiones digitales del cadáver.

No habiendo testigos de reconocimiento, si el estado del cadáver lo permtiere, se expondrá al público antes de practicarse la autopsia, durante veinticuatro horas al menos, y en el lugar destinado al efecto, a fin de que se comunique al juez cualquier dato que pueda contribuir al reconocimiento del cadáver o al esclarecimiento del delito y sus circunstancias.

Cuando a pesar de tales prevenciones no fuera reconocido el cadáver, recogerá el juez todas las vestiduras y demás objetos encontrados en él, a fin de que puedan servir oportunamente para hacer la identificación.

Si se le encontrase dinero o papeles de importancia, ordenará su depósito en la secretaría del juzgado.

Artículo 154.

En la instrucción señalada en el artículo anterior, cuando no aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver por el médico de los tribunales, o, en su caso, por el que el juez designe, quien describirá exactamente dicha operación, informando sobre la naturaleza de las heridas o lesiones, el origen o causa inmediata del fallecimiento y sus circunstancias.

En todos los casos, sea cual fuere el procedimiento empleado para el reconocimiento del cadáver, los peritos deben manifestar su opinión sobre si la muerte ha sobrevenido a consecuencia de las lesiones inferidas o si ha sido el resultado de causas preexistentes o posteriores extrañas al hecho consumado.

Artículo 155.

En ningún caso se decretará el secreto de pericias, reconocimientos, inspecciones, registros domiciliarios y reconstrucciones que por su naturaleza y características deban considerarse definitivas irreproductibles.

Artículo 156.

Antes de proceder a alguno de los actos a que se refiere el artículo anterior, el juez mandará, bajo pena de nulidad, que sean notificados los defensores y el *Ministro Fiscal, y la diligencia se practicará con o sin la asistencia de ellos, en la oportunidad prefijada.

Dicha notificación no es necesaria para los registros domiciliarios y secuestros, salvo el derecho de las partes de asistir, con o sin defensor, a la ejecución de la medida.

Sólo cuando exista urgencia absoluta podrá el juez proceder sin notificación o antes del término fijado, dejando constancia de los motivos, bajo pena de nulidad.

Artículo 157.

En los casos de lesiones corporales, el juez ordenará que los peritos determinen prolijamente en su informe la importancia de esas lesiones y el tiempo que han inutilizado para el trabajo al paciente. Tendrán en cuenta los peritos si concurren en las lesiones algunas de las circunstancias siguientes para constatarlas en su informe:

1º.- Si han inutilizado al paciente de una manera permanente;

2º.- Si le han ocasionado deformaciones permanentes en el rostro;

3º.- Si han puesto en peligro su vida;

4º.- Si le han producido una debilitación permanente en la salud, un órgano o un sentido;

5º.- Si le han ocasionado una dificultad permanente en la palabra o una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable;

6º.- Si le han producido la pérdida de un sentido o de un órgano o del uso del mismo, o de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir;

7º.- Si el paciente ha sido inutilizado para el trabajo por menos o por más de un mes.

Artículo 158.

En los casos de infanticidio, el juez hará que los peritos expresen en sus informes la época probale del parto, declarando si la criatura ha nacido viva, si se ha encontrado en estado de vivir fuera del seno materno, las causas que razonablemente hayan podido producir la muerte y si en el cadáver se notan o no lesiones.

Artículo 159.

En el caso de aborto, hará constatar la existencia de la preñez, los signos demostrativos de la expulsón del feto, la época del embarazo, las causas que hayan determinado el hecho y las circunstancias de haber sido provocado por la madre o algún extraño, de acuerdo o contra la voluntad de ellas y las demás circunstancias que, según el Código Penal, deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter y gravedad del delito.

Artículo 160.

Tratándose de envenenamiento, o si aparecieren señales o indicios de tal, deberá el juez ordenar que se practique la autopsia, para determinar los efectos que el veneno puede haber producido sobre los distintos órganos y que sirvan para comprobar la causa de la muerte y las substancias que la hayan producido.

Deberá ordenar asimismo el análisis químico del veneno o las substancias a que se atribuye ese carácter.

Artículo 161.

Si se trata de robo o de cualquier otro hecho cometido con efracción, violencia o escalamiento, el juez deberá hacer constar y descubrir las huellas y rastros del delito, ordenando a los peritos que expliquen de qué manera, con que instrumentos o medios y en qué época consideran que el hecho ha sido verosímilmente ejecutado.

Artículo 162.

En los robos y hurtos o sustracciones, deberá comprobarse, ante todo, cuando menos por semiplena prueba, la existencia anterior y la desaparición de las cosas robadas o sustraídas.

En defecto de esa comprobación, se admitirá la declaración jurada del dueño, siendo persona de notoria honradez o buena conducta, y que, además, por su posición, haya podido poseer las cosas robadas o substraídas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por hacerse una denuncia falsa o maliciosa.

Artículo 163.

En los casos de incendio voluntario, el juez hará que los peritos determinen en sus informes, el lugar, la manera y la época en que se ha cometido; la calidad de las materias incendiadas empleadas en su ejecución; el mayor o menor peligro para la vida de las personas o para la ruina y deterioro de las propiedades; las desgracias personales que haya producido; el lugar en que empezó el fuego; la causa de su desarrollo y si pudo o no fácilmente extinguirse. Deberá determinar, igualmente, la importancia aproximativa de los daños y perjuicios ocasionales por el incendio.

Artículo 164.

La confesión espontánea no eximirá al juez de practicar las diligencias que quedan descriptas, con el mismo celo y actividad que en los demás casos.

Artículo 165.

En caso de ser necesaria la exhumación de un cadáver, el juez ordenará y la practicará personalmente, acompañado del actuario, el facultativo, el sepulturero y algunos testigos que hubieren asistido al entierro, si fuera olvidado el lugar donde se encuentra el cadáver. Practicados los reconocimientos necesarios, dispondrá nuevamente que sea sepultado, dejando constancias en autos de todo lo obrado.

Artículo 166.

En los casos de falsedad cometida en instrumento público o provado, se hará por peritos el cotejo de los verdaderos con los falsos; si se tratare de falsedad que se comete contrahaciendo o fingiendo letra, firma, sello o marca, el juez mandará practicar también por peritos el cotejo de la firma, letra, sello o marca argüídos de falsos, con otras indubitadas.

Artículo 167.

Si por tratarse de falsificación cometida en instrumentos públicos o efectos existentes en dependencias del Estado, hubiere imprescindible necesidad de tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por parte del juez, se reclamarán de las oficinas o autoridades correspondientes, sin perjuicio de devolverlos después de terminada la causa.

Artículo 168.

Los jueces podrán ordenar a los comisarios de policía directamente, la ejecución de diligencias en los procesos en que intervengan dentro de los límites de su jurisdicción. El empleado instructor recibirá directamente órdenes del juez para la instrucción.

El jefe de policía, dentro del término de veinticuatro horas, designará, a requisición del juez, el funcionario policial que deberá instruir el sumario. Hecha la designación, la hará saber dentro del mismo término al juez de la causa y no podrá sustituir al funcionario encargado de la instrucción sin consentimiento de aquel magistrado. Si el juez no accediere a la sustitución cuando el jefe de policía la considere indispensable, el caso será resuelto por la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional con los antecedentes que deberán serle remitidos. Continuará la instrucción hasta que el caso sea resuelto el empleado que estuviere encargado de ella.

Artículo 169.

Si hay motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito o que allí pueda efectuarse el arresto del imputado o de una persona sospechada de criminalidad o evadida, el juez ordenará el registro de ese lugar, con resolución fundada.

El juez puede disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la policía, en cuyo caso la orden contendrá el nombre del funcionario encargado de practicarla y el lugar, día y hora en que debe efectuarse. El funcionario delegado actuará con dos testigos.

Artículo 170.

Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar desde que sale hasta que se pone el sol, salvo que el interesado o su representante presten su consentimiento.

Sin embargo, en los casos sumamente graves y urgentes o en que se considere que peligra el orden público, el allanamiento podrá efectuarse a cualquier hora.

Artículo 171.

El horario establecido en el artículo anterior no rige:

1º.- Para los edificios destinados al servicio administrativo nacional, provincial o municipal;

2º.- Para los edificios destinados a cualquier establecimiento de reunión o de recreo;

3º.- Para cualquier otro edificio o lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales.

Para la entrada y registro en el recinto de la Cámara de Diputados, el juez necesitará la autorización del Presidente de la misma.

Artículo 172.

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Policía podrá proceder al allanamiento, sin previa orden judicial;

1º.- Cuando se denuncie que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito;

2º.- Cuando se introduzca en alguna casa algún imputado de delito grave, a quien se persigue para su aprehensión;

3º.- Cuando se oigan voces dentro de la casa que anuncien estar cometiendo algún delito o cuando se pida socorro.

Artículo 173.

La orden de allanamiento se notificará al que habita o posee el lugar en que debe efectuarse o en caso de ausencia de éste, a su encargado.

Si tampoco se encontrare el encargado, se notificará a cualquier otra persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los miembros de la familia del interesado. Se invitará al notificado a presenciar el registro, bastando, al efecto, una comunicación verbal.

Si no se hallare a nadie, se hará constar así en el acta por ante dos testigos, prefiriéndose a vecinos.

Practicado el registro, se consignará en acta su resultado, expresando las circunstancias de interés para el proceso. La diligencia será firmada por los concurrentes y, si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón.

Artículo 174.

Cuando para el cumplimiento de sus funciones o por razones de higiene, moralidad u orden público alguna autoridad provincial o municipal competente necesitara practicar registros domiciliarios, solicitará al juez orden de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido. Para resolver la solicitud, el juez podrá requerir las informaciones que estime pertinentes.

Artículo 175.

Si hay motivos suficientes para presumir que alguien oculta consigo las cosas relacionadas con un delito, el juez, en resolución fundada, ordenará su requisa. Antes de procederse a ella, puede invitarse a la persona exhibir la cosa cuya ocultación presume.

La requisa sobre el cuerpo de una mujer será practicada por otra mujer, cuando no importe demora en perjuicio de la investigación.

Las requisas se practicará separadamente, respetando en lo posible el pudor de las personas.

La operación se hará constar en acta, con la firma del requisado.

Si éste se negara a suscribirla, se hará constar en el acto.

Artículo 176.

El juez puede disponer que las cosas relacionadas con el delito o sujetas a confiscación o que puedan servir como medio de prueba, sean conservadas o recogidas, para lo cual, cuando sea necesario, ordenará el secuestro de las mismas.

En casos urgentes, esta medida puede ser deligada a un funcionario de la policía, en la forma prescripta para los registros.

Artículo 177.

En vez de la orden de secuestro, el juez podrá disponer, cuando sea oportuno, la presentación de los objetos y documentos a que se refiere el artículo anterior; pero esta orden no podrá dirigirse a las personas que pueden abstenerse de declarar como testigos, por parentesco, secreto profesional o secreto de estado.

Artículo 178.

Las cosas o efectos secuestrados serán inventariados y colocados bajo segura custodia, a disposición del tribunal. En caso necesario, podrá disponerse el depósito, requiriendo fianza al depositario.

El juez puede disponer que se obtengan copias o reproducciones de las cosas secuestradas, cuando éstas puedan alterarse, desaparecer o sean de difícil custodia o cuando así convenga a la instrucción.

Las cosas secuestradas será aseguradas con la aposición del Sello del Tribunal y con la firma del juez y secretario, debiendo firmarse los documentos en cada una de sus fojas.

Si es necesario remover los sellos, se procederá a ello, previa verificación de la identidad e integridad de los mismos y, concluído el acto, volverán a sellarse, dejando constancia del hecho en las actuaciones .

Cuando se tratare de vehículos automotores, motocicletas y otros bienes muebles de significativo valor económico, no se entregarán en depósito sino a su propietario y/o poseedor legítimo. Cuando hayan transcurrido sesenta (60) días desde el secuestro sin que hubiere mediado reclamo por parte de sus propietarios y/o poseedor legítimo, los vehículos automotores podrán ser solicitados en depósito al Juez o Tribunal por el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, exclusivamente y a cargo del funcionario que el mismo indique. En el caso del Poder Ejecutivo la solicitud deberá ser efectuada por la máxima autoridad del área donde se destine el bien. En el Poder Legislativo por las autoridades del mismo y por los Presidentes de Bloque oficialmente reconocidos y el el Poder Judicial por los Señores Magistrados con conocimiento de la Sala de Superintendencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia. Este depósito será bajo la responsabilidad del Estado y los automotores deberán ser afectados exclusivamente al cumplimiento de las funciones oficiales que se indiquen en la petición del depósito. La parte depositaria deberá presentar el bien cada seis meses para su verificación del estado de existencia y conservación del mismo, debiéndose labrar el acta respectiva, en donde deberá hacer constar a cargo de que funcionario se encuentra el bien. La persona en cuyo poder se encontraba el bien está facultada en el momento del secuestro o inmediatamente después de producido, a exigir se le expida copia de un acta en donde se hará constar el estado de conservación, existencia de accesorios y todo otro dato que asegure la individualización y preservación de la cosa. El acta será firmada por las autoridades intervinientes y el interesado, quien en caso de negativa hará constar sus motivos.

Artículo 179.

Siempre que lo considere útil para la comprobación del delito, el juez podrá ordenar, por oficio, la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal o telgráfica o de todo otro efecto en que el imputado intervenga, aún bajo nombre supuesto, como destinatario o remitente.

Artículo 180.

Recibidos los envíos o la correspondencia, el juez procederá a su apertura y se levantará acta.

Examinará los objetos y leerá por sí el contenido de la correspondencia; si tiene relación con el proceso, ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes próximos, bajo constancia.

Artículo 181.

El juez podrá ordenar la intervención de comunicaciones telefónicas expedidas o recibidas por el imputado, para impedirlas o conocerlas.

Artículo 182.

No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo.

Artículo 182 BIS. Derogado

 

Artículo 183.

La incomunicación del imputado sólo podrá ser decretada por el juez cuando exista causa bastante, que se hará constar.

La incomunicación absoluta no podrá durar más de veinticuatro horas.

Artículo 184.

Se permitirá al incomunicado el uso de libros, recado de escribir y demás objetos que pidiere, con tal que no puedan servir de medio para eludir la incomunicación o para atentar contra su vida.

Los objetos referidos no serán entregados al incomunicado sino después que el juez los haya reconocido y autorizado su introducción al local en que aquél se hallare.

Artículo 185.

El alcaide de la cárcel o jefe del establecimiento cuidará, bajo su responsabilidad, de que el incomunicado no se relacione con más personas que las que permitiere el juez.

Artículo 186.

El juez podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o para establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto.

Artículo 187.

Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que haga la descripción de la persona y para que diga si ya antes de ese acto la ha reconocido o visto personalmente o en imagen.

El declarante, no siendo el imputado, prestará juramento.

Artículo 188.

La diligencia de reconocimiento se practicará en seguida poniendo a la vista del que haya de verificarlo, la persona que deba ser reconocida y haciéndola comparecer con otras en condiciones exteriores semejantes, entre las que el sujeto a reconocer elegirá la colocación. En presencia de todas ellas o desde un punto en que no pueda ser visto, según el juez lo estime conveniente, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en a rueda la persona a la que haya hecho referencia, designándola, en caso afirmativo, clara y determinadamente.

De la diligencia se labrará acta, haciendo constar todas las circunstancias, incluso el nombre de los que han formado en la rueda.

Artículo 189.

Cuando varias personas deban reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente, sin que aquellas se comuniquen entre sí, pudiendo labrarse una sola acta.

Cuando fuesen varios los que hubieren de ser reconocidos por la misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.

Artículo 190.

Cuando sea necesario identificar o reconocer a una persona que no esté presente y no pueda ser traída y de una de ellas se tenga fotografías, se presentarán éstas con otras semejantes de distintas personas al que deba efectuarse el reconocimiento y se observará, en lo demás, las disposiciones precedentes.

Artículo 191.

Antes del reconocimiento de una cosa, el juez invitará a la persona que deba verificarlo a hacer una descripción de la misma, de lo que se hará una mención en el acta.

En lo demás, se observará, en lo posible, las reglas precedentes.

Artículo 192.

Cuando haya motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el juez procederá a interrogarla en presencia del defensor, si así lo pidieren éste o el imputado.

Artículo 193.

Si el imputado estuviere detenido, será interrogado inmediatamente o, a más tardar, dentro de veinticuatro horas a contar desde que fue puesto a disposición del juez. Este término podrá prorrogarse por otras veinticuatro horas cuando el juez no hubiese podido recibir la declaración o cuando lo pida el imputado para nombrar defensor.

Artículo 194.

Si en el mismo delito apareciere complicada más de una persona, la declaración se tomará separadamente a cada una de ellas.

Artículo 195.

Antes de proceder al interrogatorio sobre el hecho, el juez formulará un interrogatorio de identificación, invitando al imputado a declarar su nombre, apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, estado, edad, profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio actual y principales lugares de residencia anterior; nombre, estado y profesión de los padres; si ha sido procesado y, en su caso, por qué causa, por qué tribunal, qué sentencia recayó y si ella fué cumplida.

Artículo 196.

Terminado el interrogatorio de identificación, el juez informará al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, que puede abstenerse de declarar y que tiene el derecho de nombrar defensor, procediendo conforme al artículo 70º.- Si el imputado se negare a declarar, ello se hará constar en acta suscripta por él. Si rehusara suscribirla, se consignará el motivo.

Artículo 197.

El inculpado será preguntado:

1º.- Por su nombre y apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, edad, estado, profesión u oficio, educación recibida, si acostumbra a beber, jugar, cargar armas, el nombre de sus padres, de sus hermanos, si viven, domicilio y nacionalidad.

2.- Sobre el sitio en que se hallaba el día y hora en que se cometió el delito;

3º.- Si ha tenido noticias de él y de qué manera;

4º.- Con qué persona se acompañó;

5º.- Si conoce al delincuente y sus cómplices o auxiliadores;

6º.- Si estuvo con ellos antes de perpetrarse el delito y de que asuntos trató;

7º.- Si conoce el instrumento con que el delito fue cometido o cualesquiera otros objetos que con él tengan relación, los cuales le serán mostrados al efecto;

8º.- Por órden de quién fue preso, dónde y en qué día;

9º.- Si ha sido preso o procesado en alguna otra ocasión, y en su caso, en qué juzgado, qué sentencia recayó y si se ha cumplido la condena que se le impuso;

10º.-Por todos los demás hechos y pormenores que puedan conducir a descubrir los antecedentes y causas que motivaron el delito y que produjeron su ejecución como también todas las circunstancias que hayan precedido, acompañado o seguido a esa ejecución y que sirvan para establecer la mayor o menor gravedad del hecho y la mayor o menor culpabilidad del indicado, conforme lo dispone el artículo 41º del Código Penal.

Artículo 198.

En ningún caso las declaraciones del imputado se requerirán bajo juramento o promesa o mediante coacción o engaño.

Artículo 199.

El juez dirigirá al indagado las preguntas que crea convenientes, pero éstas no se formularán, en ningún caso, de manera ambigua, capciosa o sugestiva, ni las respuestas podrán ser instadas perentoriamente. Si se notaren, por la duración del acto, signos de fatiga o falta de serenidad en el indagado, el interrogatorio será suspendido hasta que ellos desaparezcan. El imputado puede dictar las respuestas.

Artículo 200.

Concluído el interrogatorio, el imputado y su defensor podrán leer el acta. Si no lo hicieren, la leerá el actuario en alta voz, haciéndose meción de ello, bajo pena de nulidad. Después de la lectura, el declarante hará las aclaraciones o rectificaciones que desee, sin alterarse lo escrito y finalmente suscribirán el acta todos los presentes. Si alguno de los que asisten no pudiere o no quisiere hacerlo, el hecho se hará constar y el acta valdrá sin esa firma.

Artículo 201.

Si el imputado, por ignorancia del idioma nacional o por ser sordomudo, no supiere darse a entender o si fuere ciego, se procederá de acuerdo a los artículos 80º, 91º y 234º.

Artículo 202.

El imputado puede declarar cuantas veces quiera y la declaración se recibirá siempre que tenga relación con la causa y no sea un mero procedimiento dilatorio o perturbador.

Artículo 203.

El juez debe investigar todos los hechos y circunstancias a que el imputado se haya referido, en cuanto sean útiles y pertinentes.

Artículo 204.

Recibida la indagatoria, el juez remitirá a la oficina respectiva los datos personales del imputado y ordenará a la misma que proceda a la identificación de éste. La oficina remitirá la planilla que confeccione, en triple ejemplar, uno de los cuales se agregará al proceso y los otros se emplearán en el cumplimiento de los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley Nacional Nº 11.752.

Artículo 205.

El juez interrogará a toda persona informada de los hechos investigados y cuya declaración se considere útil al descubrimiento de la verdad. Salvo las excepciones establecidas por la ley, nadie puede negarse a declarar como testigo.

Artículo 206.

Toda persona es capaz de atestiguar, sin perjuicio de las facultades del juez de apreciar el valor del testimonio.

Artículo 207.

No pueden declarar como testigos contra el imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, salvo que el delito sea ejecutado en su contra o contra una persona cuyo parentesco con ellos sea igual o más próximo al que los liga con el imputado.

Artículo 208.

Pueden abstenerse de declarar como testigos siempre que no sean denunciantes o querellantes: los parientes colaterales del imputado hasta el cuarto grado civil; sus afines hasta el segundo; sus tutores y pupilos.

El juez, bajo pena de nulidad y dejando constancia de ello, deberá advertir a dichas personas de esta facultad, la cual podrá hacerse valer aun después de iniciada la declaración.

Artículo 209.

Deberá abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que llegaren a su conocimiento en razón de su propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad:

1º.- Los ministros de un culto admitido.

2º.- Los abogados, procuradores y escribanos.

3º.- Los médicos, farmacéuticos, parteras, y demás auxiliares en el arte de curar.

4º.- Los militares y funcionarios públicos sobre secretos de estado.

5º.- Los peridistas profesionales, a que se refiere el art. 2º de la Ley Nacional Nº 12.908, modificado por la Ley Nº 15.532.

Las personas mencionadas en los numeros 2), 3) 4) y 5) no podrán negar sus testimonios cuando sean liberados del deber de guardar secreto. Podrán abstenerse de declarar los periodistar profesionales a que se refiere el Art. 2º de la Ley Nacional 12.908, y su modoficatoria, sobre las informaciones y sus fuentes de las que tome conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de su profesión, cualquiera fuere su naturaleza. El citado a testimoniar, no podrá oponer el secreto profesional cuando la fuente de su información lo relevara expresamente del mismo.

Si el testigo invocara erróneamente la obligación del secreto sobre un hecho que no puede estar comprendido en ella, el JUez procederá sin más trámite a interrogarlo.

Artículo 210.

Para el examen de testigos, el juez expedirá orden de citación que contenga:

1º.- Los datos personales del testigo;

2º.- La autoridad ante la cual debe comparecer y lugar, día y hora en que se presenta la citación;

3º.- La indicación de la sanción en que incurrirá si no se presentare.

En casos urgentes el testigo puede ser citado verbalmente.

El testigo podrá también presentarse espontáneamente y de ello se dejará constancia.

Artículo 211.

Cuando sea considerable la distancia entre el lugar en que se encuentre el juez y la residencia del testigo y la importancia de la causa no haga necesaria la presencia de éste, podrá librarse exhorto o mandamiento para que reciban la declaración las autoridades del lugar de residencia.

En caso contrario, se fijará prudencialmente la indemnización que corresponda al citado.

Artículo 212.

Si el testigo no se presentare a la primera citación, se procederá conforme al artículo 103º sin perjuicio de su procesamiento, cuando corresponda.

Si, después de comparecer, el testigo se negare a declarar, se dispondrá su arresto hasta por dos días, al término de los cuales, persistiendo la negativa, se inciará contra él causa criminal.

Artículo 213.

Podrá ordenarse el inmediato arresto de un testigo, cuando carezca del domicilio o cuando haya temor fundado de que se oculte, fugue o ausente.

Artículo 214.

Antes de comenzar la declaración, los testigos serán instruídos acerca de las penas de falso testimonio y prestarán juramento, con excepción de los menores de catorce años.

En seguida, el juez procederá a interrogar separadamente *acada testigo requiriendo su nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio y vinculos de parentesco o de interés con las partes u otras circunstancias que servan para apreciar su vencidad.

Después de ello lo interrogará sobre el hecho y se labrará el acta conforme a los artículos 79º y 90º.

Artículo 215.

Si el testigo no sabe darse a entender por desconocer el idioma nacional o por ser sordomudo, o si es ciego, se procederá de acuerdo a los artículos 80º, 91º y 234º.

Artículo 216.

No están obligados a comparecer y pueden prestar su declaración por un informe escrito expresando que lo emiten bajo juramento: el Presidente y Vicepresidente de la Nación y los ministros nacionales; los gobernadores y vicegobernadores de provincia y sus ministros; los miembros del Congreso y de las legislaturas; los del Poder Judicial nacional o provinciales; los de los tribunales militares; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los jefes del ejército y de la marina desde el grado de coronel; los altos dignatarios del clero y los rectores de universidad.

Artículo 217.

Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas, serán examinadas en su domicilio.

Artículo 218.

Si un testigo se produce con falsedad, se ordenarán las copias pertinentes y se remitirán al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de ordenarse la detención.

Artículo 219.

El juez podrá ordenar una pericia cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa, fuesen necesarios o convenientos conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica.

Artículo 220.

Los peritos deberá tener títulos de tales en la materia que pertenezca al punto sobre el que han de expedirse y estar inscriptos en las listas formadas por el Superior Tribunal de Justicia. No estando la profesión reglamentada o no existiendo peritos diplomados o inscriptos, deberán designarse a personas de conocimientos o prácticas reconocidos.

Artículo 221.

El juez designará de oficio un perito, salvo que considere indispensable que sean más. Notificará esta medida al Ministerio Fiscal y a las partes, antes de que se inicien las operaciones, bajo pena de nulidad, siempre que no haya urgencia absoluta o que la indagación sea extremadamento simple. En estos casos, bajo la misma sanción se notificará al imputado que se realizó la pericia, a fin de que pueda hacerla examinar por medio de otro perito que elija y pedir, en su caso, la reproducción.

Artículo 222.

El imputado y la parte civil, el el término que el juez fije al ordenar la notificación establecida en la primera parte del artículo anterior podrán proponer a su costa, cada uno otro perito de las condiciones establecidas en el artículo 220º.

Si los imputados fueren varios y no se *pudieren de acuerdo, el juez designará uno entre los propuestos.

Artículo 223.

Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del juez para desempeñar un servicio pericial, si no estuviere legítimamente impedido. En este caso deberá ponerlo en conocimiento del juez, en el acto de recibir el nombramiento.

Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo juramento.

Artículo 224.

No podrán ser peritos:

1º.- Los menores de edad y los insanos;

2º.- Los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos y los que en la causa hayan sido llamados como tales;

3º.- Los condenados e inhabilitados.

Artículo 225.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son causas legales de excusación o recusación de los peritos las que se establecen para los jueces. El incidente será resuelto por el juez, sin recurso, oído el interesado y *precia averiguación sumaria.

Artículo 226.

El juez dirigirá la pericia, formulará concretamente las cuestiones, fijará el plazo en que ha de expedirse y, si lo juzga conveniente, asistirá a las operaciones. Podrá igualmente autorizar al perito para examinar las actuaciones y asistir a determinados actos procesales.

Artículo 227.

Tanto el juez como los peritos procurarán que las cosas examinadas sean, en lo posible, conservadas, de modo que la pericia, si es el caso, pueda renovarse. Si fuere necesario destruir o alterar los obetos analizados o si hubiere discrepancia sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deberán dar cuenta al juez, antes de proceder.

Artículo 228.

Los peritos practicarán unidos el examen, al que podrán asistir el Ministerio Fiscal y las partes, con facultad de formular observaciones. Concluído, los peritos se retirarán a deliberar y a redactar su informe en común si estuviesen de acuerdo. En caso contrario redactarán sus respectivos informes .

Si los informes disidentes fueran en número par, el juez podrá nombrar otro perito para que examine los dictámenes producidos en informe sobre su mérito con o sin la realización de nuevas operaciones, según sea posible o necesario.

Artículo 229.

El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o en forma de declaración y comprenderá, si fuere posible.

1º.- La descripción de la persona, cosa o hecho examinados en las condiciones en que se hallaren;

2º.- Una relación detallada de todas las operaciones practicadas y de sus resultados;

3º.- Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica;

4º.- La fecha en que la operación se practicó.

Artículo 230.

El juez requerirá informe pericial para establecer si el imputado es persona socialmente peligrosa, cuando tal circunstancia sea exigida por la ley para la aplicación de una sanción.

Las pericias psiquiátricas no podrán versar sobre caracteres genéricos de la personalidad del sujeto examinado e independiente de causas patológicas.

Artículo 231.

Cuando se trate de examinar o cotejar algun documento falso, el juez ordenará la presentación de escrituras de comparación, pudiendo utilizarse escritos privados, si no hubiese dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de esos escritos, podrá disponer el secuestro, salvo que el tenedor de ellos sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo.

El juez podrá disponer que alguna de las partes forme cuerpo de letra y de la negativa se dejará constancia.

Artículo 232.

Sin perjuicio de las responsabilidades penales, el juez podrá corregir con medidas disciplinarias la negligencia o el mal desempeño de los peritos y, en su caso, sustituirlos.

Artículo 233.

Los peritos nombrados de oficio tendrán derecho a cobrar honorarios, a menos que tengan sueldo de la Provincia o de las municipalidades con cargos desempeñados en virtud de conocimientos especiales en la ciencia, arte o técnica que la pericia requería.

El perito nombrado a petición de parte, podrá cobrar siempre directamente a ésta o al condenado en costas.

Artículo 234.

Para interpretar o traducir documentos o declaraciones que se encuentren o deban producirse en lengua distinta del castellano, el juez nombrará un intérprete.

El declarante puede escribir su declaración, la que se insertará en autos junto con la traducción.

Deberá nombrarse intérprete aun cuando el juez tenga conocimiento personal de la lengua o del dialecto que se trate de interpretar.

Artículo 235.

En cuanto a la capacidad para ser intérprete, incompatibilidades, excusación, recusación, derechos y deberes, término y sanciones disciplinarias, regirán las disposiciones relativas a los peritos.

Artículo 236.

Podrá ordenarse el careo de personas que hayan declarado o sido examinadas en el proceso, cuando entre ellas hubera discrepancia sobre los hechos o circunstancias importantes; pero el imputado no podrá ser obligado a carearse.

El careo, por regla general, no podrá realizarse entre dos mo más personas.

Artículo 237.

Los careados prestarán juramento antes del acto, a excepción del imputado. Al careo de éste puede asistir su defensor.

Artículo 238.

En el careo se leerá, en lo pertinente, las declaraciones que se reputen contradictorias y se llamará la atención de los careados sobre las discrepancias, a fin de que entre sí se reconvengan y traten de acordarse. De la ratificación o rectificación que resulte se dejará constancia, así como de las reconvenciones que se hagan los careados y de cuanto en el acto ocurra; pero no se hará referencia a las impresiones del juez acerca de la actitud de los careados.

Artículo 239.

Cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y estimare cumplida la instrucción, correrá vista sucesiva a la parte querellante y al Agente Fiscal por el término de seis (6) días.

Artículo 240.

La parte querellante y el Fiscal, al expedirse manifestarán:

1º.- Si la instrucción está completa o, en caso contrario, qué diligencias juzgan necesarias;

2º.- En caso de estimarlo completo, si corresponde sobreseer o elevar la causa a juicio, haciendo constar, bajo pena de nulidad, las generales del imputado, la relación circunstanciada de los hechos y su calificación legal.

Artículo 241.

Si el Fiscal o la parte querellante solicitan las diligencias probatorias, el Juez las practicará si las considera pertinentes y útiles y, una vez cumplidas, les devolverá los autos para que sucesivamente se expidan conforme el inciso 2) del artículo anterior.

Artículo 242.

El sumario quedará clausurado, sin necesidad de especial declaración, cuando el Fiscal se expida sin pedir diligencias o cuando el juez le devuelva los autos después de practicar las solicitadas.

Artículo 243.

Cuando el Fiscal se expida por elevación a juicio, se notificarán las conclusiones del dictamen al defensor del imputado y se pondrán "a la oficina" los autos y las piezas de convicción.

Artículo 244.

Dentro del plazo de tres días, el defensor podrá:

1º.- Oponer excepciones;

2º.- Deducir oposición formal a la elevación a juicio de la causa, instando al sobreseimiento.

Artículo 245.

Cuando el defensor oponga excepciones, se procederá conforme a lo dispuesto en el título correspondiente.

Si se dedujere oposición a la elevación a juicio, el juez, en el plazo de seis días, dictará un auto sobreseyendo o enviando a juicio.

Artículo 246.

El auto de remisión a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad:

1º.- Las generales del imputado, de la parte civil damnificada y de la civilmente responsable;

2º.- La relación del hecho, sus circunstancias y su calificación legal;

3º.- Una exposición sumaria de los motivos de la decisión;

4º.- La parte dispositiva;

5º.- La fecha y firma del juez y del secretario.

Artículo 247.

El auto que eleve a juicio la causa no es apelable.

El auto de sobreseimiento podrá ser apelado por el Fiscal y la parte querellante.

Artículo 248.

Si no hay instancia de sobreseimiento y el juez no ejerce la facultad de dictarlo, los autos seguirán su curso. Esta resolución debe dictarse dentro de tres días, a contar del vencimiento del plazo de oposición.

Artículo 249.

Cuando el Fiscal opine que no debe elevarse la causa y pida el sobreseimiento, si el juez no está conforme remitirá los autos al Fiscal de Cámara para que dictamine si debe o no sobreseerse.

Si el Fiscal de Cámara está de acuerdo con el Fiscal, el sobreseimiento será obligatorio para el juez. En caso contrario, el proceso será remitido a otro Fiscal, quien formulará requisitoria conforme al artículo 240º y en base a los fundamentos y conclusiones del superior jerárquico.

En este caso, el defensor no podrá deducir oposición y la causa será elevada a juicio sin más trámite.

Artículo 250.

Cuando existan varios imputados, deberá dictarse el auto prescripto por el artículo 245º respecto de todos, aunque uno solo haya deducido oposición.

Artículo 251.

Cuando las pruebas reunidas no sean suficientes para disponer la elevación a juicio ni corresponda tampoco el sobreseimiento definitivo, se decretará el provisional dejando el proceso abierto hasta la aparición de nuevos datos o comprobantes durantes seis meses, al cabo de los cuales, si no se adelantara la investigación, se convertirá en definitivo, a petición de parte.

El proceso continuará para los coimputados que hubiere.

Artículo 252.

La persona contra la cual se ha iniciado o esté por inciarse un proceso, tiene la facultad de presentarse al juez competente a fin de declarar. Si la declaración es recibida en la forma prescripta para la indagatoria, vale como tal, a cualquier efecto.

La presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, si es el caso.

Artículo 253.

Salvo los casos de flagrancia, cuando el hecho imputado no tenga pena privativa de la libertad o cuando, pueda corresponder condena condicional, el juez ordenará el comparendo por simple citación, a no ser que haya motivos fundados para presumir que la orden no será cumplida o que el citado intentará destruir los rastros de la infracción o inducir a alguien en falsas declaraciones.

Si el citado no se presentare ni justificare un impedimento legítimo, se ordenará la detención.

Artículo 254.

Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el juez librará orden de detención para el comparendo del imputado, cuando tenga fundamento para recibirle indagatoria.

Artículo 255.

La orden de detención será escrita, contendrá las generales del imputado o datos que sirvan para identificarlo y el hecho que se le atribuye y será notificada en el momento de ejecutarse o inmediatamente después.

En caso de urgencia, el juez podrá impartir la orden verbalmente, haciéndolo constar.

La detención se efectuará de modo que perjudique lo menos posible a la persona y reputación del imputado.

Artículo 256.

El funcionario o empleado de policía que haya practicado una detención sin orden, deberá presentar inmediatamente al detenido ante la autoridad judicial competente más próxima.

Artículo 257.

Cuando una detención deba practicarse en otra jurisdicción, se solicitará el cumplimiento de la medida mediante el correspondiente pedido de extradición insertándose al exhorto copia del auto de detención.

Si el procesado se encontrare en territorio de un Estado extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática.

Artículo 258.

En el plazo de seis días a contar desde la comparecencia o detención del imputado, el juez dictará auto de procesamiento, siempre que medien, conjuntamente, las siguientes circunstancias:

1º.- Que conste la existencia de un hecho delictivo;

2º.- Que haya elementos de convicción suficientes para juzgar que el imputado tuvo participación en el delito.

Artículo 259.

El auto de procesamiento será fundado y deberá contener, bajo pena de nulidad:

1º.- Las generales del imputado;

2º.- Una somera enunciación de los hechos que se le atribuyen;

3º.- La calificación legal del hecho, con la mención de las disposiciones aplicables;

4º.- El dispositivo;

5º.- La firma del juez y del secretario.

Artículo 260.

En ningún caso podrá decretarse el procesamiento sin haberse recibido indagatoria al imputado o sin que conste formalmente su negativa a declarar.

Artículo 261.

Cuando el hecho por el cual se decreta el procesamiento esté reprimido con pena privativa de la libertad, en el auto se agregará la orden de mantener al imputado en prisión preventiva.

Artículo 262.

Al decretarse el procesamiento de una persona a la que deje en libertad provisonal, el juez podrá disponer que no se ausente de determinado lugar, que no concurra a determinado sitio o que se presente a la autoridad los días que fije.

Si es aplicable alguna inhabilitación especial, podrá disponer también, preventivamente, que se abstenga de esa actividad.

Artículo 262 bis.

En las causas por infracción a los Arts. 84º y 94º del Código Penal cuando las lesiones o muertes sean consecuencia del uso de automotores el juez podrá en el auto de procesamiento inhabilitar provisoriamente al procesado para conducir reteniéndole a tal efecto la licencia habilitante y comunicando la resolución al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.

Esta medida cautelar durará como mínimo tres (3) meses y podrá ser prorrogada por períodos no inferiores al mes hasta el dictado de la sentencia. La medida y sus prórrogas podrán ser revocadas o apeladas.

El período efectivo de inhabilitación provisoria puede ser computado para el cumplimiento de la sanción de inhabilitación solo si el imputado aprobare un curso de los contemplados en el Art. 83º inc. d) de la Ley Nacional Nº 24.449.

Artículo 263.

Si previo dictámen de los peritos es presumible que el imputado, en el momento de cometer el hecho, se encontraba en estado de enfermedad mental que lo haga inimputable, podrá disponerse, provisionalmente, su internación en un establecimiento especial.

Artículo 264.

Cuando por el hecho atribuído pueda ser aplicable una pena no mayor de seis meses de prisión y se tratare de mujeres honestas, de personas mayores de sesenta años o de valuetudinarias, podrá disponerse que la prisión preventiva sea cumplida en la casa del imputado.

Artículo 265.

El auto de procesamiento no causa estado y es reformable de oficio. Contra él, puede interponerse apelación con efecto devolutivo.

Artículo 266.

Si en el término fijado por el artículo 258º el juez juzgare que no hay mérito para dictar auto de procesamiento y no procede sobeseer, dictará auto que así lo declare, sin perjuicio de proseguir la investigación. Si hay detenidos, se ordenará su libertad, después que el librado haya constituído domicilio.

Los autos de procesamiento y falta de mérito, podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción. Contra ellos sólo podrá interponerse apelación sin efecto suspensivo, del primero por el imputado o el Ministerio Público; del segundo, por este último y el querellante particular.

Artículo 267.

VER ANEXO A

Artículo 268.

VER ANEXO A

Artículo 269.

VER ANEXO A

Artículo 270.

VER ANEXO A

Artículo 271.

VER ANEXO A

Artículo 272.

VER ANEXO A

Artículo 273.

VER ANEXO A

Artículo 274.

VER ANEXO A

Artículo 275.

VER ANEXO A

Artículo 276.

VER ANEXO A

Artículo 277.

VER ANEXO A

Artículo 278.

VER ANEXO A

Artículo 279.

VER ANEXO A

Artículo 280.

VER ANEXO A

Artículo 281.

VER ANEXO A

Artículo 282.

VER ANEXO A

Artículo 283.

VER ANEXO A

Artículo 284.

VER ANEXO A

Artículo 285.

VER ANEXO A

Artículo 286.

VER ANEXO A

Artículo 287.

VER ANEXO A

Artículo 288.

En cualquier estado de la instrucción, el juez podrá decretar el sobreseimiento total o parcial.

El sobreseimiento por la causal establecida en el inciso 4º del artículo 290º podrá pedirse y dictarse en cualquier estado del proceso.

Artículo 289.

El sobreseimiento definitivo cierra el proceso definitiva e irrevocablemente con relación al imputado a cuyo favor se dicta.

El valor de este pronunciamiento, respecto a la acción civil, se rige por los principios generales aplicables a la sentencia absolutoria.

Artículo 290.

El sobreseimiento definitivo procederá:

1º.- Cuando el hecho no haya sido cometido o no lo haya sido por el imputado;

2º.- Cuando el hecho no constituye delito;

3º.- Cuando aparecieren, de modo indudable, exentos de responsabilidad criminal los procesados;

4º.- Cuando medie una causa extintiva de la acción penal.

Artículo 291.

El sobreseimiento será provisional:

1º.- Cuando los medios de justificación acumulados en el proceso no sean suficientes para demostrar la perpetración del delito;

2º.- Cuando, comporbado el hecho criminal, no aparezcan indicaciones o pruebas bastantes para designar a sus autores, cómplices o encubridores.

Artículo 292.

El sobreseimiento se resolverá por auto en el cual se analizarán las causales, en lo posible por el orden enumerado en los artículos anteriores.

Cuando se funde en alguno de los tres primeros incisos del artículo 290, podrá contener la declaración de que el proceso no afecta el honor de que hubiese gozado el imputado.

Artículo 293.

El auto de sobreseimiento ya sea definitivo o provisional, será apelable en el término de tres (3) días por el Ministerio Fiscal y la parte querellante, sin efecto suspensivo, y podrá serlo también por el imputado o su defensor cuando no se haya observado el orden de motivaciones que establece el Artículo 290º, o cuando se le imponga a aquél una medida de seguridad.

Artículo 294.

Decretado el sobreseimiento, se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido; en caso de ser definitivo, se despacharán las comunicaciones al Registro de Reincidentes y, si es total, se archivarán los autos y piezas de convicción que no corresponda restituir.

Artículo 295.

Durante el sumario, el Ministerio Fiscal y las partes podrán interponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:

1º.- Falta de jurisdicción;

2º.- Falta de acción, por que no fué legalmente promovida o no puede ser perseguida (artículo 15º) o porque media una causa extintiva.

Artículo 296.

El incidente se substanciará y resolverá separadamente sin perjuicio de continuarse la instrucción.

Artículo 297.

Si concurren dos o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente. Las que no se deduzcan como previas, sólo podrán alegarse en el debate.

Artículo 298.

Las excepciones se deducirán por escrito, debiendo ofrecerse en su caso y bajo pena de admisibilidad, las pruebas que justifiquen los hechos en que se funden.

Artículo 299.

Del escrito en que se deduzcan excepciones, se correrá vista al Ministerio Fiscal y a las partes, quienes deberán expedirse en el término de tres días.

Artículo 300.

Evacuada la vista dispuesta en el artículo anterior, el juez dictará auto resolutorio en el término de cinco días, pero si las excepciones se fundan en hechos que deban ser probados, previamente se ordenará la recepción de la prueba por un término que no podrá exceder de quince días y se citará a las partes a una audiencia para que oral y brevemente hagan su defensa, debiendo labrarse el acta suscintamente.

Artículo 301.

Cuando se haga lugar a la falta de jurisdicción, excepción que debe ser resuelta antes de las demás, el Tribunal remitirá los autos al competente.

Artículo 302.

Cuando se haga lugar a una excepción perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad del imputado que no esté detenido por otra causa.

Artículo 303.

Cuando se haga lugar una excepción dilatoria de las que enumera el inciso 2º del artículo 295º se ordenará el archivo de los autos y la libertad del imputado, sin perjuicio de que se declaren las nulidades que corresponda; y se continuará el proceso tan luego se salve el obstáculo formal al ejercicio de la acción.

Artículo 304.

El auto que resuelve la excepción será apelable dentro del tercero día.

ARTICULO 304 BIS.- Recibido el proceso, el Tribunal examinará la causa y luego de verificar el cumplimiento, según corresponda, de lo previsto en los artículo 240º y 246º del presente Código, dictará resolución disponiendo el ejercicio de la Jurisdicción Unipersonal, salvo que se tratare de una causa compleja o que versare sobre delitos cuya pena máxima supere los seis (6) años de prisión, en cuyo caso la asumirá el Tribunal Colegiado, lo que se hará conocer a las partes.

Inmediatamente, el Juez Unipersonal o el Presidente del Tribunal, cuando actúe el Tribunal en colegio, procederá conforme lo prescribe el Art. 305º.

Si no se hubieren observado las formas prescriptas por los artículos citados en el primer párrafo, el Tribunal declarará de oficio las nulidades de los actos respectivos y devolverá el expediente al Juez de Instrucción.

ARTICULO 304 TER.- El Fiscal de Cámara y las partes, en el plazo prescripto en el Art. 305º, podrá oponerse interponiendo recurso de revocatoria al ejercicio unipersonal de la jurisdicción, invocando el motivo previsto en el artículo anterior, por escrito fundado bajo pena de inadmisibilidad.

Para el supuesto que el criterio de la Defensa y del Fiscal coincida en que la complejidad de la causa amerite el tratamiento por el Tribunal Colegiado, tal opinión será vinculante para el Tribunal.

ARTICULO 304 QUATER.- Si el Tribunal acogiere la revocatoria o en el supuesto del último párrafo del artículo anterior, la Jurisdicción será ejercida por el Tribunal en colegio, lo que se hará saber a las demás partes y la causa continuará su trámite, asumiendo el Presidente las facultades que por este Código le corresponden.

Artículo 305.

Recibido el proceso, el Presidente de la Cámara cita rá al Fiscal de Cámara y a las partes a fin de que en el término de diez días comparezcan a juicio, examinen los autos, documen- tos y cosas secuestradas, ofrezcan la prueba que producirán e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.

En las causas procedentes de juzgados con sede distinta a la del tribunal, el término será de quince días.

En la oportunaidad el Fiscal y la defensa serán notificados a los fines del art. 388 bis.-

Artículo 306.

El Fiscal de Cámara y las partes, al ofrecer prueba, presentarán la lista de testigos y peritos expresando las generales conocidas de cada uno, pudiendo manifestar que se conforman con la simple lectura de las declaraciones y los dictámenes recibidas en el sumario. En caso de acuerdo, al cual podrán ser invitados por el tribunal y siempre que éste lo acepte, no se hará la citación del testigo perito.

Cuando se ofrezcan testigos o peritos nuevos, deberá expresarse, bajo pena de inadmisibilidad, los hechos sobre los cuales serán examinados.

Artículo 307.

La Cámara examinará las pruebas ofrecidas y dictará resolución, pudiendo rechazar tan sólo aquellas que sean evidentemente impertinentes o superabundantes.

Artículo 308.

Durante el término del artículo 305º prorrogable por otro tanto, la Cámara podrá ordenar, con citación fiscal y de partes, los actos de instrucción indispensable que se hubieran omitido o fuere imposible cumplir en la audiencia y la declaración de las per- sonas que por enfermedad, otro impedimento o por residir en lugares de dificil comunicación, no puedan probablemente concurrir al juicio.

A tal efecto, la Cámara podrá comisionar a uno de sus vocales o librar las providencias necesarias.

Artículo 309.

El Presidente fijará día y hora del debate con intervalo no menor de diez días ordenando la citación del Fiscal de Cámara, de las partes y demás personas que deban intervenir. El imputado en libertad provisional y las demás personas cuya presencia sea necesaria serán citadas bajo apercibimiento, conforme al artículo 103º.

Podrán ser citados como testigos el ofendido o el denunciante, aunque se hayan constituído en parte civil damnificada.

Artículo 310.

Si por el mismo delito atribuído a varios imputados se han formulado diversas acusaciones, la Cámara podrá ordenar la acumulación de oficio o a pedido del Ministerio Fiscal, siempre que ello no determine retardo apreciable.

Artículo 311.

Si la acusación tiene por objeto varios delitos atribuídos a uno o varios imputados, la Cámara podrá disponer, de oficio, a pedido del Ministerio Fiscal o del imputado, que los juicios se realicen separadamente, pero uno después de otro, aunque ello sea posible.

Artículo 312.

Si existe una causa extintiva de la acción penal y para comprobarlo no es necesario el debate, la Cámara dictará sobreseimiento, revocando los proveídos para el juicio.

Contra el auto, el Ministerio Fiscal puede interponer recurso de casación.

Artículo 313.

Los gastos que demanden la citación y traslación de testigos, peritos o intérpretes ofrecidos y admitidos, serán costeados por la parte que los proponga o que haya ofrecido la prueba, depositando anticipadamente en la Secretaría de la Cámara, el importe correspondiente veinticuatro horas después de ser fijado en forma provisoria por el Tribunal.

Los gastos que por los mismos conceptos demande la prueba ofrecida por el Ministerio Fiscal y por el imputado, serán anticipados por la Provincia, a cuyo fin la Cámara solicitará, con la antelación debida, la provisión de los fondos necesarios.

Artículo 314.

El debate será oral y público, bajo pena de nulidad, pero la Cámara podrá resolver aún de oficio, que total o parcialmente tenga lugar a puertas cerradas, cuando así lo exijan razones de moralidad u orden público.

La resolución será motivada, se hará constar en el acta y será irrecurrible.

Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir el acceso al público.

Artículo 315.

No tendrán acceso a la sala de audiencia los menores de diez y ocho años, los condenados o procesados por delitos contra la persona o la propiedad, los dementes y los ebrios.

Por razones de orden, higiene, moralidad o decoro, la Cámara podrá ordenar también el alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria o limitar la admisión a un determinado número.

Artículo 316.

El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación, pudiendo suspenderse, por un tiempo máximo de diez días, en los siguientes casos:

1º.- Si debe resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente;

2º.- Si es necesario practicar alguna diligencia fuera del lugar de la audiencia y no pueda verificarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión;

3º.- Si no comparecen testigos, peritos e intérpretes cuya intervención la Cámara considere indispensable, siempre que no pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública o declara conforme al artículo 308º.

4º.- Si alguno de los jueces, fiscales o defensores se enfermare hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte en el juicio, siempre que los dos últimos no puedan ser reemplazados;

5º.- Si el imputado se encuentra en el caso del número anterior, debiendo comprobarse la enfermedad por los médicos forenses, sin perjuicio de que se ordene la separación de juicios que dispone el artículo 311º;

6º.- Si revelaciones o retractaciones inesperadas producen alteraciones sustanciales, haciendo necesaria una instrucción suplementaria.

En caso de suspensión, el Presidente anunciará el día y hora de la nueva audiencia y ello valdrá como citación para los comparecientes. El debate continuará desde el último acto cumplido en la audiencia en que se dispuso la suspensión.

Artículo 317.

El imputado debe asistir a la audiencia libre en su persona, pero el Presidente dispondrá la vigilancia y cautelas necesarias para impedir su fuga o violencias. Si rehusa asistir será custodiado en una sala próxima, se procederá como si estuviera presente y para todos los efectos será representado por el defensor.

Cuando el imputado se encuentre en libertad, la Cámara, para asegurar la realización del juicio, podrá también revocar la excarcelación.

Si el delito que motiva el juicio no está reprimido con pena privativa de la libertad, el imputado podrá hacerse representar por un defensor con poder especial.

Artículo 318.

En caso de fuga del imputado, la Cámara ordenará la postergación del debate y oportunamente se procederá a la fijación de nueva audiencia.

Artículo 319.

El Presidente ejerce el poder de policía y disciplinario de la audiencia y puede corregir en el acto con multa hasta cien pesos o arresto hasta de ocho días las infracciones a lo dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencia.

La medida será dictada por la Cámara cuando afecte al Fiscal, a las partes o defensores. Si se expulsa al imputado, lo representará para todos los efectos el defensor.

Artículo 320.

Los que asistan a la audiencia deben estar respetuosamente y en silencio, no pudiendo llevar armas u otras cosas aptas para ofender o molestar, ni adoptar una conducta capaz de intimidar o provocar o que sea contraria al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.

Artículo 321.

Los proveídos que deban dictarse durante el debate lo serán verbalmente, dejándose constancia en el acta.

Artículo 322.

El día fijado y en el momento oportuno, previas las comprobaciones relativas a la presencia de las partes, testigos, peritos e intérpretes, el Presidente declarará abierto el debate, advirtiendo al imputado que esté atento a lo que va a oir y ordenando la lectura de la requisitoria fiscal y, en su caso, del auto de remisión. En seguida, el Fiscal podrá solicitar la palabra para ampliar la acusación.

Artículo 323.

El presidente dirige el debate, ordena las lecturas necesarias, hace las advertencias legales y recibe los juramentos y modera la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto al ejercicio de la acusación y la libertad de defensa.

Artículo 324.

Inmediatamente después de abierto por primera vez el debate, serán planteadas y resueltas, bajo pena de caducidad, las cuestiones referentes a las nulidades anteriores y a la constitución de las partes, salvo cuando ésta no pueda proponerse en virtud del artículo 52º.

En la misma oportunidad y con igual sanción se plantearán las cuestiones referentes a la incompetencia por territorio, a la unión o separación de juicios, a la admisibilidad o incomparecencia de testigos, peritos e intérpretes y a la presentación o requerimiento de documentos, salvo que la posibilidad de proponerlas surja en el curso del debate.

Artículo 325.

Las cuestiones enunciadas serán consideradas en una sola discusión y resueltas en el mismo acto, previa deliberación de la Cámara. Esta deliberación tendrá lugar fuera de la presencia del público y de las partes. Leída la resolución por el Secretario, la audiencia continuará.

Cuando la cuestión propuesta no fuera de las que se indican en el párrafo primero del artículo anterior, la Cámara podrá diferir su consideración para el momento del debate.

Artículo 326.

Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales en el sentido de la prosecución del juicio, el Presidente procederá, bajo pena de nulidad, a interrogar al imputado conforme a los artículos 194º y siguientes, advirtiéndole que el debate continuará aunque no declare.

Si el imputado se niega a declarar o su declaración no concuerda con las prestadas en el sumario, el Presidente ordenará la lectura de éstas, haciéndole notar, en su caso, las contradicciones que existan.

Posteriormente y en cualquier momento, el imputado podrá ser interrogado sobre los hechos y circunstancias particulares.

Artículo 327.

Si los imputados son varios, el Presidente podrá alejar de la sala de audiencias a los que no declaren, pero después de los interrogatorios deberán informarles sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia.

Artículo 328.

En el curso del debate, el imputado tiene facultad de hacer todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa, el Presidente podrá impedir toda divagación y aún alejarlo de la audiencia si persiste.

El imputado tiene también la facultad de hablar con su defensor, sin que por esto la audiencia se suspenda, pero no podrá hacerlo durante el interrogatorio o antes de responder a preguntas que se le formulen. En estas oportunidades, el defensor u otra persona no pueden hacerle ninguna sugestión.

Artículo 329.

Si el imputado confiesa circunstancias o hechos no contenidos en la acusación, pero vinculados al delito que lo motiva, el Fiscal podrá ampliar su requisitoria.

Artículo 330.

En seguida, la Cámara procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, siempre que no se admita otro como más conveniente.

Artículo 331.

Después de la indagatoria, el Presidente hará leer la parte substancial del dictamen que durante la instrucción hubiesen presentado los peritos, y éstos, cuando hayan sido citados, responderán bajo juramento, a las preguntas que les sean formuladas.

Los peritos nombrados de acuerdo a los artículos 306º y 308º expondrán sus conclusiones y las razones que las justifican.

Artículo 332.

En seguida, el Presidente procederá al examen de los testigos en el orden que la Cámara estime conveniente, pero comenzando por los de la parte ofendida.

Antes de declarar, los testigos no pueden comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver ni oir o ser informadosde lo que ocurrre en la sala de audiencia, pudiendo el Presidente ordenarles, aun después de la declaración, que permanezcan en antesalas.

Artículo 333.

Los elementos de convicción que hayan sido secuestrados, serán presentados a las partes y a los testigos, si es el caso, invitándolos a declarar si los reconocen.

Artículo 334.

El testigo o perito que no comparezcan por legítimo impedimento, podrán ser examinados en el lugar en que se encuentren por un vocal de la Cámara, pudiendo intervenir el Fiscal y las partes.

Artículo 335.

Si en el curso del debate se hacen indispensables o se tiene conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente relevantes, la Cámara podrá ordenar, aun de oficio, la recepción de ellos.

Podrá también citar a los peritos del sumario si sus dictámenes resultan insuficientes y las operaciones periciales que fueren necesarias se practirán acto contínuo en la misma audiencia, cuando fuere posible.

Artículo 336.

Cuando resulte absolutamente necesario, la Cámara puede resolver, aún de oficio, que se practique la inspección de un lugar, lo que se hará conforme al artículo 334º y sin perjuicio de que intervengan todos los vocales.

Artículo 337.

Las reglas establecidas para la instrucción judicial respecto a inspección y reconstrucción del hecho, registro domiciliario y requisa personal, secuestro, reconocimientos, testigos, peritos, intérpretes y careos, se observarán también en el juicio, en cuanto sean aplicables y no se disponga lo contrario.

Artículo 338.

Los Vocales de la Cámara y, con la venia del tribunal, el Fiscal, las partes y los defensores pueden formular preguntas el imputado, a la parte civil responsable, a la parte civil damnificada, a los testigos y a los peritos.

La Cámara podrá rechazar las preguntas legalmente inadmisibles, sin recurso alguno.

Artículo 339.

Si un testigo, perito o intérprete incurre en falsedad, la Cámara ordenará la redacción de un acta, las copias necesarias y la detención del culpable, remitiéndolo con dichos antecedentes a disposición del Ministerio Fiscal para que formule la acusación correspondiente. Cuando sea absolutamente necesario esperar el pronunciamiento sobre la falsedad, podrá suspender el debate.

Artículo 340.

Las declaraciones testimoniales no pueden ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las recibidas durante el sumario, salvo los siguientes casos y siempre que se hayan observado las normas de la instrucción judicial:

1º.- Si el Ministerio Fiscal y las partes han prestado oportuna conformidad o si los consienten cuando los testigos ofrecidos y citados no han comparecido;

2º.- Cuando se trate de demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las prestadas en el debate o cuando sea necesario ayudar la memoria del testigo;

3º.- Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviese ausente del país, se ignorare su residencia o se hallare inhabilitado por cualquier causa, aun cuando no haya sido incluído en la lista;

4º.- Cuando el testigo hubiere declarado por medio de exhorto o informe, siempre que haya sido incluído en la lista, conforme a los artículos 308º y 334º.

Artículo 341.

La Cámara podrá ordenar la lectura de la denuncia u otros documentos y de las actas de inspección judicial, reconstrucción del hecho registro domiciliario, requisa personal, secuestro, reconocimientos y careo, siempre que los actos se hayan practicado conforme a las normas de la instrucción judicial.

Artículo 342.

Terminada la recepción de las pruebas, el Presidente concederá la palabra sucesivamente a la parte civil damnificada, a la parte querellante, al Ministerio Fiscal y a los defensores del imputado y del civilmente responsable, para que en este orden formulen sus acusaciones y defensas, no pudiendo darse lectura de memoriales, salvo el presentado por el actor civil que estuviere ausente.

La parte civil damnificada limitará su alegato a los puntos concernientes a la responsabilidad civil.

Sólo el Ministerio Fiscal y el defensor del imputado pueden replicar, correspondiendo al segundo la última palabra.

Si intervienen dos Fiscales o dos defensores, todos pueden hablar, dividiéndose sus tareas.

La réplica debe limitarse a la refutación de los argumentos adversarios que antes no hayan sido discutidos.

En último término, el Presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar y cerrará el debate.

Artículo 343.

En las causas en que se ejerza la Jurisdicción Unipersonal, inmediatamente después de cerrado el debate, el Juez se retirará a dictar veredicto verbalmente al Ministerio Fiscal y las partes para su lectura en audiencia. Para la fundamentación del mismo, regirán los plazos previstos en el Art. 346º.

La lectura valdrá como notificación para los que hubieren intervenido en el debate.

Artículo 344.

El tribunal resolverá todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, fijándola, en lo posible, dentro del siguiente orden: las incidentales, las relativas a la existencia del hecho delictuoso, a la participación del imputado, a la calificación legal que corresponda y sanción aplicable como así también a la restitución, reparación o indemnización demandada y a las costas.

El tribunal dictará sentencia por mayoría de votos conforme a su libre convicción.

Cuando en la votación se emitian más de dos *oponiones sobre las sanciones que correspondan, se aplicará el término medio.

Artículo 345.

El veredicto deberá contener: las generales de las partes, la enunciación de las cuestiones planteadas y de los votos dados por los vocales, la resolución, las disposiciones legales en que se funda, la fecha y la firma de los jueces que hayan deliberado y del Secretario.

Concluída esta acta, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias. El Presidente hará llamar a las partes y leerá el veredicto. Esta lectura vale como notificación y el acta será agregada al proceso.

Artículo 346.

Dentro de los quince días de leido el Veredicto, cada Vocal fundará su voto por escrito sobre las cuestiones plan- teadas en la deliberación, labrándose un acta que se agregará a continuación.

Cuando la complejidad de la causa no hiciera posible el cumplimiento de aquel plazo, el Tribunal podrá solicitar una prórroga de hasta cinco (5) días a la Sala Penal, Laboral y Minas del Superior Tribunal de Justicia.

El Veredicto y estos fundamentos constituyen la sentencia.

Artículo 347.

En las sentencias, el Tribunal podrá dar al hecho una definición jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio en la requisitoria fiscal.

Artículo 348.

La sentencia absolutoria ordenará, cuando sea el caso, la libertad del imputado y la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente, o la aplicación de las medidas de seguridad.

La absolución no impedirá que el Tribunal se pronuncie en la sentencia sobre la acción civil ejercida.

Artículo 349.

La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que corresponda y resolverá sobre el pago de las costas.

Dispondrá también, si la acción civil ha sido ejercida, la restitución de la cosa obtenida por el delito, la indemnización del daño causado y la forma en que deben ser atendidas las respectivas obligaciones.

Artículo 350.

La sentencia es nula:

1º.- Si el imputado no está suficientemente individualizado;

2º.- Si falta la enunciación de los hechos imputados;

3º.- Si falta o es contradictoria la motivación;

4º.- Si falta o es incompleto en sus elementos esenciales el veredicto;

5º.- Si falta la fecha o la firma de los jueces o del secretario.

Artículo 351.

El Secretario levantará un acta del debate, bajo pena de nulidad.

El acta contendrá:

1º.- El lugar y la fecha de la audiencia, con mención de las suspensiones ordenadas;

2º.- El nombre y apellido de los jueces, fiscales, defensores y mandatarios;

3º.- Las generales del imputado y de las otras partes;

4º.- El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes y la mención del juramento;

5º.- Las instancias y conclusiones del Ministerio Fiscal y de las partes;

6º.- Otras menciones prescriptas por la ley o que el Presidente ordene hacer o que las soliciten las partes bajo protesta de recurrir en casación;

7º.- La firma de los miembros del Tribunal, del Fiscal, defensores, mandatarios y Secretarios, el cual previamente la leerá.

La falta o insuficiencia de estas enunciaciones no causan nulidad, salvo que ésta sea expresamente establecida por la ley.

Artículo 352.

Cuando en las causas de prueba compleja la Cámara lo estime conveniente, el Secretario resumirá, al final de cada declaración o dictámen la parte substancial que haya de tenerse en cuenta, pudiendo ordenarse también la versión taquigráfica total o parcial del debate.

Artículo 353.

En la investigación y juzgamiento de un delito impu- tado a un menor de diez y seis años de edad, el juez de instrucción procederá conforme a las disposiciones comunes de este Código, salvo las que a continuación se establezcan.

Artículo 354.

La detención de un menor no procede sin orden judi- cial, salvo el caso de delito flagrante reprimido con pena privati- va de libertad. *En menor no deberá ser internado, en ningún caso, en un local destinado a personas mayores.

El director del establecimiento deberá clasificar a los menores desde el primer momento, según el delito y la edad, desarrollo psí- quico y antecedentes morales.

Artículo 355.

El juez podrá disponer provisionalmente de todo menor sometido a su competencia, entregándolo para su cuidado y educación a sus padres o a otra persona que por sus condiciones ofrezca garantías morales, o a un establecimiento público dependiente del Patronato de Menores.

Artículo 356.

En los casos del artículo anterior, el juez podrá designar un delegado para que ejerza protección y vigilancia directa del menor, y periódicamente le informe sobre la conducta y condiciones de vida del mismo.

Artículo 357.

Instruído el proceso el juez lo elevará al Tribunal de Menores en la misma forma señalada para el procedimiento ordina- rio.

Artículo 358.

Además de las normas comunes, durante el juicio se observarán las siguientes reglas:

1º.- La audiencia para el debate se realizará a puertas cerradas, pudiendo asistir solamente el Fiscal, las partes, sus defensores o representantes legales, los padres, tutores o guardadores del menor y las personas que tengan legítimo interés en presenciarla;

2º.- El Defensor de Menores deberá asistir a la audiencia, bajo pena de nulidad, para lo cual será oportunamente citado y tendrá las facultades atribuídas al defensor, aún cuando el imputado tuviere patrocinio privado;

3.- El imputado sólo asistirá a la audiencia cuando sea imprescindible, debiendo ser alejado de ella tan luego se cumpla el objeto de su presencia;

4º.- Antes del veredicto, el Tribunal podrá oir a los padres, tutores o guardadores del menor, a las autoridades del establecimiento en que estuviere internado o a los delegados de protección a la infancia, pudiendo suplirse la declaración de éstos, en caso de ausencia, por la lectura de sus informes.

Artículo 359.

De oficio o a petición de parte legítima, el juez podrá reponer las medidas que hubiere dictado de acuerdo a los artículos 355º y 356º.

Artículo 360.

Contra la sentencia, sólo procede el recurso de casación.

Artículo 361.

VER ANEXO B

Artículo 362.

VER ANEXO B

Artículo 363.

VER ANEXO B

Artículo 364.

VER ANEXO B

Artículo 365.

VER ANEXO B

Artículo 366.

VER ANEXO B

Artículo 367.

VER ANEXO B

Artículo 368.

VER ANEXO B

Artículo 369.

VER ANEXO B

Artículo 370.

VER ANEXO B

Artículo 371.

VER ANEXO B

Artículo 372.

VER ANEXO B

Artículo 373.

VER ANEXO B

Artículo 374.

En las querellas por adulterio, violación de secre- tos, concurrencia desleal e incumplimiento de los deberes de asis- tencia familiar, será aplicable el capítulo anterior, con las mo- dificaciones siguientes:

1) Al escrito de la querella por adulterio se acompañará copia de la sentencia civil que declare el divorcio por dicha causa.

2) No se decreterá comparendo de conciliación.

3) En ningún caso será obligada la publicación de la sentencia.

Artículo 375. Derogado

 

Artículo 376. Derogado

 

Artículo 377. Derogado

 

Artículo 378.

Toda persona que sufriere una prisión arbitraria o la considera inminente, podrá interponer hábeas corpus ante el juez letrado o tribunal más inmediato, para obtener el cese de la restricción o la amenaza.

Igual derecho tienen sus deudos, amigos o cualquier otra persona, para demandar por aquélla, sin necesidad de poder.

Artículo 379.

La demanda puede ser deducida en forma verbal, escrita o telegráfica, con la mención de los datos imprescindibles, aunque no se conozca el lugar en que se hace efectiva la detención.

Artículo 380.

Conocerá del hábeas corpus cualquier juez letrado o tribunal, sin distinción de fuero ni instancia que tenga competencia en el lugar donde se haya efectuado o esté por efectuarse la detención.

Artículo 381.

Interpuesta la demanda, el juez librará oficio inmediatamente a la autoridad que hubiere ordenado la dentención para que dentro del término de horas que le fije, le informe de acuerdo al artículo siguiente, y en su caso, presente al detenido.

Artículo 382.

La autoridad requerida informará al juez:

1º.- Si tiene detenido o ha dictado orden de detención del individuo mencionado en el oficio;

2º.- Qué motivos legales le asisten;

3º.- Si ha obrado por orden escrita de autoridad competente, en cuyo caso deberá acompañarla.

Artículo 383.

En el término fijado, la autoridad requerida presentará al detenido, y si no pudiere hacerlo, expresará la causa.

En este caso, el juez examinará las razones aducidas y, no siendo ajustadas a la ley, ordenará el inmediato procesamiento del funcionario responsable.

Si el detenido no fuere presentado por haber sido conducido a otra jurisdicción, el juez hará saber a la autoridad judicial de ese lugar la resolución dictada.

Artículo 384.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes al informe, el juez dictará resolución, pudiendo practicar las diligencias probatorias que estime necesarias. Vencido ese término sin que se dicte la resolución, el juez será pasible de una multa de doscientos pesos, que se hará efectiva de oficio por el Superior Tribunal de Justicia sobre el primer sueldo a percibir.

Artículo 385.

Si hiciere lugar a la demanda, el juez ordenará la inmediata libertad del detenido o la cesación de los actos que la amenacen.

Artículo 386.

El juez podrá imponer multa hasta doscientos pesos o arresto hasta diez días al funcionario responsable de dilaciones o entorpecimiento en el trámite establecido, o, al culpable de la detención indebida, sin perjuicio de ordenar el procesamiento, cuando corresponda.

Artículo 387.

La resolución será apelable directamente ante el Superior Tribunal de Justicia en el término de veinticuatro horas de su notificación, cuando no haga lugar a la demanda.

Artículo 388.

Las actuaciones a que dé lugar el hábeas corpus se labrarán en papel simple, debiendo ordenarse la reposición cuando fuere manifiestamente infundado.

Artículo 388 BIS.

En los casos de delitos reprimidos con pena privativa de libertad que no supere los cinco años de prisión *o reclusión, podrán aplicarse las normas del presente capítulo.

1) Durante los actos preliminares del juicio y hasta antes de la apertura del debate, el Defensor del imputado y el Fiscal podrán solicitar al Tribunal que se tramite la causa conforme el procedimiento de Juicio Abreviado previsto en este capítulo.

Para que tal solicitud sea viable, deberán acordar la cantidad y especi de pena a imponer, sobre la base de la aceptación llana de la culpabilidad del acusado en los hechos atribuídos.

2) El Tribunal podrá rechazar el acuerdo cuando estime que se afectarán los fines que el proceso tutela. En este caso se proseguirá con el trámite del Juicio Común conforme el estado procesal de la causa. La decisión se hará conocer por decreto del Presidente y la conformidad prestada por el defensor del imputado no podrá ser tomada como un indicio de culpabilidad en contra de éste, ni el pedido de pena formulado por el fiscal vinculará al Ministerio Público en el debate.

3) Si el tribunal admite el acuerdo, la decisión en tal sentido se hará conocer por decreto del presidente que llamará, en el término de tres días, a una audiencia preliminar de carácter público, salvo los casos de los Arts. 314º y 315º.

4) Constituído el Tribunal y verificada la presencia del representante del Ministerio Público y de las partes, se tomará conocimiento de visu del imputado y el Presidente le hará conocer los alcances del acuerdo presentado y los derechos que le asisten.

5) Si el imputado prestara su conformidad, aceptando la responsabilidad por los hechos contenidos en la requisitoria de elevación a juicio, que le será leída en altavoz por el actuario, se concederá la palabra al Fiscal y al Defensor para que expongan sucintamente los fundamentos del convenio. Inmediatamente el Tribunal deliberará y dictará sentencia, fundándose en la prueda recogida durante la investigación preliminar. Regirán en lo pertinente el Art. 343º y siguientes.

La sanción a imponer en ningún caso podrá ser superior a la que acordaron el Fiscal y la Defensa.

6) Si el imputado no prestara conformidad al acuerdo, se proseguirá de la forma establecida en el apartado 2.

7) Cuando hubiera varios imputados en el hecho, el Juicio Abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestaran conformidad. Con la salvedad precedente, en caso de imputaciones múltiples, la solicitud especificará que sucesos abarca.

Artículo 389.

Lo relativo a la interposición de los recursos en general, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimientos Civil y Comercial con las modificaciones que surjan del presente título.

Artículo 390.

Sólo son recurribles las resoluciones cuando la ley expresamente lo establece.

Si la ley no distingue entre las diversas partes, el derecho corresponde a cualquiera de ellas.

El Ministerio Fiscal puede también recurrir a favor del imputado. La parte querellante podrá recurrir de las resoluciones judiciales, sólo en los casos expresamente previstos en este código.

Artículo 391.

El recurso atribuye al Tribunal el conocimiento del proceso limitadamente a los puntos de la decisión a los cuales se refieren los agravios.

Artículo 392.

El defensor puede interponer recursos en interés de su cliente, pero éste puede válidamente desistirlo.

Artículo 393.

Cuando en una causa hubiere varios co-imputados, los recursos interpuestos por uno de ellos favorecerán a los demás, cuando los motivos en que se basen no sean exclusivamente personales.

También favorecerá al imputado el recurso de la parte civil responsable cuando se alegue la inexistencia del hecho o se niegue que constituya delito o que el imputado lo haya cometido o se sostenga la extinción de la acción o que ésta no pudo iniciarse o proseguirse.

Artículo 394.

La interposición de un recurso tiene efecto suspensivo, salvo cuando expresamente se dispone lo contrario.

Artículo 395.

La parte que pueda interponer un recurso puede, dentro del término para expresar agravios, adherir al recurso concedido a otra.

Los recursos podrán ser desisitidos con costas por la parte que los interpuso, sin perjudicar a los demás recurrentes o a los que oportunamente adhirieron.

Artículo 396.

El tribunal que dictó la resolución denegará el recurso, si fuere formalmente improcedente o interpuesto por quién no tenía derecho o presentado fuera de término. Si el recurso fuere erróneamente concedido, el tribunal de alzada deberá declararlo así, sin pronunicarse sobre el fondo.

El Fiscal de Cámara puede desistir de los recursos del Fiscal.

Artículo 397.

Durante los actos preliminares del juicio y los debates sólo podrán oponerse reposición; la que se resolverá sin trámite o interrupción de las audiencias. Los demás recursos que quieran hacerse valer se deducirán conjuntamente con la impugnación de la sentencia. Si la sentencia es irrecurrible; también lo es la resolución impugnada.

Artículo 398.

El recurso de reposición tiene lugar contra los autos dictados sin substanciación, a fin de que el mismo tribunal que los dictó los revoque por contrario imperio.

Artículo 399.

Este recurso se interpondrá, fundándolo, dentro del tercero día, y el juez lo resolverá previa vista por igual término a los interesados.

Artículo 400.

La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso de reposición hubiere sido acompañado del de apelación en subsidio y éste fuere procedente.

Este recurso tendrá efecto suspensivo sólo cuando la resolución recurrida fuese apelable a ese efecto.

Artículo 401.

El recurso de apelación se otorgará de los autos interlocutorios, de las resoluciones expresamente declaradas apelables y las demás que causen gravamen irreparable.

Artículo 402.

La apelación si interpondrá por diligencia o escrito, ante el mismo juez que hubiere dictado la resolución y, salvo disposición en contra, dentro del término de tres días. El juez proveerá lo que corresponda sin más trámite.

Artículo 403.

Concedido el recurso, los interesados serán emplazados para que, dentro del tercero día, comparezcan ante el superior. Si este tuviese su asiento en otro lugar, el emplazamiento se hará por el término de ocho días. El término correrá desde el día en que los autos entran en Secretaría del Superior.

Artículo 404.

Las actuaciones se remitirán de oficio al tribunal correspondiente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la última notificación. Si la remisión de los autos no es indispensable y entorpece el curso del proceso, se elevarán copias de las piezas referentes a la cuestión, agregadas al escrito de interposición del recurso.

Si la apelación se produce en un incidente, se elevarán sólo las actuaciones de éste.

En este caso, el tribunal de apelación podrá requerir los autos principales.

Artículo 405.

En el término del emplazamiento si el superior tuviese su asiento en otro lugar el apelante deberá constituir domicilio legal en dicho lugar. Si no lo hiciere las notificaciones se practicarán en Secretaría.

Artículo 406.

Vencido el emplazamiento se decretará una audiencia con intervalo no mayor de cinco días que deberá ser notificada personalmente o por cédula. Las partes podrán informar por escrito o verbalmente; pero en este último caso; deberán manifestarlo en la diligencia de notificaciones de la audiencia.

Artículo 407.

Después de la audiencia, con o sin informe, el tribunal resolverá dentro del tercer día.

Artículo 408.

Contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúen, puede interponerse recurso de casación.

Artículo 409.

El recurso de casación procede por los siguientes motivos:

1) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva;

2) Inobservancia de las formas procesales prescriptas bajo pena de nulidad o inadmisibilidad; siempre que quien lo interpone haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto; siendo posible.

Artículo 410.

El Ministerio Fiscal y el Querellante, indistintamente podrán impugnar:

1º.- Los autos de sobreseimiento dictados en virtud del Artículo 290º.

2º La sentencia absolutoria, siempre que hubiere requerido la imposición de una pena.

3º La sentencia condenatoria, los autos y sentencias mencionados en el Artículo 408.

Artículo 411.

El imputado podrá recurrir.

1º.- De la sentencia en que se lo condene a más de tres años de prisión, tres mil pesos de multa o cinco años de inhabilitación;

2º.- De la sentencia o auto en que se imponga medida de seguridad por tiempo indeterminado;

3º.- De los autos en que se deniegue la extinción o suspensión de la pena;

4º.- De la sentencia que lo condene al pago de indemnizaciones y restituciones por un importe total de más de cinco mil pesos.

Artículo 412.

Para interponer recurso de casación contra una sentencia que imponga condena penal, el imputado que esté en libertad sin caución deberá constituirse a disposición del tribunal, bajo pena de indamisibilidad. El mismo tribunal podrá acordar la excarcelación cuando proceda.

Artículo 413.

La parte civil responsable podrá recurrir de la sentencia en los casos en que puede hacerlo el imputado, siempre que se declare su responsabilidad. El silencio, la renuncia a recurrir o el desistimiento del imputado, no perjudicarán tal derecho.

Artículo 414.

La parte civil damnificada podrá recurrir de la sentencia en lo concerniente a la acción civil interpuesta, siempre que su agravio sea superior a dos mil pesos.

Artículo 415.

El recurso de casación se interpondrá ante el tribunal que dictó la resolución, dentro de diez días de notificada, por medio de escrito con firma de letrado, citando concretamente las disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas y expresando cuál es la aplicación que se pretende.

Cada motivo se expresará separadamente.

Artículo 416.

El tribunal concederá recurso si ha sido interpuesto en la forma y término prescriptos, por quien puede recurrir y si la resolución impugnada dá lugar a él.

Artículo 417.

Concedido el recurso se remitirán las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia dentro de las veinticuatro horas siguientes a la última notificación, rigiendo al efecto las normas correspondientes al recurso de apelación.

Artículo 418.

El Presidente pondrá los autos a la oficina por el término de diez días para que los interesados los examinen, fijándose después la fecha de la audiencia para informar, la que deberá notificarse por lo menos con cinco días de anticipación. En la misma providencia, el Presidente señalará el tiempo de estudio para cada miembro del Tribunal.

Artículo 419.

Durante el término de oficina, el Ministerio Fiscal y las partes podrán presentar escritos ampliando o desarrollando los fundamentos del recurso; pero el escrito no será admitido si no se presenta conjuntamente con las copias necesarias para entregar al Fiscal y a las partes.

Artículo 420.

Las partes actuarán bajo patrocinio letrado y tendrán por domicilio el de sus respectivos abogados.

Si el imputado no ha comparecido a un recurso interpuesto por la otra parte o no tiene defensor, se nombrará en tal carácter al Defensor de Menores, Pobres, Ausentes e Incapaces en el mismo decreto que se fije audiencia.

Artículo 421.

Si el recurso ha sido mal concedido por ser formalmente improcedente, el tribunal podrá deshacerlo de oficio y sin debate alguno.

Artículo 422.

En la audiencia establecida, el Presidente declarará abierto el acto. La palabra se concederá primero a la parte recurrente; pero sin han recurrido tanto el Ministerio Fiscal como la defensa, hablará primero el representante de aquél.

No se admitirán réplicas, pero el defensor del imputado, antes de la deliberación de la sentencia, podrán presentar breves notas escritas.

Son aplicables a estos actos las reglas sobre publicidad, policía de audiencia y dirección de los debates establecidas para el juicio común.

Artículo 423.

Terminada la audiencia, el Superior Tribunal de Justicia pasará a deliberar conforme al artículo 343ª; pero atendiendo a la extensión e importancia de las cuestiones planteadas, podrá diferir la resolución para otra fecha, dentro de un plazo máximo de veinte días. Esta resolución se tomará a continuación de la audiencia. Son aplicables los artículos 344º, 345º y 346º.

Artículo 424.

Si el tribunal estimare que la resolución impugnada ha violado o aplicado erróneamente la ley, la casará y resolverá el caso conforme a la ley y la doctrina cuya aplicación se declare.

Artículo 425.

En el caso del inciso 2º artículo 409º, el tribunal anulará lo actuado y volverá el proceso para su nueva substanciación, no pudiendo intervenir ninguno de los jueces que concurrieron a dictar sentencia.

Artículo 426.

Los errores de derecho en la motivación de la sentencia recurrida que no hayan influído en la resolución, no la anulan pero deben ser corregidos. También lo serán los errores materiales en la designación o el cómputo de las penas.

Artículo 427.

Cuando por efecto de la sentencia deba cesar la detención del imputado, el Superior Tribunal de Justicia ordenará directamente la libertad.

Artículo 428.

Procede el recurso de inconstitucionalidad contra las sentencias definitivas o los autos a que se refiere el artículo 408º en los casos y en las condiciones que prevé el título pertinente del Código de Procedimiento Civil y Comercial.

Artículo 429.

Son aplicables a este recurso las disposiciones del título anterior.

Artículo 430.

Cuando sea indebidamente denegado, un recurso que procedía para ante otro tribunal, el recurrente podrá presentarse directamente en queja, ante éste a fin de que se declare mal denegado el recurso.

Artículo 431.

El recurrente interpondrá la queja dentro de cinco días; acompañando copia de las resoluciones apeladas y su notificación; del escrito de apelación y su cargo; del auto en que se hubiera denegado.

Artículo 432.

El actuado dará al recurrente las copias en el mismo día que le notifique la denegación, pudiendo expedirlas en papel común, con cargo de reposición oportuna.

En caso de no darse las copias, el apelante cumplirá con presentarse al superior dentro del término debido, interponiendo la queja y dando cuenta de la falta del actuario.

Artículo 433.

Presentada la queja, el superior decidirá sin substanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado y el efecto y modo de su otorgamiento. En el primer caso, remitirá las copias al inferior, mandando en el segundo, traer los autos con el emplazamiento necesario para dar al recurso la tramitación que corresponda.

Artículo 434.

El recurso de revisión procederá en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes en los siguients casos:

1º.- Cuando los hechos establecidos como fundamento de la condena resulten inconciliables con los establecidos por otra sentencia penal irrevocable;

2º.- Cuando, después de la condena, sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no subsiste, que el imputado no los cometió o que el hecho cometido está reprimido con una escala penal menor;

3º.- Cuando se demuestre que la condena fue pronunciada como consecuencia de una falsedad o de otro hecho previsto por la ley como delito. En tal caso la prueba consistiría en la sentencia condenatoria por esa falsedad o delito, salvo que la sanción penal se halle extinguida o no pueda proseguir;

4º.- Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna.

Artículo 435.

Cuando la revisión sea solicitada una vez cumplida la pena o después de la muerte del condenado, el recurso sólo podrá tender a probar la inexistencia del hecho o que el condenado no lo cometió.

Artículo 436.

Podrán promover el recurso de revisión:

1º.- El condenado, o si es incapaz sus representantes legales;

2º.- El cónyuge, los ascendientes, descendientes o hermanos, si el condenado ha fallecido o está ausente con presunción de fallecimiento;

3º.- El Ministerio Fiscal.

Artículo 437.

El recurso de revisión será presentado ante el Superior Tribunal de Justicia y deberá contener, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los hechos en que se funde y disposiciones legales pertinentes, acompañándose los testimonios, documentos o pruebas correspondientes o *acompañándose los testimonios, docu* indicándose, si es el caso, los medios de pruebas descubiertas.

En todo caso, los medios de prueba deberán tender a demostrar la inexistencia del hecho, que el imputado no lo cometió, que el hecho cometido está reprimido con escala penal menor o que falta totalmente la prueba en que se basó la condena.

Artículo 438.

En el trámite del recurso de revisión se observarán las reglas establecidas para el de casación, en cuanto sean aplicables. El tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que crea útiles, y delegar su ejecución en algunos de sus miembros.

Artículo 439.

Antes de resolver el recurso, el tribunal podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y disponer, con o sin cauciones, la libertad provisional del imputado.

Artículo 440.

El Superior Tribunal de Justicia, al pronunciarse en el recurso, podrá anular la sentencia o sentencias, remitiendo a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciando directamente la sentencia definitiva.

Artículo 441.

Si se remite un hecho a nuevo juicio, en éste no intervendrá ninguno de los magistrados que conocieron el anterior.

En la nueva causa, no se podrá absolver por efecto de una nueva apreciación de los mismos hechos del primer proceso, independientemente de los motivos que hicieron admisible la revisión.

Artículo 442.

Cuando la sentencia sea absolutoria, podrá ordenarse, en todo caso, la restitución de la suma pagada en concepto de pena y de inmdenización.

Artículo 443.

La sentencia de la que resulte la inocencia de un condenado podrá pronunciarse, a instancia de parte, sobre los daños y perjuicios causados por la condena, los que serán reparados por el Estado, siempre que por efecto de la misma el imputado hubiera sufrido pena privativa de la libertad por más de tres meses y que con su dolo o culpa no haya contribuído al error judicial. Esta reparación podrá acordarse al condenado o por su muerte, a sus herederos forzosos.

Artículo 444.

El rechazo de un recurso de revisión no perjudica el derecho de presentar nuevos pedidos fundados en elementos diversos; pero las costas de un recurso desechado son siempre a cargo de la parte que lo interponga.

Artículo 445.

La ejecución de la sentencia corresponde al juez o tribunal que haya conocido en primera o en única instancia.

El juez ejecutará las sentencias dictadas por el Tribunal de Menores.

Artículo 446.

La Cámara que deba ejecutar la sentencia, podrá comisionar a un juez para practicar alguna diligencia necesaria.

Artículo 447.

El juez o tribunal encargado de la ejecución será competente para resolver todas las cuestiones e incidentes que se susciten. En la Cámara el Presidente despachará las cuestiones de mero trámite ejecutivo.

Artículo 448.

El incidente se resolverá previa vista al Ministerio Fiscal o a la parte interesada, en el término de diez días. Contra la resolución sólo procede el recurso de casación, pero éste no suspende la ejecución, salvo que así lo disponga el tribunal que resolvió el incidente.

Artículo 449.

El tribunal de la ejecución es el encargado de efectuar las comunicaciones establecidas por la Ley Nº 11.752.

Artículo 450.

La sentencia absolutoria se ejecutará inmediatamente, a menos que contra ella sean posible recursos que produzcan efecto suspensivo, en cuyo caso se ejecutará vencido o renunciado el término para interponerlo.

Artículo 451.

El tribunal mandará practicar por Secretaría el cómputo de la pena, fijando su monto o la fecha de vencimiento.

Dicho cómputo será notificado y podrá ser observado dentro de tres días. Si se deduce oposición, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 448º. En caso contrario, el cómputo se aprueba y la sentencia se ejecuta inmediatamente.

Artículo 452.

En caso de condena a pena privativa de la libertad, si el condenado no está detenido, se librará orden de captura.

No existiendo sospecha alguna de fuga, cuando la condena no exceda de seis meses, podrá notificarse al condenado para que se constituya detenido dentro de cinco días.

Hallándose detenido el condenado, se comunicará al establecimiento que corresponda la pena impuesta, su duración y vencimiento acompañando copia de la sentencia.

Artículo 453.

La ejecución de una pena privativa de la libertad puede hacerse efectiva en un establecimiento de salud o en el propio hogar, en los siguientes casos:

1º.- Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis meses.

2º.- Cuando el condenado se encuentre gravemente enfermo y la inmediata ejecución se haga imposible sin poner en peligro su vida, conforme al dictamen de peritos designados de oficio.

Cuando cesen esas condiciones, el penado deberá ser recluído en el establecimiento carcelario correspondiente.

Sin que importe suspensión de la pena, el tribunal podrá autorizar que el penado, debidamente custodiado, salga del establecimiento en que se encuentra, por un término no mayor de cuatro horas, en caso de grave enfermedad o muerte de un pariente próximo.

Artículo 454.

Si durante la ejecución de la pena privativa de la libertad el condenado denotase sufrir alguna enfermedad, el tribunal dispondrá, previos los peritajes necesarios, la colocación del enfermo en un establecimiento adecuado, si no es posible atenderlo en la cárcel o ello importa grave peligro.

El tiempo de internación se computa a los fines de la pena siempre que el condenado se halle privado de su libertad y la enfermedad no haya sido simulada o procurada para substraerse a la pena.

Artículo 455.

Si la pena impuesta hubiere de cumplirse en un paraje de los territorios del sur, se cursará comunicación al Poder Ejecutivo a fin de que se solicite del Gobierno de la Nación la adopción de las medidas pertinentes.

Artículo 456.

Cuando la pena privativa de la libertad importe además la accesoria del artículo 12º del Código Penal, se ordena- rán las inscripciones o anotaciones y demás medidas que correspon- dan.

Artículo 457.

La sentencia condenando a inhabilitación absoluta se mandará publicar en el Boletín Oficial. Además se cursarán las comunicaciones a la Junta Electoral y a las reparticiones o Poderes que corresponda, según el caso.

Artículo 458.

En caso de inhabilitaciones especiales, se harán sólo las comunicaciones pertinentes. Cuando se refieran a alguna actividad privada, se comunicarán a la autoridad policial.

Artículo 459.

La multa deberá ser abonada en papel sellado, dentro de diez días de quedar firme la sentencia. Vencido este término, el tribunal procederá conforme a lo dispuesto por los artículo 21º y 22º del Código Penal.

Para la ejecución del condenado se remitirán los antecedentes al Ministerio Fiscal, el cual procederá por vía de apremio.

Artículo 460.

La detención domiciliaria se cumplirá con la inspección o vigilancia de la autoridad, a cuyo fin el tribunal podrá impartir las ordenes necesarias.

Si el penado quebrantare la condena, pasará a cumplirla al establecimiento que corresponda.

Artículo 461.

La revocación de la condena condicional será dictada por el tribunal que la impuso, salvo cuando proceda la acumulación de penas, en cuyo caso podrá disponerla el que dicte la pena única.

Artículo 462.

La solicitud de libertad condicional se cursará por intermedio de la Dirección del establecimiento en que el condenado se encuentre.

Artículo 463.

Presentada la solicitud, el tribunal requerirá el informe de la Dirección del establecimiento que corresponda, acerca de los siguientes puntos:

1º.- Tiempo cumplido de la condena;

2º.- Observancia regular o irregular de los reglamentos carcelarios, fundada en la calificación que el recurrente merezca por su trabajo, educación y disciplina;

3º.- Toda otra circunstancia favorable o desfavorable, que pueda contribuir a ilustrar el juicio, pudiendo ser requerido informe médico psicológico cuando se juzgue conveniente.

Los informes deberán despacharse dentro de tres días.

Artículo 464.

Al mismo tiempo, el tribunal requerirá del Secretario un informe sobre el tiempo de condena cumplida y librará los oficios y exhortos necesarios con relación a los antecedentes del solicitante.

Artículo 465.

Para el trámite, la resolución y recursos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 448º.- Cuando la solicitud sea denegada, el condenado no podrá renovarla hasta después de un año de la resolución, salvo que lo haya sido por no haberse cumplido el término legal.

Artículo 466.

Las condiciones impuestas al liberado serán comunicadas al patronato conjuntamente con la noticia de la liberación. De ellas, el secretario dará una constancia al liberado, el cual deberá conservarla y presentarla a la autoridad de vigilarlo siempre que le sea requerido.

Artículo 467.

La aplicación del artículo 15º del Código Penal puede tener lugar de oficio o ser pedida por el Patronato o por el Ministerio Fiscal.

En todo caso, el liberado será oído y se le admitirán pruebas, procediéndose en la forma prescripta por el artículo 448º.- El liberado podrá ser detenido inmediatamente, si fuese necesario y en forma preventiva, mientras el incidente se resuelva.

Artículo 468.

La ejecución provisional o definitiva de una medida de seguridad será vigilada por el tribunal que la dictó. Las autoridades del establecimiento o lugar en que se cumpla le informarán lo que corresponda.

Artículo 469.

El Tribunal al disponer la ejecución de una medida de seguridad, impartirá las instrucciones necesarias a la autoridad o a la persona encargada de ejecutarla; fijará los plazos y la forma en que deba ser informada acerca del estado de la persona sometida a la medida o sobre cualquier otra circunstancia de interés.

Dichas instrucciones pueden ser variadas en el curso de la ejecución según sea necesario, dándose noticia al encargado.

Contra estas resoluciones no hay recurso alguno.

Artículo 470.

Cuando la medida consista en la colocación privada de un menor, el encargado, el padre, el tutor o la autoridad del Establecimiento tienen la obligación de facilitar la inspección o vigilancia que el Tribunal encomiende a los delegados. El incumplimiento de este deber puede ser corregido con multa de diez a cien pesos o arresto no mayor de cinco días.

Las informaciones de los delegados podrán referirse no solamente a la persona del menor, sino también al ambiente social en que actúa y a su conveniencia o inconveniencia.

Artículo 471.

Cuando el tribunal disponga la aplicación de la medida del artículo 34, inciso 1 del Código Penal, ordenará especialmente la observación psiquiátrica del sujeto.

Artículo 472.

Para decretarse la cesación de una medida de seguridad, de tiempo absoluta o relativamente *indeterminado, el tribunal, deberá en todo caso, oir al Ministerio Fiscal, al interesado, o siendo éste incapaz, a quien ejercite su patria potestad, tutela o curatela.

Además, en los casos del artículo 34, inciso 1 del Código Penal, se requerirá dictámen, por lo menos, de dos peritos y el informe técnico oficial del establecimiento en que la medida se cumple.

Artículo 473.

Las condenas a restitución, reparación de daños, indemnización de perjuicios, satisfacción de costas y pago de gastos, se harán efectivas por el interesado o por el Ministerio Fiscal ante el juez de primera instancia que hubiere intervenido en el proceso.

Artículo 474.

A los fines determinados en el artículo anterior, se seguirán las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial para la ejecución de la sentencia.

Artículo 475.

Al dictarse auto de procedimiento el juez decretará la inhibición del imputado y/o del civilmente responsable, procediendo a anotarse la misma en los registros correspondientes.

La inhibición podrá levantarse si el imputado y/o civilmente responsable ofrece bienes a embargar suficientes para cubrir la pena pecuniaria, la indeminización civil y las costas. La apreciación sobre la suficiencia del o de los bienes ofrecidos la hará el juez.

Si ya se hubiera constituído la parte civil damnificada deberá correrse vista a ésta, previamente del ofrecimiento realizado por el imputado y/o civilmente responsable.

Artículo 476.

La parte civil damnificada, en cualquier estado del proceso, podrá pedir embargo de bienes del imputado o de la civilmente responsable, prestando la caución que el tribunal determine.

Artículo 477.

El imputado o la parte civil responsable, podrá substituir el embargo o la inhibición por una caución personal o real.

En tales casos se observarán las disposiciones de los artículos 272, 274, 276 y 287.

Artículo 478.

Para la ejecución del embargo, el orden de los bienes embargables y las *firmar del acto, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Civil y Comercial.

Artículo 479.

Para la conservación, seguridad y custodia de los bienes embargados, el tribunal designará depositario, el que los recibirá bajo inventario y firma la diligencia de constitución del depósito. En ella se hará constar que se le hizo saber la responsabilidad que contrae.

Los fondos públicos, los títulos de créditos, el dinero y las alhajas de piedra y metales preciosos, se depositarán en el Banco de la Provincia.

Artículo 480.

Cuando la naturaleza de los bienes embargados lo hiciere necesario, el tribunal dispondrá la forma de su administración y la intervención que en ella tenga el embargado.

Podrá nombrar administrador, debiendo el designado prestar fianza en garantía del cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 481.

El depositario y el administrador tendrán derecho a cobrar honorarios, a regulación del tribunal que los designó.

Artículo 482.

Durante el curso del proceso, el embargo puede ser levantado, reducido *a ampliado.

Artículo 483.

Las diligencias sobre embargo y fianzas se tramitarán por cuerda separada.

Artículo 484.

Las tercerías, serán substanciadas en la forma establecida por el Código de Procedimientos Civil y Comercial.

Artículo 485.

Cuando la sentencia importe confiscación de algún objeto el tribunal le dará destino que corresponda según su naturaleza.

Artículo 486.

Las cosas secuestradas y no sujetas a confiscación, restitución o embargo, serán devueltas a la persona de cuyo poder se secuestraran.

Si de ellas se hizo entrega antes de la sentencia, en depósito, se notificará al depositario la entrega definitiva.

Las cosas secuestradas de propiedad del condenado podrán ser retenidas en garantía de los gastos y costas del proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas.

Artículo 487.

Si después de un año de concluído un proceso nadie reclama y prueba tener derecho a *la restitución de cosas que se secuestraron de poder de determinada persona, se dispondrá la confiscación a beneficio del Fisco.

Artículo 488.

Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, el tribunal que la dictó ordenará que el acto sea reconstituído, suprimido o reformado.

Artículo 489.

Si el instrumento ha sido extraído de un archivo, será restituído a él con nota marginal en cada página, agregándose copia de la sentencia que haya establecido la falsedad total o parcial.

Artículo 490.

Si se tratare de un documento protocolizado, se anotará la declaración hecha en la sentencia al margen de la matriz, en los testimonios que se hubieren presentado y en el registro respectivo.

Artículo 491.

En todo proceso, el Estado anticipa las costas con relación al imputado y a las demás partes admitidas al beneficio de pobreza.

Artículo 492.

Toda resolución que ponga término a la causa o a un incidente, deberá resolver sobre el pago de las costas procesales.

Artículo 493.

Las costas serán a cargo de la parte vencida, pudiendo el tribunal eximirla total o parcialmente conforme a las normas establecidas en el Código de Procedimientos Civil y Comercial.

Artículo 494.

Los representantes del Ministerio Fiscal, los abogados y mandatarios que intervengan en los procesos, no podrán ser condenados en costas, sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias en que incurren y salvo los casos en que especialmente se dispone.

Artículo 495.

Las costas consistirán:

1.- En la reposición o reintegro del papel sellado empleado en la causa;

2.- En el pago de derechos arancelarios;

3.- En los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos;

4.- En los demás gastos que se hubieren originado en la instrucción de la causa.

Artículo 496.

Los honorarios se regularán de acuerdo a lo que establece en el título respectivo el Código de Procedimientos Civil y Comercial y la Ley de Arancel.

Artículo 497.

Cuando sean varios los condenados al pago de costas, el tribunal fijará la parte proporcional que corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad establecida por la ley civil.