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Código Procesal Contencioso Administrativo La Pampa
Artículo 3.

Código Procesal Contencioso Administrativo Artículo 3 Provincia de La Pampa


La acción contencioso-administrativa no procederá, respecto:

a) De actos institucionales;

b) de actos y contratos regidos substancialmente por el derecho privado, por tratarse de actos o contratos de esta índole emitidos o celebrados por el Estado;

c) de actos o contratos emitidos o celebrados por personas o entidades privadas o públicas no estatales que interesen a otras personas o entidades privadas o públicas no estatales, aún cuando en las relaciones entre tales personas se hayan aplicado normas de derecho administrativo;

d) de vías de hecho;

e) de los juicios sobre expropiación;

f) de la ejecución y apremio contra los administrados, los que serán de competencia de los tribunales inferiores, conforme con lo dispuesto por la Ley orgánica de los tribunales;

g) del desalojo de bienes del dominio privado del Estado y de los particulares, cuando el título respectivo esté exclusivamente regido por el derecho privado;

h) de interdictos y acciones posesorias contra actos de la Administración Pública;

i) las cuestiones que por leyes o contratos deban someterse exclusivamente al arbitraje. Conocerá sin embargo el Superior Tribunal de Justicia respecto a las demandas por constitución del tribunal arbitral y en los recursos contra el laudo, siempre que la materia fuere de su competencia. Si en tales normas se estableciera opción entre el arbitraje o la acción judicial, el Superior Tribunal conocerá en la acción judicial en caso de elegirse esta vía por quien tenga derecho a hacerlo;

j) de las causas que se susciten con motivo de servicios públicos de uso facultativo y de índole comercial o industrial, sea por pretensión de solicitantes del servicio o de usuarios, o contra éstos por pretensión de quienes los suministren;

k) de acciones para impugnar actos que sean reproducción de otros anteriores consentidos por el interesado;

l) de acciones para impugnar un acto discrecional donde se cuestione la mera oportunidad o conveniencia con que fue dictado, salvo que al emitírselo se hubiere incurrido en arbitrariedad vulnerando los derechos o intereses legítimos del accionante. El acto discrecional podrá ser impugnado por falsedad o inexactitud de los hechos o circunstancias invocados para emitirlo; m) de los asuntos cuyo juzgamiento haya sido sometido por la legislación a otra vía procesal;

n) contra los actos de valuación de bienes a los efectos de la determinación de contribuciones, tributos, tasas y todo otro gravamen fiscal o retribución de servicios o de usos, salvo que sean impugnados como confiscatorios o, en general, como violatorios de garantías constitucionales;

Ñ) de los juicios que deban resolverse aplicando substancialmente normas de derecho privado o del trabajo;

o) de los pleitos en que se reclame la reparación de daños ocasionados por agentes, cosas o hechos de la Administración Pública, cuando no se produzcan por incumplimiento o en relación con una vinculación especial de derecho público, establecida entre la Administración y el reclamante, y aquellos producidos a la Administración por los particulares en los mismos casos; p) de los recursos de hábeas corpus y de los procedimientos administrativos relacionados con los mismos;

q) de faltas y contravenciones;

r) de los actos del Poder Judicial denominados de jurisdicción voluntaria;

rr) de los hechos administrativos. Respecto de éstos será necesaria la reclamación administrativa previa para así obtener la decisión impugnable.

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