La competencia atribuida a los jueces de la Provincia es improrrogable. Se exceptúa la competencia territorial en los asuntos exclusivamente patrimoniales, que puede ser prorrogada por conformidad de partes.

 La prórroga de la competencia debe expresarse en un convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden.

Asimismo, se produce tácitamente para el actor por el hecho de entablar la demanda ante otro juez. Respecto del demandado, cuando la contesta, deja de hacerlo, formula oposición u opone excepciones previas sin articular la declinatoria.

 La competencia tampoco puede ser delegada. Está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas.

 Toda demanda debe interponerse ante juez competente y, siempre que de la exposición de los hechos resulte no ser de la competencia del juez ante quién se dedujo, dicho juez debe inhibirse de oficio.

Si no resulta claramente de ellos que son de su competencia, el juez debe ordenar que el actor exponga los fundamentos necesarios a ese respecto.

Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se debe remitir la causa al juez tenido por competente.

 La competencia se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas contenidas en este código o en otras leyes, el juez competente es:

1) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, es competente el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, es el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor. La misma regla rige respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio.

2) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versa sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos.

3) Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el lugar del contrato.

El que no tuviere domicilio fijo, puede ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia.

4) En las acciones personales derivadas de delitos o cuasi delitos, el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

5) En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias no habiendo designación del lugar en que deban cumplirse, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.

6) En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse y, no estando determinado, el del domicilio de la administración, el del demandado, o el del lugar en que se hubiere administrado el principal de los bienes, a elección del actor. En la demanda por aprobación de cuentas rige la misma regla, pero si no estuviese especificado el lugar donde éstas deban presentarse, puede serlo también el del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor.

7) En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas, salvo disposición en contrario, el del domicilio fiscal, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. La conexidad no modifica esta regla.

8) En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron.

9) En la protocolización de testamentos, el del lugar en donde debe abrirse la sucesión.

10) En las acciones que derivan de las relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto. Si la sociedad no requiere inscripción, el del lugar del domicilio fijado en el contrato; en su defecto o tratándose de sociedad irregular o de hecho, el del lugar de la sede social.

11) En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promuevan, salvo en el proceso sucesorio o disposición en contrario.

12) Cuando se ejercite la acción por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cualquier otra acción derivada de la aplicación de ese régimen, el que corresponda a la ubicación del inmueble.

13) En los juicios de desalojo, el del juez de Paz del lugar en que esté situado el inmueble objeto del litigio o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

14) En las pretensiones de satisfacción inmediata, el del lugar en que deben cumplirse o el del domicilio del obligado, a elección del actor.

15) En los interdictos posesorios, el juez de Paz Letrado del Departamento en que se encuentre el bien, con excepción de los del Gran San Juan, en cuyo caso es competente el juez de primera instancia que corresponda.

16) En los procesos sucesorios, el Juez de Paz Letrado del Departamento del último domicilio de la persona fallecida, con excepción de los denominados del Gran San Juan, en los que son competentes los Juzgados Civiles Ordinarios con asiento en la Capital o en la Segunda Circunscripción Judicial.

17) En el caso de revisión de la cosa juzgada, cuyas causas no sean de las contempladas en el artículo 255, el del órgano competente en la cuestión principal, con exclusión de aquel que intervino en la tramitación y decisión y estuviese personalmente cuestionado.

 A falta de otras disposiciones el juez competente es:

1) En los incidentes, tercerías, obligaciones de garantía, citación de evicción, cumplimiento de acuerdos de conciliación o transacción celebrados en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en el proceso, y acciones accesorias y conexas en general, el del proceso principal.

2) En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal.

3) En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que aquel se hará valer.

4) En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste.

5) En el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en los artículos 197 y 198, el que decretó las medidas cautelares. En el supuesto del artículo 189, aquel cuya competencia para intervenir hubiese sido en definitiva fijada.

 Las cuestiones de competencia sólo pueden promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procede la inhibitoria.

En uno y otro caso, la cuestión sólo puede promoverse antes de haberse consentido la competencia que se reclama.

Elegida una vía no puede, en lo sucesivo, usarse la otra.

Una vez firme la resolución, las partes no pueden argüir la incompetencia en lo sucesivo. Tampoco puede ser declarada de oficio. El mismo efecto tiene la resolución de la excepción de incompetencia.

 La declinatoria se debe sustanciar como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se debe remitir la causa al juez tenido por competente. Si éste no planteare la cuestión de competencia negativa dentro del quinto día de recibir las actuaciones no puede hacerlo en lo sucesivo.

La inhibitoria puede plantearse hasta el momento de contestar la demanda, oponer excepciones, formular oposición en los procesos monitorios o comparecer al primer acto procesal establecido en el procedimiento de que se trate.

 Si entablada la inhibitoria el juez se declarase competente, debe librar oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia.

Debe solicitar, asimismo, la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al juez competente para dirimir la contienda.

La resolución sólo puede ser apelada si se declarase incompetente

 Recibido el oficio o exhorto, el juez requerido debe pronunciarse aceptando o no la inhibición.

Sólo en el primer caso su resolución puede ser apelada, con efecto suspensivo.

Una vez consentida o ejecutoriada, debe remitir la causa al juez requirente, y emplazar a las partes para que comparezcan ante él a ejercer su derecho.

Si mantuviere su competencia, debe enviar, sin más substanciación, las actuaciones a la Corte de Justicia de la provincia de San Juan. Ésta debe dirimir la contienda y lo comunicar, sin demora, al juez requirente para que remita las suyas.

 En el plazo de diez (10) días de recibidas las actuaciones de ambos jueces, la Corte de Justicia debe resolver la contienda, previa vista al Fiscal General de la Corte de Justicia. Las debe devolver al que declare competente, informar al otro por oficio o exhorto, o encomendar hacerlo al declarado competente.

Si el juez que requirió la inhibitoria no remite las actuaciones dentro del plazo de diez (10) o quince (15) días, según se trate de primera o segunda circunscripción, se lo debe tener por desistido de su pretensión.

 Las cuestiones de competencia se deben substanciar por vía de incidente.

No suspenden el procedimiento, el que debe seguir su trámite por ante el juez que previno, salvo que se trate de cuestiones de competencia en razón del territorio.

En este supuesto sólo pueden disponerse medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudieren resultar perjuicios irreparables.

 En caso de contienda negativa o cuando dos o más jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos puede plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 9 a 12. La competencia negativa debe plantearse dentro del plazo del artículo 8.

 Los jueces de primera instancia y superiores pueden ser recusados sin expresión de causa.

Cada parte sólo puede recusar a un juez de cada instancia, y debe hacerlo en su primera presentación ante él o el tribunal que integra, antes o al tiempo de contestar la demanda, de formular oposición en los procesos ejecutivos o monitorios, de comparecer a la audiencia fijada como primer acto procesal, de presentar un recurso ante el superior o contestarlo. En los casos en que el trámite no prevea esas intervenciones, dentro del día siguiente al conocimiento de la intervención del juez.

La recusación sin expresión de causa dirigida contra un mayor número, sólo es eficaz contra el primero de los recusados, y las demás se deben rechazar, incluso por el mismo juez o Magistrado afectado.

De la misma manera se debe rechazar toda recusación intentada con posterioridad a las ocasiones señaladas, salvo que cambiare el juez, la integración del tribunal interviniente o la radicación de la causa, en cuyo caso las partes que no hubieren recusado en esa instancia pueden hacerlo hasta el día siguiente de ser notificados de la primera providencia que se dicte por la nueva integración.

 Deducida la recusación sin expresión de causa, el juez recusado se debe inhibir pasando las actuaciones, dentro del día siguiente, a su reemplazante legal, sin que por ello se suspenda el trámite, los plazos ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas.

Si la primera presentación del demandado fuere posterior a los actos indicados en el segundo párrafo del artículo 14 y en ella promoviere la nulidad de los procedimientos recusando sin expresión de causa, dicha nulidad debe ser resuelta por el juez recusado.

 Son causas legales de recusación:

1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo por afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.

2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante; o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima con fiscalización estatal permanente.

3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.

4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de las instituciones bancarias, si no se tratare, en este último caso, de montos de consideración exigibles o en mora.

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6) Haber solicitado el litigante el juicio político o denunciado a los jueces en los términos de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento, siempre que la sala acusadora o el tribunal de enjuiciamiento hubiesen dispuesto dar curso a la denuncia.

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.

9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato.

10) Tener el juez contra el litigante enemistad, odio o resentimiento. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después que hubiese comenzado a conocer del asunto.

 La recusación debe ser deducida por cualquiera de las partes en las oportunidades previstas en el artículo 14.

Si la causal es sobreviniente, sólo puede hacerse valer dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante. Pero cuando el juicio se encuentre en estado de sentencia, solo procede si se ofrece probarla por instrumento público o si fuese admitida por el mismo recusado.

 Cuando se recusare a uno o más jueces de una Sala de la Corte de Justicia o de una Sala de la Cámara de Apelaciones, conocen los que queden hábiles. El Tribunal se debe integrar, si procediere, en la forma prevista por la Ley Orgánica de Tribunales.

De la recusación de los jueces de primera instancia, conoce la Sala de la Cámara de Apelaciones que corresponda, con la actuación en pleno de su tribunal.

 La recusación se debe deducir ante el juez recusado y ante la Sala de la Corte de Justicia o de la Sala de la Cámara de Apelaciones, cuando lo fuese de uno de sus miembros.

En el escrito correspondiente, se deben expresar las causas de la recusación y proponer y acompañar, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse.

 Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alega concretamente alguna de las causas contenidas en el artículo 16 o se presenta fuera de las oportunidades previstas en los artículos 14 y 17, la recusación debe ser desechada por el mismo juez o el presidente de la Sala, en su caso.

La resolución puede ser recurrida por apelación en el primer caso o reposición en el segundo. En ambos casos, sin efecto suspensivo.

Si se recurre, el recusado debe producir el informe de los artículos 21 o 25 y el Tribunal competente para entender la recusación debe expedirse también sobre ésta si considera que el rechazo liminar fue indebido.

Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese un juez de un Sala de la Corte de Justicia o de una Sala de la Cámara se le debe comunicar a aquella, a fin de que informe sobre las causas alegadas, lo que debe hacerse en el mismo plazo del artículo 25.

 Si el recusado reconoce los hechos, se le debe tener por separado de la causa. Si los niega, con lo que exponga, se debe formar incidente que tramite por separado.

 La Sala de la Corte de Justicia o de la Cámara de Apelaciones, integradas al efecto si procediere, deben recibir el incidente a prueba por diez (10) días. El plazo puede ampliarse en la forma dispuesta en el artículo 147.

Cada parte no puede ofrecer más de tres (3) testigos.

 Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se debe resolver el incidente dentro de diez (10) días.

 Cuando el recusado es un juez de primera instancia, debe remitir a la Cámara de Apelaciones, dentro de los cinco (5) días, el escrito de recusación con un informe circunstanciado sobre las causas alegadas, en el que debe admitir o negar expresamente los hechos, y pasar el expediente al juez que corresponda para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se debe observar en caso de nuevas recusaciones.

Pasados los antecedentes a la Cámara de Apelaciones, debe intervenir la Sala en pleno, si no procediere el rechazo in límine y del informe elevado por el juez resulta la exactitud de los hechos, lo debe tener por separado de la causa.

Si los niega, la Sala puede recibir el incidente a prueba, para lo cual se debe observar el procedimiento establecido en los artículos 23 y 24.

 Si la recusación es desechada, se debe hacer saber la resolución al juez subrogante a fin de que devuelva los autos al juez recusado.

Si es admitida, el expediente queda radicado ante el juez subrogante con noticia al juez recusado y comunicación a la Mesa General de Entradas, aun cuando con posterioridad desaparezcan las causas que la originaron.

Cuando el juez recusado es uno de los jueces de la Corte de Justicia o de las Cámaras de Apelaciones, deben seguir conociendo en la causa él o los integrantes o sustitutos legales que resolvieron el incidente de recusación.

En todos los casos, la resolución que se dicte al efecto, es irrecurrible.

 Cuando la recusación es desestimada, el recusante puede ser condenado en las costas del incidente.

Si es calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria, se le debe imponer a la recusante o a su letrado, o ambos conjuntamente, además, una multa de hasta cuatro (4) veces el salario mínimo, vital y móvil, no pudiendo ser menor a un salario mínimo.

El destino de la multa se rige por lo dispuesto en las disposiciones generales y transitorias.

 Todo juez que se encuentre comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 16 debe excusarse. Asimismo, puede hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos objetivamente graves de decoro o delicadeza, o por encontrarse comprendido dentro de las causales previstas en la ley de Ética Pública Provincial.

No puede ser nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.

 Las partes no pueden oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas.

Si el juez al que corresponde entender estima que la excusación no procede se debe formar incidente, y ser remitido, sin más trámite, al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa.

Aceptada la excusación, el expediente queda radicado ante el tribunal que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparezcan las causas que la originaron.

 Incurre en la causal de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, en los términos de las previsiones constitucionales sobre Juicio Político o Jurado de Enjuiciamiento, el juez a quien se probare que, en forma reiterada, encontrándose impedido de entender en el asunto y a sabiendas, dicte en él resolución que no sea de mero trámite.

 Los funcionarios del Ministerio Público no pueden ser recusados. Si tienen algún motivo legítimo de excusación, deben manifestarlo al tribunal y pueden ser separados de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos.

 Para mantener el buen orden y decoro en los procesos, los jueces deben:

1) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, salvo que alguna de las partes o tercero interesado solicite con fundamento que no se lo haga.

2) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso pudiendo aplicar de plano y en el mismo acto las sanciones disciplinarias que correspondan.

3) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código y la Ley Orgánica de Tribunales N 2352-O.

 Aún sin requerimiento de parte, los jueces pueden:

1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.

2) Intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal.

En cualquier momento puede disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación.

3) Proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importa prejuzgamiento.

4) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A ese efecto, pueden:

a) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito.

b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos, con arreglo a lo que dispone el artículo 385, peritos y consultores técnicos, para interrogarlos acerca de lo que creyeren necesario.

c) Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de terceros mencionados por las partes, en los términos de los artículos 342 a 344.

5) Impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que los representantes legales de éstos o, en su caso, el Asesor de Menores, efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del niño, niña o adolescente o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto.

6) Corregir errores materiales o suplir cualquier omisión de la resolución acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que ésta no hubiese sido consentida.

7) Disponer en cualquier estado del proceso la inspección ocular de lugares o constatación de cualquier circunstancia por intermedio de un funcionario judicial. Si la realiza en forma personal debe hacerlo con la asistencia de alguno de estos funcionarios y de las partes o sus mandatarios que quisieren asistir.

 Los jueces pueden imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.

Pueden aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece.

Estas condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder

 Los Funcionarios Judiciales intervinientes en el proceso tienen los deberes, facultades y responsabilidades que establezca la Ley Orgánica de Tribunales y la reglamentación que al efecto se dicte.

 Los Funcionarios Judiciales no pueden ser recusados, pero deben manifestar toda causa de impedimento que exista a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgue procedente.

Se aplican, en lo pertinente, las reglas establecidas para la excusación de los jueces.

 Si no se cumple con lo establecido en el artículo anterior, o no comparece quien fue debidamente citado, las sucesivas resoluciones se deben tener por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 123.

Esta situación se mantiene hasta la aceptación por el juez del domicilio procesal y procesal electrónico que ulteriormente se constituya, sin perjuicio de la validez de lo actuado hasta entonces.

Las notificaciones se deben hacer al domicilio procesal o procesal electrónico constituido, si no se hubiera denunciado el domicilio real, el legal o el especial.

 Mientras no se constituyan o denuncien otros, los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsisten para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo.

Cuando no existen los edificios, queden deshabitados o desaparecen, o se altere o suprime su numeración, y no se haya constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se debe observar lo dispuesto en la primera o tercera parte del artículo anterior, según se trate, respectivamente, del domicilio procesal o del legal, el real o el especial.

Todo cambio de domicilio debe denunciarse en el expediente y ser aceptado por el juez. Para las demás partes subsiste el anterior hasta ser notificada por cédula su sustitución.

 Cuando la parte que actúa personalmente fallece o se torne incapaz, comprobado el hecho, el juez debe suspender la tramitación y citar a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 55, inciso 5).

 Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajena el bien objeto del litigio o cede el derecho reclamado, el adquirente puede intervenir en el proceso en la calidad prevista por los artículos 82, inciso 1) y 83, primer párrafo.

 Cuando se declara maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito o en un incidente, por quien lo perdiere total o parcialmente, el juez puede imponer una multa a la parte vencida o a su letrado patrocinante o a ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso.

Su importe no debe exceder de la mitad de las costas totales del juicio o del incidente, y va a ser a favor de la otra parte.

Si el pedido de sanción es promovido por una de las partes, se debe decidir previo traslado a la contraria.

 No rigen las normas del artículo anterior y, en consecuencia, puede actuarse aun sin patrocinio letrado para:

1) Contestar intimaciones o requerimientos de carácter personal.

2) Solicitar y recibir órdenes de pago.

3) Tramitar informaciones sumarias o certificaciones ante la Justicia de Paz Letrada.

Cuando se actúa por procurador, es obligatoria la firma de letrado en los escritos de demanda, reconvención, oposición de excepciones y sus contestaciones, oposición en procesos monitorios o sus contestaciones, ofrecimientos de prueba, alegatos, expresiones de agravios, interrogatorios, aquellos en que se promuevan incidentes y, en general, en los que se sustancie o controvierta derecho ya sea de jurisdicción voluntaria o contenciosa.

La intervención de la parte o procurador en las audiencias requiere la asistencia de letrado patrocinante.

Sanción. Se debe tener por no presentado y devolver al firmante, sin más trámite ni recurso, todo escrito que, debiendo llevar firma de letrado, no la tuviere, si dentro del segundo día de notificada electrónicamente o por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no se suple la omisión, suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el actuario, quien debe certificar en los autos esta circunstancia, o por ratificación que separadamente se haga con firma de letrado.

De igual modo se debe proceder con los escritos de profesionales que no traigan la indicación precisa de la representación que ejercen o no consignen en forma legible, escritos o impresos con sellos, sus nombres, apellidos, tomo y folio o número de inscripción en la matrícula, a su comienzo o al pie de la firma o contigua a ella.

 La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, debe acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.

Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el juez considera atendibles las razones que se expresen, puede acordar un plazo de hasta veinte (20) días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.

Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no tienen la obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio, los emplace a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que puedan ocasionar.

El mandato para actuar ante la Justicia de Paz Letrada puede otorgarse por acta labrada ante el funcionario judicial que corresponda.

 Los apoderados deben acreditar su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.

Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo debe acreditar con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado apoderado. De oficio o a petición de parte, se puede intimar a la presentación del testimonio original.

 Cuando deban realizarse actos procesales urgentes, puede admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personería, por un máximo de cuarenta (40) días hábiles desde la primera presentación del gestor.

Si durante ese lapso no son acompañados los instrumentos que acrediten la ratificación de la gestión o el otorgamiento del mandato que permita continuarla, es nulo todo lo actuado por el gestor y éste debe satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido.

La nulidad, en su caso, se produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.

La facultad otorgada por el presente artículo solo puede ejercerse por cada parte una vez en cada instancia del proceso.

 Presentado el poder y admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare.

 El apoderado tiene la obligación de seguir el juicio mientras no cese legalmente en el cargo. Hasta entonces, las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tienen la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste. Se exceptúan los actos que, por disposición de la ley, deben ser notificados personalmente a la parte.

 El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.

También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquellos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.

 La representación de los apoderados cesa:

1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el poderdante debe comparecer por sí o designar nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, bajo apercibimiento de continuar el juicio sin su intervención. La sola presentación del mandante no revoca el poder.

2) Por renuncia, en cuyo caso el apoderado debe, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el juez fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí.

La fijación del plazo se debe hacer bajo apercibimiento de continuar el juicio sin su intervención. La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del mandante.

3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante.

4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.

5) Por muerte o incapacidad del poderdante. En tales casos el apoderado debe continuar ejerciendo su personería hasta que los herederos o su representante tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado en este mismo inciso. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el juez debe señalar un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, y citarlos directamente si se conocen sus domicilios, o por edictos durante dos (2) días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio sin su intervención en el primer caso y de nombrarles Defensor Oficial en el segundo.

Cuando el deceso o la incapacidad llega a conocimiento del mandatario, éste debe comunicarlo al juez en el plazo de diez (10) días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devenguen con posterioridad. En la misma sanción incurre el mandatario que omite denunciar el nombre y domicilio de los herederos, o del representante legal si los conociere.

6) Por muerte o inhabilidad del apoderado. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio, se interrumpen desde entonces los plazos en curso, y el juez debe fijar al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, y citarlo en la forma dispuesta en el inciso anterior. Vencido el plazo fijado sin que el mandante satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio sin su intervención.

 Cuando actúan en el proceso diversos litigantes con un interés común, el juez de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, los debe intimar a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, debe fijar una audiencia dentro de los diez (10) días y si los interesados no concurren o no se avienen en el nombramiento de representante único, el juez debe designar a uno por sorteo entre los que intervienen en el proceso.

Producida la unificación, el representante único tiene, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.

El representante común debe actuar conforme a las instrucciones de sus representados si hubiere acuerdo, y de lo contrario, teniendo en cuenta los intereses comunes y la más pronta y favorable solución del litigio.

 Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el juez a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique. La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario.

La unificación se debe dejar sin efecto cuando desaparezcan los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior.

 La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo haya solicitado.

El juez puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encuentre mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

 En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior.

No se pueden iniciar nuevos incidentes por quien hubiere sido condenado al pago de las costas en otro anterior mientras no se satisfaga su importe si estuvieren firmes la imposición de costas y los honorarios, o los afiance suficientemente, en caso contrario.

Si el estado del proceso no permite la regulación de honorarios, se deben determinar provisionalmente a este efecto, aplicando el mínimo del arancel, quedando a salvo el derecho del vencedor de practicar la liquidación provisoria a los fines regulatorios.

Este requisito no es exigible hasta la finalización de la audiencia, en relación a los incidentes promovidos durante su curso.

Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se debe conceder en efecto diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.

 No se debe imponer costas al vencido:

1) Cuando haya reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación.

2) Cuando se allane dentro del quinto (5º) día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados.

3) Cuando el actor o reconviniente se allane a la excepción de prescripción salvo en lo referido al Tributo Judicial que será a cargo del allanado.

Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.

 En los procesos judiciales que se susciten entre el Estado Provincial y las Municipalidades, entre éstas entre sí o con empresas o entes autárquicos provinciales o municipales, o entre éstos entre sí, las costas se deben soportar en el orden causado.

 Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, incluyendo el allanamiento parcial, las costas se deben compensar o se deben distribuir prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.

 El litigante que incurre en pluspetición inexcusable puede ser condenado en costas si la otra parte admitió el monto hasta el límite establecido en la sentencia.

Si no hubiese existido dicha admisión o si ambas partes incurren en pluspetición, rige lo dispuesto en el artículo precedente.

No se entiende que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo, cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o de rendición de cuentas o cuando las pretensiones de la parte no fuesen reducidas por la condena en más de un veinte por ciento (20%).

Transacción. Conciliación. Desistimiento. Perención. Si el juicio termina por transacción o conciliación, las costas deben ser impuestas en el orden causado respecto de quienes celebraron el avenimiento; en cuanto a las partes que no lo suscribieron, se deben aplicar las reglas generales.

Si el proceso se extingue por desistimiento, las costas deben ser a cargo de quien desiste, salvo cuando se deba exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se lleva a cabo sin demora injustificada.

Se exceptúa, en todos los casos, lo que puedan acordar las partes en contrario.

Declarada la perención de la primera instancia, las costas del juicio como las del incidente deben ser impuestas al vencido.

 El mandatario o patrocinante que por su exclusiva culpa o negligencia cause un daño a su mandante o su patrocinado en juicio, debe responder por ellos previo juicio de responsabilidad profesional que deben iniciar a tales fines, todo ello sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 al mandatario en el ejercicio del mandato o al patrocinante, en el proceso donde ha actuado originariamente causando el daño.

 Si el procedimiento se anula por causa imputable a una de las partes, las costas del incidente deben ser soportadas conforme lo dispuesto en el artículo 59 y las producidas por el procedimiento anulado son a cargo de la parte que causó la nulidad desde el acto o la omisión que dio origen a ella.

Los jueces pueden imponer multas a los funcionarios, empleados judiciales, peritos u otros auxiliares de la justicia, cuando la nulidad de la resolución u otras actuaciones judiciales sea ocasionada por un grave actuar negligente en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de los funcionarios, empleados judiciales, peritos u otros auxiliares de la justicia, el importe de las multas no puede exceder de tres (3) veces el salario mínimo, vital y móvil.

La imposición de multas a los funcionarios y empleados puede ser apelada, con efecto suspensivo. El recurso debe interponerse y fundarse en el plazo de cinco (5) días, formando incidente que debe tramitar por separado sin suspender el curso del proceso con el escrito de apelación, copia de la resolución y de las piezas que el recurrente designe, elevándose sin más trámite al superior. Si las multas hubieren sido impuestas en la apelación, debe resolver la Corte de Justicia.

 En los casos de litisconsorcio las costas se deben distribuir entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación corresponda la condena solidaria.

Cuando el interés que cada uno de ellos represente en el juicio ofreciere considerables diferencias, el juez puede distribuir las costas en proporción a ese interés.

 Si, de los antecedentes del proceso, resulta que el demandado no dio motivo a la promoción del juicio y se allana dentro del plazo para contestar la demanda, cumpliendo su obligación, las costas se deben imponer al actor.

 La condena en costas comprende todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y su preparación, y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito mediante el cumplimiento de la obligación.

Los correspondientes a pedidos desestimados, son a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal.

No son objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles. Si los gastos fuesen excesivos, a pedido de parte, el juez puede reducirlos prudencialmente.

 Los que carecen de recursos pueden solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo.

No obsta a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos. No se admite si existe un pacto entre el solicitante y el profesional o cualquier otro tercero por el que éstos participen en el resultado del pleito.

Los jueces deben tener especialmente en cuenta la situación patrimonial del peticionante en función de las exigencias económicas del proceso entablado o a entablarse para evaluar si la falta de medios invocados hace imposible o excesivamente gravosa la erogación requerida.

 La solicitud debe contener:

1) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores.

2) La indicación del proceso que se va a iniciar o en el que se deba intervenir, con una relación sucinta del mismo, detalle el objeto reclamado y, en su caso, el monto.

3) Indicar el nombre y el domicilio del litigante contrario o quien haya de serlo.

4) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener los recursos.

5) Manifestación sobre la existencia de pacto entre el solicitante del beneficio y el profesional actuante o tercero por el cual participe en el resultado del pleito, presentando copia del mismo.

6) Declaración jurada sobre los ingresos del peticionante y sus cargas de familia; presentando recibo de sueldo, jubilación o pensión si correspondiere.

7) Informes sobre la condición tributaria, laboral y previsional.

 El juez debe ordenar sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor brevedad, y fijar un plazo para ello. Debe citar al litigante contrario o a quien haya de serlo por cédula, y al Ministerio Público, quienes pueden fiscalizarla y ofrecer otras pruebas dentro de los cinco (5) días de la notificación.

Aunque las partes no lo soliciten el juez puede requerir a los organismos pertinentes informes sobre la titularidad de bienes registrables del peticionante.

Es obligación de las partes producir la prueba ordenada en autos.

 Producida la prueba se debe dar traslado por cinco (5) días comunes al peticionario, a la otra parte y al agente fiscal. El traslado se debe notificar electrónicamente conforme el artículo 123.

Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez debe resolver acordando el beneficio total o parcialmente, o denegándolo. En el primer caso la resolución puede ser apelada, con efecto suspensivo.

Si se comprueba la falsedad de los hechos alegados como fundamento de la petición del beneficio de litigar sin gastos, puede imponerse al peticionario y solidariamente a su apoderado o letrado patrocinante una multa que se debe fijar en el doble del importe de la tasa de justicia que correspondiera abonar, con un mínimo de tres (3) veces el salario mínimo, vital y móvil.

 La resolución que deniegue o acuerde el beneficio no causa estado.

Si lo deniega, el interesado puede ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución.

La que lo conceda, puede ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada, cuando se demuestre que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio.

La impugnación se debe sustanciar por el trámite de los incidentes.

La concesión del beneficio solicitado antes o al promover la demanda abarca todas las etapas del juicio.

Si se pide o reitera con posterioridad a la demanda, no obsta al cumplimiento de las obligaciones emergentes de la actividad procesal anterior por parte del peticionario.

 La representación y defensa del beneficiario debe ser asumida por el defensor oficial, salvo si aquel desea hacerse patrocinar o representar por abogado de la matrícula. En este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera puede hacerse por acta labrada ante el funcionario judicial que corresponda.

 A pedido del interesado, el beneficio puede hacerse extensivo para litigar contra otra persona en el mismo juicio, si corresponde, con citación de ésta.

Forma de la demanda: La demanda debe ser deducida por escrito y contener:

1) Nombre, DNI o CUIT y domicilios y correo electrónico personal del actor.

2) Nombre y domicilio del demandado.

3) La cosa demandada o el objeto del proceso, designado con toda exactitud.

4) Los hechos en que se funde, explicados claramente.

5) El derecho expuesto sucintamente.

6) La petición en términos claros, precisos y positivos.

La demanda debe precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le sea posible determinarlo al promoverla por las circunstancias del caso o porque la estimación depende de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda sea imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En estos supuestos, no procede la excepción de defecto legal.

La sentencia debe fijar el monto que resulte de las pruebas producidas.

7) La reposición del sellado judicial pertinente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de este Código.

8) La constancia de haberse cerrado la etapa de mediación previa si corresponde, conforme la implementación que la Corte de Justicia disponga en razón de la Ley 1990-P

Recaudos y plazos para la contestación: Las oficinas públicas y las entidades privadas deben contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de los diez (10) días hábiles, salvo que la providencia que lo haya ordenado fije otro plazo, en razón de la naturaleza del juicio o de otras circunstancias especiales. No pueden establecer recaudos que no estuvieran autorizados por ley.

Los oficios librados deben ser recibidos obligatoriamente a su presentación. El juez debe aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso injustificado en las contestaciones de informes en los términos del artículo 36 de este Código, las que no pueden superar el valor diario equivalente al diez por ciento (10%) del salario mínimo, vital y móvil vigente al momento de la imposición.

La apelación que se deduce contra la resolución que impone sanciones conminatorias tramita en expediente separado.

La sanción puede ser aplicada al jefe o director de la repartición u organismo, en cuyo caso se le debe notificar personalmente.

Cuando se trate de la inscripción de transferencias de dominio, los oficios que se libren a las oficinas recaudadoras de impuestos, tasas o contribuciones nacionales, provinciales o municipales, deben contener el apercibimiento de que, si no fueren contestados dentro del plazo de diez (10) días, el bien se debe inscribir como si estuviere libre de deuda.

Laudos de tribunales arbitrales extranjeros: Los laudos pronunciados por Tribunales arbitrales extranjeros pueden ser ejecutados por el procedimiento establecido en los artículos anteriores, siempre que:

1) Se cumplieren los recaudos del artículo 449, en lo pertinente y, en su caso, la prórroga de jurisdicción haya sido admisible en los términos del artículo 1 de este Código.

2) Las cuestiones que hayan constituido el objeto del compromiso no se encuentren excluidas del arbitraje conforme a lo establecido por el artículo 684.

Recursos: En el recurso de apelación establecido en los artículos 129 y 132 de la Ley Nº 688-M, y en todos los casos en que las leyes especiales establezcan que las resoluciones definitivas de organismos autárquicos, o entes o personas de derecho público son recurribles por vía de apelación, dichos recursos deben ser concedidos por el Organismo competente previo dictamen de su Asesoría Letrada, quien además debe notificar a las partes para que se funde y sustancie el recurso, aplicando, en lo pertinente, el trámite de los artículos 234 a 238 de este Código.